La manifestación convocada por la Plataforma por un Puerto Sostenible frente al proyecto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La controversia por la instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante se adentra en una nueva fase: la de la judicialización. La promotora del proyecto, XC Business 90, ha decidido iniciar acciones legales frente al Ayuntamiento por el rechazo a su petición de licencia ambiental y de obra mayor por silencio administrativo positivo.
La compañía trata de forzar, así, que sea un juez quien le reconozca el derecho a la obtención de ese permiso, mediante la interposición de un contencioso-administrativo contra la resolución desestimatoria de la licencia dictada por la Concejalía de Urbanismo, el pasado septiembre. En principio, los argumentos esgrimidos en ese recurso son básicamente los que la propia empresa arguyó en el momento en el que presentó la petición de licencia: que esa solicitud se presentó en 2013, por lo que debía entenderse como concedida al haberse excedido el plazo establecido para obtener una resolución. Sin embargo, desde entonces, se mantuvo abierto el expediente con la petición de información adicional sin que se emitiese una respuesta definitiva ni a favor ni en contra de la petición de ambas licencias.
En parte, esa fue la vía por la que volvió a optar la Concejalía de Urbanismo al denegar la concesión de licencia por silencio administrativo, solicitada por XC Business 90 el pasado mes de julio. Como informó Alicante Plaza, los técnicos de ese departamento y los responsables de la asesoría jurídica municipal concluyeron que, en función de lo previsto en la ordenanza municipal de licencias, no correspondía aplicar el silencio administrativo positivo alegado por la compañía, puesto que había solicitado un doble permiso: una licencia ambiental asociada a otra de obra mayor.
Así, en esa desestimación, instaba a XC Business a presentar documentación adicional, entre la que figuraría, por ejemplo, un estudio de integración ambiental, también reclamado por la propia Autoridad Portuaria, en el trámite de modificación de la concesión por la que se dio encaje a la construcción de los depósitos, en la terminal gestionada por Terminales Marítimas del Sureste (TMS).
Además, la Concejalía de Urbanismo también alegaba que la demora en la respuesta sobre la licencia que XC Business atribuía al ayuntamiento no puede imputarse a la propia administración, puesto que la empresa no había aportado parte de los requisitos necesarios que se le habían exigido para poder tramitar su petición hasta diciembre de 2017. Urbanismo aludía, en concreto, al certificado de la autorización concedida por la Autoridad Portuaria para la ocupación de superficie en la terminal de mercancías.
En la resolución desestimatoria de esa licencia exprés, Urbanismo conminaba a la Generalitat (a través de las consellerias de Transición Ecológica y de Justicia) a emitir informes sobre la viabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental y de prevención de emergencias. Y, al mismo tiempo, solicitaba que otras concejalías, como la de Movilidad, emitiesen sus propios informes sobre la incidencia que supondría el tránsito de camiones para distribuir el combustible almacenado.
Hasta el momento, no ha trascendido que se haya emitido ninguno de esos informes, aunque sí se han celebrado reuniones bilaterales entre Ayuntamiento y Generalitat para constituir una comisión mixta que permita analizar la viabilidad de la propuesta de XC Business.
En esa comisión, se puso de manifiesto que la voluntad de las dos administraciones era cotejar toda la información disponible con el fin de buscar resquicios frente al desarrollo del proyecto.
