ALICANTE. Alicante se suma a la oleada de aplicación de medidas para reforzar la regulación de los apartamentos turísticos puestas en marcha en varios municipios de la provincia con una propuesta de suspensión de licencias por dos años de duración que, eso sí, quedará limitada solo a las solicitudes de autorización registradas sobre pisos aislados, encuadrados en edificios residenciales. O lo que es lo mismo, no afectará a aquellas iniciativas empresariales que aspiren a convertir un inmueble completo en un bloque de apartamentos destinados al alojamiento temporal.
La diferenciación resulta trascendente en la medida en que seguirá auspiciándose la posibilidad de que la iniciativa privada pueda seguir apostando por invertir en la rehabilitación de edificios que puedan presentar distintas situaciones de degradación para que puedan tener uso turístico, como ha venido sucediendo en varios inmuebles posicionados en el Centro Tradicional y en el Casco Antiguo especialmente a lo largo de los últimos seis años.
Así se pretende hacer constar en la propuesta de moratoria para la concesión de esos permisos que se prevé elevar a debate y aprobación inicial en el pleno ordinario de diciembre, el próximo día 19. En concreto, en ese texto se recogerá que la suspensión de licencias se aplicará "exclusivamente a la modalidad de alojamiento turístico prevista en el apartado 1.c). del artículo 64 de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana". Es decir, a las viviendas de uso turístico (VUT): pisos particulares destinados al alquiler temporal que incorporen los servicios requeridos ahora en la nueva regulación sobre el sector aprobada el pasado julio.
¿Por qué se incluye esa diferenciación? Básicamente, porque se entendería que solo resulta necesaria atajar la proliferación de la oferta en viviendas aisladas, en la medida en que son las que entrañarían mayor dificultad de control y supervisión por parte de la administración y, también, las que suelen generar conflictividad social en la medida en que su funcionamiento puede llegar a lastrar la convivencia vecinal por el trasiego de visitantes y problemas de ruido.
De hecho, el impulso de ese acuerdo de congelación de permisos llega con el propósito de ganar tiempo para promover una regulación urbanística específica que permita ordenar dicha actividad económica para evitar esas situaciones. Para ello, según concretó el alcalde, Luis Barcala, a través de un comunicado, se prevé establecer "un límite en la densidad de viviendas de uso turístico por zonas y regular el impacto que esta situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal, sobre todo en los barrios de mayor concentración".
Además, se habría adoptado ahora a la vista de las conclusiones recogidas en los dos informes solicitados por el Ayuntamiento para conocer el estado de la cuestión: el encomendado a la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante (UA) y el contratado con una consultora especializada para poder disponer de un censo real sobre los pisos turísticos existentes en la actualidad.
Por el momento, no ha trascendido el detalle concreto de las conclusiones de ambos estudios, más allá de un primer balance respecto al informe elaborado por la Cátedra, en el que se apuntaba la existencia de 4.000 viviendas de uso turístico en la ciudad.
Entre tanto, el equipo de gobierno persiste en su intención de asumir las competencias que permitan ejercer la capacidad de inspección, sanción y recaudación de los pisos turísticos, a partir de la posibilidad abierta con el nuevo decreto autonómico. Esa potestad queda ahora sujeta a la adscripción al convenio marco establecido entre la Conselleria de Innovación, Industria y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) como herramienta para vertebrar el traspaso de esos poderes que hasta ahora quedaban reservados en la administración autonómica.
Todo ello, al margen de que ya se haya tratado de intensificar la labor de inspección desde la capacidad de la que se disponía hasta el momento, lo que deparó la apertura de al menos 50 actas de infracción a otros tantos apartamentos turísticos hasta el pasado mes de septiembre.
Sea como fuere, el anuncio de la propuesta de moratoria no evitó que el conjunto de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición criticasen la medida, bien por su retraso, según apuntaron los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, o bien por su ineficacia, según la valoración ofrecida por Vox, quien consideró que la medida podía poner en riesgo el derecho a la libre disposición de las propiedad privada.