Recreación virtual de la planta de almacenaje de carburantes con el desarrollo de su tercera fase.ALICANTE. La empresa XC Business 90 que promueve la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante se ajusta a los últimos requerimientos formulados por la Concejalía de Urbanismo en septiembre de 2019, cuando se comunicó el decreto de denegación de licencia por silencio administrativo positivo, y aporta toda la documentación del proyecto que se le había reclamado en fase de subsanaciones.
Se trata de un paso, cumplimentado el pasado mes de diciembre, con el que se daría por completado la tramitación del expediente de solicitud de licencia. De ahí que, según fuentes consultadas, debería producirse una resolución respecto a esa petición de permiso de obra en el normal desarrollo de su tramitación ordinaria (al margen de que se hubiese excedido el plazo de respuesta de la administración, lo que habría dado lugar al ya citado silencio administrativo positivo), ya sea en sentido favorable o desfavorable.
En esos informes adicionales se incluyen los documentos acreditativos solicitados hace cuatro años. Primero, la justificación de que el proyecto con el que se produjo la modificación de la concesión de la que dispone TMS sobre la terminal de mercancías es el mismo que se registró ante el Ayuntamiento de Alicante en 2013. Segundo, la justificación de la transmisión de derechos entre la concesionaria de la terminal y XC Business para poder desarrollar la planta de almacenaje entre sus muelles 19 y 21. Tercero, la justificación de que el proyecto con el que se solicitó licencia cumple la normativa que le resulta de aplicación en la actualidad. Y cuarto, la presentación de un estudio de integración paisajística para evaluar el posible impacto (desde el punto de vista visual y arquitectónico, que no ambiental) que supondría la instalación de los tanques.
Al tiempo, esa documentación se amplía con la aportación del plan de seguridad y emergencias, según confirmaron fuentes municipales y fuentes de la compañía, a pesar de que, en principio, ese informe -avalado por entidades certificadoras, según la empresa- quedaría sujeto a la evaluación de la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia e Interior que coordina Elisa Núñez, sin que su supervisión quedase entre las competencias municipales. En esta línea, como informó este diario, XC Business mantiene que ese plan de seguridad no resulta necesario para que se despache el trámite de la resolución de la licencia de obra, puesto que su presentación solo resultaría exigible en el momento en el que se demande la concesión del permiso de actividad para la hipotética puesta en funcionamiento de las instalaciones.
Así, ese filtro autonómico respecto al plan de seguridad -cuyo contenido no ha trascendido todavía- pasaría por ser uno de los últimos escollos pendientes para que la Generalitat y el Ayuntamiento dilucidasen sobre la viabilidad del proyecto, después de que hasta dos informes evacuados entre finales de 2020 y mayo de 2021 por el servicio de evaluación ambiental de la entonces Conselleria de Transición Ecológica y por la Abogacía de la Generalitat -cuyo contenido no trascendió hasta este martes- concluyesen que el proyecto no queda sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental al haberse registrado antes de la entrada en vigor de la Ley 21/2013, que sí lo establece desde diciembre de 2014 como requisito obligatorio para una instalación como la pretendida por XC Business.
No obstante, esa exención podría quedar sujeta a revisión ahora, después de que la compañía haya notificado también su pretensión de desarrollar las dos fases adicionales -que, al parecer, quedarían contempladas en el proyecto original, con hasta un total de 20 depósitos- que XC Business venía negociando con TMS desde mediados de 2023, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anuló el requisito de distancia mínima respecto a núcleo residencial introducido por el Consell del Botànic en la Lotup, en diciembre de 2021.
Cuando menos, esa es la posición que mantiene la Concejalía de Urbanismo, de acuerdo con la información que su responsable política, la edil Rocío Gómez, trasladó a los representantes de los grupos de la oposición, en respuesta a una pregunta formulada por la edil de Compromís, Sara Llobell, en el transcurso de la comisión de Urbanismo, en la que se abordó la resolución de las alegaciones presentadas a la propuesta de modificación puntual del PGOU número 42, que flexibiliza el uso de los suelos dotacionales privados.
En primer término, según fuentes consultadas, en esa respuesta, Gómez incidió en que la concesión de licencia sigue supeditada a la sentencia que pueda dictar el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) respecto al recurso sobre la desestimación del permiso por silencio administrativo, como había anticipado el martes el vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar.
Pero, además, añadió que una propuesta ampliación de la planta de almacenaje -como la que XC Business estaría interesada en desplegar, en función de la demanda de información planteada también este diciembre- quedaría necesariamente ligada al trámite de evaluación de impacto ambiental, bien porque se considerase como proyecto nuevo, o bien por sus nuevas dimensiones, en términos de capacidad de almacenaje.
¿En qué consistiría ese trámite de evaluación de impacto? Básicamente, en la presentación de un estudio en el que se contemplasen medidas para minorar cualquier afección sobre el entorno natural que la construcción y el funcionamiento de la planta pudiese ocasionar, así como la aportación de un estudio de alternativas con propuesta de nuevos emplazamientos para su construcción, en el que se justificase el porqué de la elección de su localización en el Puerto. A partir de ahí, sería la actual Conselleria de Medio Ambiente la que revisaría si el documento a presentar por la empresa quedaría o no ajustado a los requisitos legales.
