Ayuntamiento de Elche / PEPE OLIVARESELCHE. Finalmente, como el resto de los ayuntamientos de todo el país, el Consistorio ilicitano tendrá que destinar los 9 millones de euros que le quedaban del remanente de tesorería a amortizar deuda con los bancos al no haber salido adelante el decreto que pretendía aprobar el Gobierno tras el acuerdo con la Femp. No obstante, el nuevo decreto, que permitirá saltarse la regla de gasto, tiene una incidencia directa sobre Elche: el equipo de gobierno no tendrá que presentar un plan de ajuste a través del Plan Económico Financiero (PEF) por no cumplir la norma de gasto en 2019, y podrá prorrogar hasta 2021 Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), en este caso, tan solo quedarían varios proyectos por ejecutar, entre ellos un gran contrato de asfaltado.
Como ya se dio cuenta hace varias semanas, el bipartito tenía que presentar un PEF porque no había cumplido con la norma de gasto al ser excesivamente conservador con sus previsiones, ya que acabó ejecutando más presupuesto del esperado en 2019, por lo que tenía que presentar un plan de ajuste que en este caso suponía aminorar partidas para los nuevos centros sociales de las pedanías y plazas para policía local, que se acabarían ejecutando en 2021. En el pleno de julio tendrían que haber presentado este plan, pero no lo hicieron porque se daba por hecho que el Gobierno lograría aprobar su decreto para absorber los remanentes municipales a cambio de permitirles emplear parte del mismo en inversiones más amplias.
Finalmente, tras las idas y venidas con este asunto, y con el duro revés al Ejecutivo de Pedro Sánchez por no sacar adelante el decreto, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha informado de un nuevo decreto en el que la regla de gasto no se aplicará este año. Esto hará que de facto el gobierno local no tenga que aplicar esas medidas de ajuste que en un primer momento iba a aplicar en 2020. Lo presentará con las medidas previstas en el pleno de septiembre porque la edil de Hacienda Patricia Macià está obligada a hacerlo, aunque tanto si el Gobierno aprueba el nuevo decreto antes del pleno, como después, como tiene intención de hacer, las medidas del PEF no entrarán en vigor porque no serán necesarias. Eso sí, el bipartito está ahora pendiente de conocer qué límite de gasto le otorga el Estado para elaborar las cuentas del próximo año.
En lo que respecta a las IFS, se podrán prorrogar hasta 2021. Desde 2015-2016, el Gobierno las ha ido aprobando año a año para que los ayuntamientos saneados puedan destinar el remanente de tesorería a estas inversiones y no a amortizar deuda con los bancos, como establece la aún vigente ley del exministro Cristóbal Montoro. El decreto que planteaba Sánchez y que ha perdido pretendía sustituir que el total del remanente fuera a IFS por solo una parte del mismo pero para inversiones de otro tipo (sociales, movilidad, cultura), a cambio de que el Estado se quedara los remanentes para obtener liquidez y devolverlos en una década a los consistorios.
Así pues, con este contexto, al Ayuntamiento de Elche tan solo le servirá el nuevo decreto para no presentar ajustes presupuestarios con el PEF y para poder prorrogar IFS a 2021. De lo contrario, un gran contrato de asfaltado por valor de 5,5 millones de euros tendría que haberse ejecutado en lo que queda de año si no querían destinar lo no ejecutado a los bancos. De esta forma el bipartito tiene más margen para asfaltar durante todo 2021 y no poner patas arriba la ciudad en poco tiempo, máxime en un contexto en el que están siendo bastantes las obras en marcha.
Pero no es la única actuación de IFS que aún tiene que ejecutarse, está el caso de los nuevos carriles bus de Altabix y Raval, del que solo ha empezado el de Altabix, el grueso de los nuevos coches de la Policía Local, que como adelantó este medio, su concurso quedó desierto e incluso hay algunas que no han sido ni adjudicadas, como es el caso de los honorarios para la redacción del proyecto para la pasarela sobre las vías del tren en Altabix. Por tanto es un contexto lejano al que le hubiera gustado a los socialistas ilicitanos, de los pocos alcaldes que han mostrado su apoyo al decreto no aprobado (otros ayuntamientos de su color lo rechazaron), pero le salva la papeleta con las IFS al poder ejecutarlas en 2021. De lo contrario entraban a final de año en una gran contrarreloj para no dedicar el sobrante a amortizar deuda.
