Una de las protestas organizadas por la Plataforma por un Puerto Sostenible frente al desarrollo del proyecto de los depósitos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La empresa que promueve la instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto, XC Business 90, presiona con el objetivo de lograr el desbloqueo de su proyecto mediante el registro de un escrito dirigido a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante en el que conmina a retomar el expediente sobre su solicitud de licencia para que pueda formalizarse su concesión.
La petición se sustenta en dos resoluciones distintas: una judicial y otra administrativa. Por un lado, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la que se estima su recurso de apelación frente al pronunciamiento en primera instancia, y se reconoce el derecho de la empresa a la concesión de licencia ambiental solicitada por silencio administrativo positivo. Y por otro, el decreto dictado por la misma edil de Urbanismo, Rocío Gómez, el pasado mes de enero, en el que se acordaba la suspensión de plazos en la tramitación ordinaria de la solicitud de permiso hasta que se conociese la decisión del TSJ respecto al recurso de XC Business. De ahí que la compañía se acoja ahora a ambas disposiciones -que resultan favorables a sus intereses- para reclamar la reanudación de ese expediente con el propósito de lograr el permiso que permita abordar la ejecución de su proyecto, cuando ya han transcurrido más de diez años desde que se produjo su solicitud.
El escrito en el que se apremia a reanudar el expediente, registrado este viernes, se suma al presentado con igual finalidad el pasado 25 de abril. Es decir, un día después de que trascendiese el fallo del alto tribunal autonómico. De acuerdo con el segundo requerimiento, la primera petición no habría propiciado ninguna respuesta, ni ha motivado que se adopte decisión alguna. De ahí que ahora, al reiterarla, la empresa llegue a apuntar a modo de advertencia la posibilidad de que pueda incurrirse en responsabilidades personales por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
"Expuestos los derechos reconocidos a este solicitante e interesado, constando acreditado el sistemático y reiterado incumplimiento del ordenamiento jurídico por la concejala delegada de Urbanismo, venimos a exigir a los responsables directos del Ayuntamiento de Alicante la adopción de las medidas disciplinarias de depuración de responsabilidades, incluyendo las civiles, por el retraso arbitrario en el alzamiento de la suspensión, frente al patrimonio personal de la concejala delegada de urbanismo, y/o penales -en su caso, susceptibles de denuncia/querella por prevaricación, también omisiva, de la citada concejala", apunta el escrito, al que tuvo acceso este diario.
Por lo pronto, lo cierto es que XC Business ya ha advertido a lo largo del proceso de tramitación del permiso sobre la posibilidad de reclamar indemnizaciones como compensación por el perjuicio ocasionado que podrían oscilar entre los cinco y los veinte millones, según los cálculos internos elaborados hasta ahora, ante el retraso en la concesión del permiso solicitado. Una cantidad que se incrementaría ahora por cada día de retraso en la resolución del expediente de solicitud de licencia, una vez reconocida su concesión por silencio administrativo positivo, según fuentes consultadas.
Está por ver la respuesta que pueda facilitarse a las peticiones formuladas por XC Business, en la medida en que, hasta el momento, no ha trascendido que se haya acordado la reanudación del expediente. En cualquier caso, la compañía prepara, en paralelo, la solicitud de la ejecución provisional de sentencia del TSJ para que acabe siendo el propio tribunal quien fuerce al Ayuntamiento a otorgar el permiso que se le reconoce en ese fallo, en el supuesto de que, pese a todo, se siga demorando su expedición. El registro de esa petición de ejecución de sentencia solo depende ahora de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 -que dictó la primera resolución denegatoria de la licencia- reciba el testigo de la sentencia dictada por el alto tribunal autonómico.
Con todo, la eficacia de la decisión del TSJ queda supeditada a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Alicante dé el paso de solicitar su revisión con la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Se trata de la opción por la que se inclinarían los servicios jurídicos municipales, y también el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con el propósito de defender la posición mantenida hasta ahora a lo largo de todo el procedimiento respecto a la imposibilidad de que se pudiese conceder la licencia solicitada en la medida en que la empresa promotora no había registrado toda la documentación necesaria hasta el pasado diciembre.
Esa posibilidad de acudir al TS en casación se habría visto reforzada después de que el TSJ rechazase la solicitud de aclaración y complemento de sentencia presentada por el Ayuntamiento respecto a su pronunciamiento. Ese probable recurso todavía no se ha registrado y, de confirmarse, se prevé que pueda apurarse el plazo previsto para su presentación. Al tiempo, en su registro se acompañaría de la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución provisional de sentencia, que -como se ha dicho- prevé solicitar XC Business, hasta que el TS dirima sobre el fondo del asunto.
Sea como fuere, fuentes consultadas apuntaron que la reanudación del expediente ordinario de tramitación de la licencia no tendría por qué conllevar, necesariamente, que se produjese la concesión de la licencia solicitada, ya que podría interpretarse que el proyecto no resulta viable o que todavía permanecería incompleto, lo que podría conllevar una hipotética denegación del permiso, o un nuevo aplazamiento en su concesión. Eso sí, esas dos posibles salidas deberían quedar fundamentadas y motivadas desde el punto de vista legal para no incurrir en irregularidades susceptibles de que XC Business pudiese iniciar acciones legales para que se depurasen. Máxime después de que el TSJ ya haya estimado que debe concederse la licencia, precisamente, por el retraso en la respuesta a su solicitud.
Entre tanto, también seguiría viva (pendiente de resolución) la petición cursada por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS), que agrupa a asociaciones vecinales, AMPAs, colectivos ecologistas y entidades sociales, para que la Autoridad Portuaria revoque de oficio la modificación de la concesión que amparaba la instalación de la planta de almacenaje de carburantes, a partir de las supuestas carencias de las que adolecería el proyecto que no se habrían considerado al evaluar su encaje, en el año 2019. Se trataría, según la PPS, de una vía que descartaría toda posibilidad de desarrollo de los depósitos. Es más, sus representantes ya han anticipado incluso la posibilidad de emprender nuevas medidas legales para conseguir que la justicia anule ese acuerdo aprobado hace cinco años.
