ALICANTE. Compromís da el paso y registra la moción con la que plantea la constitución de una comisión de investigación sobre los encargos, "facturas" y "contratos" concertados por el actual equipo de Gobierno, del PP, con las empresas vinculadas con uno de sus ya exasesores, además de responsable de la Secretaría de Infraestructuras de la ejecutiva local del partido en el momento en el que se produjo la elección de Toño Peral como presidente. Se trata de Jorge Crespo, que fue cesado de sus funciones en el ayuntamiento el 26 de julio (según se explicó entonces, presentó su dimisión y se aceptó), precisamente, después de que trascendiese que pudo haber incurrido en un supuesto de incompatibilidad por haber resultado preadjudicatario del contrato de mantenimiento de zonas verdes de las escuelas infantiles municpales (la oferta de su empresa, Avanza Serveis Integrals de la Terreta, fue la que obtuvo la mejor valoración técnica en ese concurso).
La moción, que debe superar el trámite de urgencia y que todavía no cuenta con los apoyos necesarios garantizados para que pueda ser aprobada (depende de Ciudadanos y de la edil no adscrita, Nerea Belmonte), se debatirá en el pleno ordinario de noviembre, el próximo jueves. Es decir, justo en la misma sesión en la que también se votarán las dos declaraciones institucionales presentadas por el PP (también sin mayoría garantizada) para reprobar a los ediles de Compromís, Natxo Bellido y María José Espuch, por los pagos directos a la fundación Escola Valenciana -en la que trabaja la pareja de Espuch y vicesecretario general de Compromís en Alicante, Ismael Vicedo- que acordaron desde sus respectivas concejalías durante la etapa en la que desempeñaron responsabilidades de gobierno.
Como viene informando este diario, el PP viene defendiendo que dichas declaraciones institucionales se presentan con la pretensión de que ambos concejales den explicaciones y precisen si consideran que sus decisiones se ajustaron a la exigencia legal y ética que Compromís pide a los demás grupos políticos. Como también se ha informado, Bellido ya ha respondido que, a su juicio, su comportamiento sí fue ético y que no contempla dimisiones.
La propuesta de Compromís, que se plantea después de que Alicante Plaza publicase que se habían concertado seis encargos directos por un total de 9.600 euros a una de las socias de Crespo en varias empresas, extiende el alcance de la fiscalización de esa pretendida comisión "a todos los contratos adjudicados con las empresas y profesionales relacionados con Ireco, Avanza Serveis Integrals de la Terreta, y los profesionales vinculados a esas empresas durante el tiempo en el que el señor Crespo ejerció sus funciones de asesor municipal".
Así, la iniciativa requiere "a los órganos municipales del Ayuntamiento de Alicante la documentación relativa a los contratos a los que se refiere esta comisión" con el fin de "dirimir la compatibilidad del señor Crespo a su función de asesor del PP, al mismo tiempo que empresas vinculadas a él estaban trabajando y facturando al Ayuntamiento de Alicante".
En esta línea, la coalición valencianista propone que la comisión desarrolle sus trabajos durante tres meses desde el momento de su constitución, que debería acordarse en un plazo de quince días desde su aprobación en el pleno. La moción detalla que, al término de sus trabajos, se emitirá un informe de conclusiones que se elevará al pleno. Y, por último, añade que sus sesiones deberán tener carácter público y que su composición será la habitual en otras comisiones similares, ajustada a la proporcionalidad de los grupos políticos en el pleno. Es decir, los mismos términos en los que se organizó la comisión de investigación sobre los 25 contratos bajo sospecha de la Concejalía de Comercio promovida por Ciudadanos. Una comisión sobre la que no se ha llegado a aprobar un informe de conclusiones pero que acabó precipitando que el PP duplicase en el juzgado la denuncia previa que había presentado en Fiscalía y que desembocó en el procesamiento del ya exalcalde, Gabriel Echávarri.
En su exposición de motivos, la moción de Compromís hace referencia a las circunstancias que llevaron al equipo de Gobierno a acordar la destitución de Crespo: "Al día siguiente de la sesión de investidura como alcalde, Don Luis Barcala contrató con dedicación completa a Don Jorge Crespo Carralón como asesor de Alcaldía. A consecuencia del expediente de contratación del servicio de mantenimiento, cuidado y conservación de las distintas especies existentes en las zonas ajardinadas de las escuelas del Patronato, se evidenció que la participación del asesor en la empresa, Avanza Serveis Integrals de la Terreta, que era la propuesta para la adjudicación de este contrato, era muy superior a la permitida por la Ley de Incompatibilidades".
La advertencia sobre la supuesta irregularidad de la clasificación de la oferta de dicha empresa llegó por parte del grupo municipal de Ciudadanos el 25 de julio. Y el equipo de Gobierno, tras realizar las comprobaciones pertinentes, acordó la destitución de su cargo de confianza sólo un día después. De dicha decisión se informó a través de un comunicado al que Compromís también alude en su moción, para señalar que "La señora De España, como portavoz del Gobierno Municipal expresó lo siguiente: La incompatibilidad en la que ha incurrido Jorge Crespo también afectaría a la sociedad Avanza Serveis Integrals de la Terreta, por lo que se ha solicitado de forma inmediata la revisión del procedimiento y la anulación en su caso de la concesión del contrato".
Sobre esa base, la moción de los nacionalistas apunta que "esta persona, más allá de la licitación del Patronato de Escuelas infantiles, seguía trabajando y facturando para el Ayuntamiento de Alicante a través de una empresa con la que tiene una vinculación directa durante el periodo en el que fue asesor del PP, además de la adjudicación de diversos contratos a una de sus socias en las empresas donde participa el señor Crespo, durante el mes de julio de 2018. Por ese motivo creemos necesario que se cree una comisión de investigación sobre estos contratos".
Como también ha contado este diario, los encargos concedidos a la socia de Crespo se producen a título particular, como profesional autónoma, sin facturar a través de ninguna empresa, entre julio y septiembre de este año. Además de esos seis contratos, entre mayo y julio también se produjeron dos pagos a otra de las empresas en las que Crespo ejerce como administrador único, el grupo Ireco, por el proyecto de salud y seguridad de las obras del Parque de Bomberos Ildefonso Prats. Al menos uno de esos encargos se realizaron durante la etapa en la que el socialista Fernando Marcos ejercía como responsable de Seguridad.
Como también ha publicado este diario, el PP justificó esos pagos en la necesidad de dar continuidad a un encargo que procedía de una etapa anterior por un trabajo que estaba hecho y que el Ayuntamiento estaba obligado a abonar para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto. Lo cierto es que, en el momento en el que trascendió la polémica sobre las Escuelas Infantiles, el comunicado remitido por el equipo de Gobierno para informar sobre su cese no mencionaba ningún otro acuerdo contractual mantenido con su cargo de confianza.