Dos informes del Consell 'ocultos' desde 2021 libran a los depósitos del Puerto de estudio ambiental

ALICANTE. Dos informes emitidos por la Generalitat, fechados entre 2020 y 2021, que no se han trascendido públicamente hasta ahora, eximen de la necesidad de tener que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental al proyecto de instalación de una planta de almacenaje de combustible promovido por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante. 

Esos dos informes, elaborados bajo el mandato del Consell del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem EU) concluyen que la tramitación administrativa del proyecto se inició en febrero de 2013 mediante el registro de la solicitud de licencia ante la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y, en consecuencia, no queda sujeto a la emisión de un estudio de impacto que sí resulta obligatoria desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que adquirió eficacia en diciembre de 2014. Es decir, un año y diez meses después de que la compañía solicitase el permiso, como subraya el primero de los dos dictámenes, evacuado por el servicio de evaluación ambiental de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental en 2020.

De ahí que ese primer informe -fechado en el momento en el que Mireia Mollá ejercía como máxima responsable política de la Conselleria de Transición Ecológica- resuelva expresamente que "el proyecto de instalación de almacenamiento de combustibles en el muelle 19 del puerto de Alicante, promovida por XC Business 90 SL, en los términos considerados, no constituiría un supuesto de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la normativa vigente en el momento de solicitarse la licencia ambiental ante el Ayuntamiento competente sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho".

Pero eso no es todo. Ese primer informe se elevó, después, a la consideración de la Abogacía de la Generalitat, que evacuó un segundo dictamen, fechado el 3 de mayo de 2021, en el que se ratificaba esa misma conclusión justo a partir de las mismas apreciaciones: que la propuesta empresarial no debía superar el trámite de evaluación de impacto al ser precedente a la legislación que introducía ese requisito para ese tipo de proyectos. 

En esta línea, ese segundo informe de contenido jurídico -que se presenta como no vinculante-, señala que "en el caso que nos ocupa, de los datos de hecho que se deducen de la documentación remitida, y particularmente del propio Dictamen jurídico emitido por el Servicio Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Alicante, cabe considerar que el expediente de licencia ambiental fue iniciado mediante solicitud inicial presentada el 08/02/2013". Así, se ratifica que su presentación es previa a la entrada en vigor de la Ley 21/2013, a pesar de que el proyecto se vio expuesto a distintos requerimientos de subsanación de documentación con posterioridad a la fecha de registro de la petición de licencia.

En este sentido, la Abogacía de la Generalitat apunta que "es cierto, al parecer, que fueron necesarios diversos requerimientos de subsanación al interesado a fin de que fuera completándose el expediente, pero sin que nos conste que en ningún momento se haya dictado resolución teniéndole por desistido del expediente administrativo, ni resolución de inadmisión de la solicitud de licencia presentada".

De este modo, pese a que el dictamen avala la tesis defendida por el Ayuntamiento de Alicante contraria a la concesión de la licencia solicitada por un supuesto de silencio administrativo positivo, en base a una omisión de respuesta -una decisión que quedó respaldada, después, por un juzgado de lo Contencioso en una sentencia pendiente de resolución del recurso de apelación presentado por XC Business ante el TSJCV- también señala que "de acuerdo con dicha normativa de evaluación ambiental" vigente en el momento de registro de la petición de licencia, "debe entenderse que no requiere DIA, estando de acuerdo con la opinión técnica del órgano ambiental competente en este caso, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental" de la conselleria coordinada entonces por Compromís.

Licencia pendiente

Lo cierto es que los dos informes, de conclusiones desconocidas hasta ahora, no generaron ninguna consecuencia en forma de desbloqueo de la tramitación del proyecto de XC Business, que sigue a la espera de resolución de la licencia solicitada más de una década después. Entre otros motivos, porque, a finales de 2021, el Consell promovió una modificación normativa en la Ley de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), que introdujo el requisito de distancia mínima respecto a núcleo residencial para los proyectos de almacenaje de combustible como el promovido por XC Business. No obstante, el Tribunal Constitucional estimó el recurso presentado por la Presidencia del Gobierno y anuló esa disposición el pasado mayo al considerar que invadía competencias estatales, en la medida en que se fijaban condiciones sobre actividades que pudiesen plantearse en suelos portuarios. Así, en principio, esos dos dictámenes conocidos ahora despejarían parte del camino para que el Ayuntamiento de Alicante adoptase una resolución definitiva sobre la viabilidad del proyecto, toda vez que, en base a las conclusiones de esos informes, la Generalitat no tendría capacidad de maniobra para decidir respecto a sus condicionantes ambientales, al no depender de evaluación ambiental.

En cualquier caso, la posición que mantiene el actual departamento de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio que dirige Salomé Pradas respecto al proyecto es la de actuar de manera coordinada con el Ayuntamiento de Alicante a la hora de concretar una respuesta institucional. Máxime, después de que XC Business haya planteado el desarrollo de una tercera fase que comprendería la instalación de un total de 20 depósitos, en lugar de los 6 contemplados en la primera, o de los 12 adicionales previstos con la ejecución de la segunda, como informó este diario.