ELCHE. Este martes se debaten en Les Corts las enmiendas al presupuesto autonómico para 2025. Serán ingentes las cuestiones a abordar por las iniciativas presentadas. Entre PSPV y Compromís, la oposición en el hemiciclo, son más de 4.000 propuestas. De entre todas ellas, habrá un apartado para la situación de San Antón, que ha quedado a nivel municipal en un segundo plano tras un rápido realojo del Ayuntamiento a los vecinos del bloque 8, con la consiguiente línea de ayudas aprobada y una retirada ordenada de determinados enseres. No obstante, de los 2,25 millones de euros que anunció el propio presidente Carlos Mazón, lo que se ha presupuestado son 500.000 euros. Y el diablo está en los detalles. Sin una incorporación de toda la partida, Pimesa, promotora en el barrio, no puede licitar la construcción del nuevo inmueble.
En este sentido, tras la visita del director general de Vivienda al vecindario, Sebastián Fernández, en la que apuntaba a que el Gobierno ya no financiaba este tipo de actuaciones, de forma inesperada, cuatro día después, el propio Mazón anunciaba que se iban a destinar 2,25 millones de euros para la construcción del quinto inmueble, cuyo proyecto ya está redactado y tendría 45 viviendas. Entre medias, el propio Gobierno confirmaba que sí se financian con el actual Plan Estatal de Vivienda iniciativas de renovación como la que se ha estado llevando a cabo.
Ahora bien, los socialistas ya advirtieron que lo que se había hecho es presupuestar medio millón de euros, por lo que presentan una enmienda para que se meta todo el monto en el presupuesto actual. Una cuestión que no es baladí, porque aunque por los trámites de licitación e inicio de obras no diera tiempo durante 2025 a superar unas obras equivalentes a los 500.000 euros que se han presupuestado, el detalle es que sin la partida, Pimesa no podría licitar el edificio, señalan.
Críticas a la gestión del Consell
Para la diputada y exconsellera María José Salvador, que visitaba junto a compañeros del PSPV y el grupo municipal el barrio para reunirse con vecinos, cree que "es un tema de voluntad política, ya se podría haber licitado. Con esta enmienda que no tenían prevista, pretenden lanzar una patada hacia adelante y ya veremos qué ocurre el año que viene". Y señala que con 500.000 euros "no se da seguridad a esta obra". Desde el PSPV no entienden por qué la autoenmienda del propio Consell sobre este proyecto es plurianual y no directa para poder dar una mayor celeridad a un inmueble cuyo diseño está entregado desde hace años.
“Desde que ha llegado el PP se ha producido nuevamente una paralización de las inversiones en este barrio”, como cuando “estábamos en la oposición en 2015”. Y ha explicado que la competencia en materia de vivienda la tiene “en exclusiva” el Gobierno valenciano y que el Ministerio de Vivienda complementa la financiación autonómica.
Una vez más, desde el Ejecutivo local han salido al paso de las declaraciones del PSPV. El edil de Relaciones Institucionales Juan de Dios Navarro asegura que el PSOE tiene "una doble vara de medir cuando se están negociando estos presupuestos y ya hay 500.000 euros", apuntando a que el grupo local "no exige nada a Pedro Sánchez. Les pedimos que exijan tanto a la Generalitat como al Gobierno central, mirando por los ilicitanos y no por los colores políticos".
Sobre las demoliciones pendientes
Al tiempo, y sobre otras actuaciones paralelas, en Urbanismo aún no se ha avanzado cómo va el decreto de ruina urgente necesario para poder demoler el bloque 8. Lo que sí está en trámite avanzado es el proceso de adjudicación para el derribo de los bloques del 11 al 14. Se han abierto las ofertas técnicas y se han pedido subsanaciones, y queda por abrir la última plica de cara a la clasificación final.
Asimismo, en el último Consejo de Administración de Pimesa, celebrado el pasado martes, se aprobó iniciar el pliego de condiciones para la comercialización y condiciones de las casas nuevas del barrio que estaban vacías y que se han utilizado para realojar a los vecinos desalojados que eran propietarios. Tras la firma de un precontrato para dar cobertura jurídica y que pudiesen entrar, ahora se debe iniciar el proceso habitual para que adquieran la vivienda y estudiar cada situación.
