El jueves me reencontré con Antonio Rodes, quien fuera director general de la Sociedad para la Transformación Digital de la Generalitat Valenciana. Rodes es ahora candidato del PSOE al Congreso por el puesto número cinco de la lista de Alicante. El saludo me recordó una anécdota que me contó cuando algunas empresas ucranianas se instalaron en el Distrito Digital de Alicante con sus trabajadores tras el estallido de la guerra. Acuérdense de la ola de solidaridad de muchos españoles con los ucranianos. Algunos los acogieron en sus casas durante un tiempo. En su mayoría, mujeres y niños, porque los hombres estaban en el frente.
En concreto, fue la empresa Partida, de Járkov, la que se instaló en Alicante con unos pocos trabajadores y pretendía que otra parte de su plantilla se alojara en pisos y apartamentos cercanos al complejo de Ciudad de la Luz. Era febrero y marzo de 2022, y entonces Rodes y su equipo se encontraron con un problema: los propietarios de pisos, sobre todo los cercanos a la costa, no querían alquilarlos porque preferían hacer la temporada y ganar más dinero. Ciudad de la Luz encontró los apartamentos que pudo y avaló a esos trabajadores ucranianos para que pudieran instalarse con sus familias. Han pasado cuatro años y el problema ha ido a más.
Hace poco asistí a un foro de cadenas hoteleras, la mayoría con base en Benidorm. La máxima responsable de una de ellas, de cinco estrellas, desveló que uno de los grandes impedimentos a los que se enfrentaba era encontrar viviendas para sus trabajadores, tanto si iban a hacer la temporada como si iban a trabajar durante todo el año. Hasta tal punto que era la propia empresa era la que alquilaba esas viviendas y se las cedía a sus futuros empleados. También tienen problemas con el transporte; es decir, para conectar los puestos de trabajo con esas viviendas, y han tenido que asociarse con otras empresas del entorno para implantar un sistema de transporte para ellos. En esa misma charla se puso el ejemplo de Peñíscola, donde cada día es más difícil «mantener un equilibrio entre quienes visitan la ciudad y quienes necesitan residir y trabajar en ella». ¿Les suena el ejemplo?
- Una pancarta en la manifestación del miércoles en Alicante. Foto RAFA MOLINA
Por desgracia, los problemas de vivienda y transporte son comunes en municipios eminentemente turísticos. Y ponen en un brete a los empresarios, porque no pueden completar sus plantillas si no garantizan una vivienda a un precio asequible. Las empresas más veteranas es posible que cuenten con una reserva propia de viviendas, pero la mayoría no. Y puede que estén en municipios limítrofes, pero no exista transporte público que los conecte o que sus horarios no encajen.
Con ello quiero decir que el problema de la vivienda no es solo de quienes hicieron huelga este miércoles ni de quienes se manifestaron por la tarde en la mayoría de las capitales de provincia de España. No querer entender la dimensión de un problema social y de primera necesidad es un error. Y, por rápidas que vayan y buenas que sean, las promociones del Plan Vive de la Generalitat no pueden solventarlo por sí solas. Tampoco con sus precios. Ni un trabajador de temporada ni una familia con menores a su cargo pueden hacer frente a hipotecas superiores a los 200.000 euros, como es el caso.
Por eso creo que los empresarios, al menos los afectados por las limitaciones que la vivienda les impone a la hora de contratar personal, también deberían haberse manifestado el miércoles (lo de hacer huelga ya lo dejo en sus manos). Y ellos mismos deberían ser los primeros en pedir soluciones más allá de lo que propone el Plan Vive. Creo que lo he reiterado en varios artículos, pero el problema no se soluciona solo con la construcción de nuevas viviendas. La demanda es inminente y, por tanto, todas las administraciones deben ponerse las pilas para poner viviendas en alquiler en el mercado. Fórmulas hay varias: incentivando al pequeño propietario, convenciendo al gran tenedor o alcanzando acuerdos con los bancos o con la Sareb. Y, si es necesario, ejerciendo de mediadoras y garantizando el pago de la renta y el buen estado del inmueble. Todo ello con unos precios asequibles. No vale hacer el esfuerzo de sacar viviendas al mercado y que sea la demanda turística la que fije el precio, como sucede en los municipios del litoral o en las grandes urbes.
Como hemos visto, se puede echar la culpa a los sindicatos, tanto a los de clase como a los de inquilinas, pero el problema sigue ahí. No se va a solventar de forma inminente. Y atañe a todos, también a los empresarios, quienes deberían ser los primeros en exigir a sus administraciones que fueran más proactivas a la hora de ofrecer soluciones rápidas. Si algunos han tenido que buscar viviendas para sus empleados, habrán comprobado en sus propias carnes que el mercado no lo regula todo. Creo que una representación de los empresarios, con su propia pancarta, en las protestas del miércoles no hubiera venido mal: habría ayudado a amplificar un problema que no es de unos, sino de todos. Y que la administración es la misma para todos.
