La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la jornada sobre movilidad sostenible y cambio climático' organizada por Vectalia y Aguas de Alicante. ALICANTE. La respuesta de las dos administraciones más próximas al ciudadano -la Generalitat y el Ayuntamiento- frente al proyecto registrado por XC Business 90 para desarrollar una planta de almacenaje de carburantes en el Puerto de Alicante será coordinada y conjugará "el interés medioambiental con el desarrollo económico y social". Esa es la posición anticipada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio que dirige Salomé Pradas respecto a los intentos de la compañía promotora de reimpulsar su instalación, una vez decaída la limitación de distancia respecto a zona habitada que trató de instaurar el Consell del Botànic a finales de 2021.
De hecho, XC Business 90 ya ha retomado contactos con Terminales Marítimas del Sureste (TMS) como empresa concesionaria de la terminal de mercancías con el propósito de recuperar el desarrollo de la segunda fase de su proyecto y de incorporar una tercera que completaría un total de 20 depósitos de distintas dimensiones y capacidades en la explanada del muelle 19.
La implantación de esos tanques sigue sujeta a la concesión de licencia de obra y de actividad por parte del Ayuntamiento de Alicante desde 2013: seis años antes de que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobase la modificación de la concesión de la que dispone TMS sobre la terminal de mercancías que resultaba necesaria para que los depósitos tuviesen encaje. La compañía promotora continúa aguardando permiso una década después de que iniciase los trámites de su solicitud, sin que el Ayuntamiento de Alicante haya completado la resolución del expediente, a la espera de que pudiesen completarse los informes técnicos requeridos a la Generalitat, a través de la antigua Conselleria de Transición Ecológica, a partir de la entente alcanzada entre las dos administraciones para revisar hasta el último resquicio legal respecto a la concesión de esa autorización.
Después de que la Concejalía de Urbanismo emplazase a XC Business a subsanar distinta documentación, el análisis del Consell se prolongó al menos hasta enero de 2021, cuando requirió al Ayuntamiento para que le facilitase el expediente del proyecto al completo con el fin de someter el proyecto al trámite de evaluación ambiental. Desde entonces, no ha trascendido que se haya emitido ninguna resolución definitiva por parte de la administración autonómica respecto a su viabilidad. Es más, dos meses después de que se registrase esa petición, se evidenció que el estallido de desencuentros entre las dos administraciones mantenía bloqueado ese análisis técnico.
Desde ese momento, el siguiente movimiento por parte del Consell llegó en diciembre de ese mismo año 2021, en forma de modificación de la Lotup con el fin de introducir una distancia mínima de 1.000 metros respecto a zona residencial para autorizar el desarrollo de plantas de almacenaje de combustible. Pero el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno frente a ese cambio normativo dejó esa tentativa sin efecto en mayo de este año.
Ahora, debería ser el nuevo departamento de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio -que asume las competencias de Transición Ecológica, así como las relacionadas con proyectos urbanísticos que ostentaba la Conselleria de Política Territorial- quien se pronuncie con la emisión de los informes solicitados por el ayuntamiento y complete la evaluación ambiental que se consideró necesaria en 2019.
Por lo pronto, portavoces del departamento autonómico consultados por este diario indicaron que la resolución sobre el proyecto de XC Business se adoptará de forma coordinada con el Ayuntamiento. Y lo cierto es que, el alcalde, Luis Barcala, ya ha manifestado que el nuevo planteamiento de la empresa, con el impulso de una tercera fase, continuaría sin tener encaje en el nuevo modelo de desarrollo económico que ya se ha comenzado a poner en marcha en el recinto portuario.
No obstante, no fue taxativo al respecto y no llegó a pronunciarse sobre la concesión de licencia aún pendiente -después de que se denegase su aprobación por silencio administrativo- y optó por emplazar a la reapertura de contactos con la Autoridad Portuaria "en esta nueva etapa" de cambios en el signo político del Consell -que es quien tiene potestad para proponer el nombramiento del nuevo presidente del Puerto- para dirimir el futuro del proyecto. Por lo pronto, el pleno del Consell aprobó este martes el nombramiento de Mar Chao como nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de València, sobre la que se destacó su perfil técnico. Y también se ha designado a Rubén Ibáñez como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. No obstante, todavía no se habría comunicado la identidad del nuevo titular de la Autoridad Portuaria de Alicante, de modo que Julián López seguiría ejerciendo como presidente. En todo caso, el gabinete de López ha optado por no pronunciarse respecto al futuro del proyecto, por lo que parte de las decisiones sobre la propuesta de XC Business 90 (como la del impulso de la tercera fase de la planta de almacenaje) quedarán en manos de su sucesor.
