La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala.ALICANTE. El futuro del proyecto promovido por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de carburantes en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante queda supeditado a la decisión que pueda adoptar el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) respecto al recurso de apelación presentado por la misma compañía ante la sentencia de primera instancia que avalaba la denegación de la licencia por silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de Alicante. Esa es la posición común que han defendido este jueves la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras mantener un encuentro de trabajo sobre la planificación de distintos proyectos que requieren de la intervención de la Generalitat en la ciudad.
En esta línea, ambos han señalado que no se pretende adoptar ningún acuerdo relacionado con la viabilidad de ese proyecto hasta que exista un pronunciamiento por parte del alto tribunal autonómico. De hecho, el primer edil ha señalado que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, había dictado un decreto por el que se acordaba la suspensión de los plazos de tramitación respecto a la solicitud de licencia presentada por la promotora de los depósitos de combustible.
La paralización se adopta con el fin de que no pueda iniciarse un segundo procedimiento paralelo en el que XC Business pudiese reclamar de nuevo la concesión de licencia por silencio administrativo, después de que la compañía aportase a mediados del pasado diciembre la documentación necesaria para completar el expediente de su petición de permiso inicial (cursada en 2013), en respuesta al requerimiento de subsanación de informes que trasladó la propia Concejalía de Urbanismo en 2019, cuando se rechazó la concesión del permiso por ese mismo supuesto. Todo, al margen de que la empresa pretenda desarrollar una ampliación del proyecto con el desarrollo de hasta dos fases más que comprendería la instalación de un total de 20 depósitos, para los que, según ha señalado el primer edil, no se ha iniciado ningún trámite administrativo en el Ayuntamiento.
En todo caso, Barcala ha incidido en que la posición del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), sigue siendo la misma que se ha manifestado en ocasiones precedentes desde el año 2019, cuando se votó una primera declaración institucional respaldada de forma unánime por el conjunto de grupos políticos municipales representados en la corporación, a la que se han sucedido otras iniciativas similares desde entonces. En este sentido, ha insistido en que el PP "está en contra" de que se desarrolle ese proyecto, aunque no ha llegado a aclarar por qué se rechazó la posibilidad de que se debatiese la declaración institucional registrada por Compromís en el pleno ordinario de enero, este martes, en la que se volvía a expresar ese mismo rechazo y se instaba tanto a la Generalitat como al Gobierno central a adoptar las medidas que resultasen necesarias para evitar la instalación de los tanques de combustible.
Sea como fuere, ha recalcado que el "no a los depósitos" del PP sigue vigente, aunque "no creo que resulte necesario repetirlo una y otra vez", puesto que, según ha recalcado, ya esa posición ya se puso de manifiesto con hechos, a partir de la denegación de licencia por silencio administrativo, en el momento en el que el ahora exedil Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) ejercía las competencias de Urbanismo. "Esa posición es la que vamos a seguir manteniendo: ganamos en primera instancia y ahora estamos pendientes de que el TSJ se pronuncie", en un trámite que se espera para el próximo mes de marzo, toda vez que ya se ha fijado fecha para votación y fallo.
"En el momento en el que se pronuncie, sabremos a qué atenernos, así que no voy a protagonizar polémicas ni historias que son meras hipótesis cuando es un tema que está judicializado en el que dependemos totalmente de la resolución que dicte el TSJ y que, en función de lo que dicte, veremos si el camino acaba en esa instancia o no", ha insistido. En cualquier caso, ha subrayado que "vamos a defender a capa y espada, como hemos hecho, que el Ayuntamiento de Alicante no quiere más depósitos en el Puerto; esa batalla y esa polémica se planteó en los años 90 con los depósitos de Campsa y quedó entonces resuelta para siempre, y eso es lo que vamos a seguir sosteniendo", ha abundado.
Sea cual sea la resolución del TSJ, el proyecto y la solicitud de vivienda seguirán en vigor, pendientes de que se resuelva sobre la concesión del permiso por el trámite ordinario, al margen de que pueda no ser preceptiva su concesión por exceso de plazo de respuesta
Por su parte, la titular de Medio Ambiente, Pradas, ha manifestado que "hay que respetar los tiempos judiciales" y que "no procede entrar ahora sobre futuribles", al ser cuestionada sobre si se comparten las conclusiones alcanzadas en dos informes emitidos por la Generalitat (uno del servicio de evaluación ambiental y otro de la Abogacía) entre finales de 2022 y mayo de 2021 en los que se eximía al proyecto de la necesidad de someterse al trámite de evaluación ambiental. "Entrar a valorar ahora si vale o no vale un informe es manipular la acción de la justicia", ha sostenido, "y nosotros respetamos a los jueces".
Al respecto, ha añadido que también había compartido esa misma posición en el transcurso de una reunión de trabajo previa mantenida con el presidente del Puerto, Luis Rodríguez, y ha insistido en la necesidad de esperar al pronunciamiento del TSJ. Además, ha señalado que "en estos momentos no existe ningún expediente registrado en la conselleria" respecto al proyecto de XC Business. En todo caso, ha recalcado que la conselleria estaría al lado del Ayuntamiento, "que ya ha dejado clara cuál es su postura", y que cualquier acción de futuro que pueda plantearse "va a tener que respetar la legislación ambiental, urbanística y paisajística vigente".
En cualquier caso, lo cierto es que sea cual sea la resolución del TSJ, el proyecto de XC Business 90 y su solicitud de licencia de obra seguirán en vigor y pendientes de respuesta municipal por el trámite ordinario, al margen de que pueda no resultar preceptivo que se le conceda el permiso por el exceso de plazo del que dispone de la administración para resolver toda solicitud de licencia. Además, también cabría la posibilidad de que el TSJ acabe dictando una sentencia favorable a la solicitud de permiso por silencio administrativo, en función de la petición trasladada por XC Business, lo que abriría la puerta a que se abriese un nuevo procedimiento para la determinación de responsabilidades patrimoniales, que podría exponer al Ayuntamiento al pago de una indemnización que se presume millonaria por el retraso propiciado en el desarrollo del proyecto desde el año 2013.
