ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante opta por agotar todas las posibilidades y presentará recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para tratar de frenar la instalación de la planta de almacenaje de combustibles con seis primeros depósitos proyectada por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya reconocido el derecho de la compañía a la obtención de licencia por silencio administrativo positivo.
El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha cerrado ya el proceso de análisis de las opciones que podría tener ese recurso, en coordinación con los letrados de la Asesoría Jurídica municipal, y ha optado por jugar la carta de la casación en base a los argumentos que ya se contemplaron en el escrito de solicitud de aclaración de sentencia que se presentó ante el TSJ.
En ese trámite -que no consiguió el propósito perseguido, puesto que el TSJ denegó la aclaración solicitada- el ayuntamiento ya esgrimió que no podía aplicarse el principio del silencio administrativo (la demora de la administración en pronunciarse sobre la petición de licencia) para conceder permiso a un proyecto que permanecía incompleto, en la medida en que su promotora no había aportado toda la documentación necesaria para que pudiera ser evaluado.
El recurso de casación, que -según fuentes municipales- se registrará este miércoles, 3 de julio, abundará en ese extremo para incidir en que existen diversas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC) en las que se confirma esa posición en supuestos similares al del proyecto de XC Business. Así, el ayuntamiento tratará de hacer valer que la compañía no completó la última información que se le había requerido en 2021 -cuando se le denegó el permiso por el trámite del silencio administrativo- hasta finales de 2023.
De hecho, en el escrito de solicitud de aclaración de sentencia dirigido al TSJ, el ayuntamiento llegaba a señalar que ni tan solo entonces podía considerarse que el proyecto estuviese completo, puesto que XC Business todavía no habría presentado "la autorización de emisiones a la atmósfera a conceder por la conselleria competente". Al respecto, los servicios jurídicos municipales apuntaban que, en realidad, la empresa solo había aportado copia de la solicitud de esa autorización, lo que no permite presuponer su disposición.
Pero no solo eso. En ese mismo escrito de solicitud de aclaración de sentencia, los servicios jurídicos municipales también dejaban entrever una segunda circunstancia que impedía resolver sobre la petición de permiso planteada por XC Business hasta ahora: las dudas que persistían sobre si el proyecto debía someterse o no al trámite de evaluación ambiental. De hecho, el ayuntamiento emplazó al TSJ a pronunciarse al respecto, aunque el alto tribunal autonómico no llegó a valorar de forma expresa ninguna de las apreciaciones que se le formularon.
En todo caso, lo cierto es que existen dos informes emitidos entre 2020 y 2021 -uno elaborado por la Abogacía de la Generalitat y otro por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental- en los que se eximía al proyecto de someterse a esa análisis específico, aunque -según sostienen fuentes municipales- esos dictámenes no se trasladaron al ayuntamiento hasta finales de 2023.
Sea como fuere, la interposición del recurso de casación permite que el equipo de gobierno gane tiempo y pueda paralizar la concesión efectiva de la licencia para la instalación de los depósitos hasta que el Supremo resuelva, según precisaron fuentes consultadas. Eso sí, esa situación podría variar en el supuesto de que XC Business solicite la ejecución provisional de la sentencia del TSJ a su favor y que esa petición se le conceda.
Por lo pronto, la empresa ya ha anticipado su intención de instar esa ejecución provisional, al margen de haber instado a la Concejalía de Urbanismo a retomar el expediente de concesión de licencia -que había quedado suspendido de forma expresa hasta que se conociese la sentencia del TSJ- para que se pueda completar el trámite de otorgamiento del permiso bajo advertencia del inicio de acciones legales por prevaricación, como informó este diario.
Hasta ahora, no ha trascendido que el expediente se haya reanudado, de modo que XC Business continúa sin disponer de permiso para poder desarrollar su proyecto, cerca de diez años después de que registrase su propuesta en el Ayuntamiento. En principio, se habría solicitado un informe jurídico sobre la pertinencia de la reanudación de ese expediente, según precisaron fuentes consultadas.
Sea como fuere, en función del planteamiento anticipado por el mismo alcalde, Luis Barcala, nada parece augurar que vaya a desbloquearse la instalación de los tanques de almacenaje de combustible salvo que exista un pronunciamiento judicial definitivo que así lo indique, según indicó el primer edil en una entrevista concedida a este diario con motivo del cumplimiento del primer año del mandato 2023-2027.