Un momento de la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Puerto frente al proyecto de los depósitos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El desencuentro burocrático registrado en las comunicaciones entre la Conselleria de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Alicante ha propiciado ya un retraso de dos años en el informe de evaluación ambiental del proyecto para la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto. Esa es la conclusión que se puso de manifiesto este miércoles durante la segunda sesión de trabajo de la comisión para el estudio de las relaciones de integración Puerto-ciudad (convocada a instancias de la petición del PSOE), en referencia al cruce de requerimientos girados entre ambas administraciones.
En concreto, los propios técnicos del departamento de Urbanismo detallaron ante la comisión que se había remitido hasta en tres ocasiones distintas el expediente con la documentación presentada por la empresa promotora de los depósitos (XC Business 90). El primero de esos envíos al departamento autonómico se produjo en septiembre de 2019, cuando se produjo la denegación de la licencia por silencio administrativo positivo y se requirió a la Generalitat la emisión de informes sobre la viabilidad del proyecto, como informó Alicante Plaza.
El segundo envío se materializó en agosto de 2020, en respuesta a un requerimiento de Transición Ecológica, en el que se exponía que no se disponía de la información completa sobre la propuesta de XC Business. La documentación se remitió seis meses después de que un informe jurídico municipal concluyese que para la concesión de licencia de obra y actividad se requería el trámite de evaluación ambiental. Para entonces, XC Business ya había acudido al juzgado para presentar un contencioso frente a la denegación de su licencia, en un proceso que sigue pendiente de sentencia.
Y el tercero de esos envíos se produjo ya en enero de este año, en respuesta a un nuevo requerimiento de Transición Ecológica en el que se volvía a poner de manifiesto que carecía de la documentación necesaria para poder evaluar el estudio de impacto elaborado por la promotora. Fuentes del departamento autonómico consultadas indicaron que esos documentos adicionales sí se habrían facilitado en ese último momento, por lo que es ahora cuando se está revisando toda la información para poder emitir una resolución o, en su caso, solicitar correcciones a la empresa promotora. Por ahora, no existe ninguna concreción sobre la fecha en la que podría concluirse esa evaluación, por lo que podría darse la circunstancia de que hubiese un pronunciamiento judicial con antelación.
En la comisión también se compartió información sobre el estado de tramitación del permiso para el funcionamiento de la planta de betún asfáltico gestionada por Ditecpesa (una filial de Ferrovial) en el muelle 17 del puerto. Así, en respuesta al requerimiento formulado hace más de un año, en la primera sesión de trabajo de la comisión, los técnicos municipales concretaron que todavía no se había producido la legalización de su actividad en la medida en que tampoco había superado el trámite de evaluación ambiental que resultaba preceptivo. Eso sí, se añadió que se había retomado conversaciones con la compañía para que entregase documentación adicional con la que reconducir el expediente.
Al margen de ello, en la sesión de trabajo se volvió a poner de manifiesto la inasistencia de los representantes de la Autoridad Portuaria tras la reiteración de la invitación formulada por el ayuntamiento. Se trata de una situación que ya se produjo durante el pasado mandato (en el que también se dio lugar a una comisión específica sobre las relaciones Puerto-ciudad). En este sentido, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), concretó que los responsables de la Autoridad Portuaria sí habían manifestado su voluntad de facilitar explicaciones concretas cuando se planteasen dudas específicas.
Ese planteamiento llevó a los representantes de Compromís, Natxo Bellido, y de Unides Podem, Xavier López, a plantear que el funcionamiento de la comisión "quedaba cojo" por lo que propusieron que, cuando menos, fuesen los representantes municipales en el consejo de administración del Puerto (el alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez) quienes facilitasen informes sobre los asuntos tratados en las reuniones del consejo antes y después de su desarrollo. De esto modo, según argumentaron, se podría fijar la posición municipal a defender en el consejo antes de que se adoptasen determinadas decisiones y conocer los términos de los acuerdos adoptados. Además, López también requirió que se solicitase a la Autoridad Portuaria información sobre el cronograma previsto para la ejecución de la terminal de graneles en nave cerrada y que se instase a cumplir esos plazos de construcción, de modo que pudiese entrar en funcionamiento en enero de 2022.
El debate sobre la propuesta se cerró con un acuerdo de mínimos para que se solicitase a la Autoridad Portuaria que remitiese informes sobre las decisiones acordadas en su consejo de administración que afectasen a la integración con la ciudad. Todo, con las advertencias formuladas por el secretario de la comisión, sobre el carácter secreto de las deliberaciones del consejo portuario.
