El alcalde y la edil de Gestión Tributaria, Patricia MaciàELCHE. Cómo no, el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el Ministerio de Hacienda sigue dando que hablar en todo el país, y lo seguirá haciendo, ya que la propuesta plantea que los ayuntamientos presten su remanente al Estado, necesitado ahora de liquidez después de las líneas ICO y ayudas a los ERTE por la pandemia. Algo que ha generado rechazo en consistorios de todos los colores, y también en la oposición. En Elche, la intención del equipo de gobierno es adherirse ya que con la parte proporcional del reparto de 5.000 millones de euros a fondo perdido para los Ayuntamientos, el alcalde cree que al municipio le tocarán en torno a 3,5 millones de euros.
En primer lugar, hay que destacar que el remanente del Ayuntamiento de este año, después de la liquidación del presupuesto de 2019, era de 10,9 millones de euros. Sin embargo, de ese monto se destinaron 400.000 euros a Bienestar Social y se ha gastado un millón de euros proveniente de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) no gastado de 2018, por lo que lo que hay ahora de remanente es de alrededor de 9 millones de euros. Trazando una regla de tres, de los 5.000 millones que el Gobierno central otorgará a los ayuntamientos, una parte proporcional según su remanente, dándoles un ayuda "mínima" del 35% de su remanente. En el caso de Elche, podría estar en torno a 3,5 millones para 2020 y 2021, aunque no es una cifra oficial.
Aunque es una cifra holgadamente inferior que los 9 millones de euros que entregará el Ayuntamiento al Estado si finalmente se adhiere al pacto, la diferencia estriba en que estos 3,5 millones de euros se pueden utilizar como gasto corriente. Es decir, no tienen que estar sometidos a condiciones, como lo están ahora las IFS —que salen de los superavits del año y se tienen que 'amarrar' con pliegos antes del fin del ejercicio para poder destinarlos a inversiones el año siguiente, de lo contrario, van a amortizar deuda con bancos—, que son en general inversiones a largo plazo y para el 'interés general', y que no necesiten contratar personal para su duración: es decir, infraestructuras y otras actuaciones urbanísticas. Por eso el grueso de los 17 millones que había para ejecutar este 2020 han ido a asfaltado, rehabilitaciones o alumbrado público.
Al ser gasto corriente, no hay limitación a la inversión, puede ser 'a la carta', aunque las directrices establecen que la horquilla de inversión tiene que ser para "agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura". Algo más amplio que las IFS. Asimismo, el acuerdo con Hacienda también supone que este año y 2021 no habrá techo de gasto, por lo que no habrá que cumplir con ciertos márgenes fiscales para gastar dinero público. Es lo que ha permitido, según defiende el equipo de gobierno, retirar el Plan Económico Financiero por incumplir el techo de gasto en 2019, para poder presentarlo sin tomar medidas de recorte. Y otra cuestión es que las IFS de este año, que hay que gastarlas todas antes del 31 de diciembre para no destinar el sobrante a bancos, se pueden agotar en 2021, por lo que se podría ser más laxo a la hora de ejecutar por ejemplo los 5,5 millones en asfaltado que empezarán a materializarse tras el verano.
La parte contraria, obviamente, es que a cambio, el Gobierno se queda con los 9 millones de euros que el Ayuntamiento tiene y que podría destinar a IFS, y se lo devuelve en 10 años con intereses a partir de 2022. Aunque aún no está claro, dado que en los últimos días también se establecía en uno de los borradores que se podría destinar "en un plazo máximo de 15 años". Esto es lo que ha provocado que el Partido Popular denuncie que se trata de un "requisamiento" del ahorro municipal y haya forzado un pleno extraordinario que se celebrará en los próximos días para discutir la cuestión. Señalando además la contradicción de que días atrás el equipo de gobierno había acordado con la oposición una declaración institucional para pedir un techo de gasto más flexible y mayor libertad para la gestión del remanente.
Además, jugará con las grietas de sus socios, ya que Compromís se ha mostrado en contra de este acuerdo con Hacienda en la Diputación de Alicante, por lo que habrá que ver qué postura toman en el seno del gobierno municipal. De hecho, en la Femp se aprobó el acuerdo por el voto de calidad del socialista Abel Caballero, puesto que Unidas Podemos se abstuvo. Así que este es el embrollo financiero que hay encima de la mesa. Aunque parece que al menos desde el PSOE ya tienen clara la decisión.
Una vez se publique en el BOE el acuerdo, el Ayuntamiento se adherirá por decreto o resolución del alcalde hasta el 15 de septiembre, con un informe del Interventor y del Tesorero. Después en el pleno siguiente se daría cuenta. Y cuando se convalide en el Congreso, se haría efectivo en octubre.
