ALICANTE. El bipartito de Alicante (PP y Cs) vuelve a superar el examen de los presupuestos y aprueba su segunda propuesta de planificación económica del mandato con permiso de PSOE y Vox. Por su parte, Unides Podem y Comopromís han votado en contra, como ya hicieron en la Comisión de Hacienda, toda vez que en el debate plenario tampoco se han admitido las 30 enmiendas que ambas formaciones han reproducido para su votación durante la sesión (12 de Compromís y 18 de Unides Podem). De este modo, como se preveía, las cuentas municipales para 2021 han quedado validadas de manera inicial por mayoría simple, al recopilar 14 votos de 29 posibles, después de que se haya confirmado la abstención de los nueve concejales socialistas y la de los dos representantes de Vox. Se trata del mismo resultado deparado en la aprobación definitiva del presupuesto de 2020, cuando las cuentas también quedaron aprobadas por mayoría simple, con la salvedad de que, en esta ocasión, PP y Cs no solo han sumado la anuencia de los ediles de Vox, sino que también han contado con la incorporación del PSOE al bloque de la abstención en una decisión que la ejecutiva local justificó, este lunes, con el argumento de mantener una actitud de "responsabilidad con la ciudadanía". Máxime en un contexto como el actual, marcado por la crisis sanitaria del coronavirus.
En realidad, la posición del PSOE se ajusta, así, al mandato acordado por la ejecutiva autonómica del PSPV-PSOE el pasado septiembre, cuando su secretario general y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó que los socialistas facilitarían la aprobación de las cuentas en las instituciones en las que ejerciesen funciones de oposición con el fin de no bloquear el objetivo de la recuperación económica. En el caso de Alicante, además, la abstención del PSOE también se ha materializado tras la firma de un acuerdo con Cs, el pasado diciembre, del que sus socios del PP aseguraron ser conocedores y sentirse vinculados, por el que se establece el compromiso de la incorporación de 18 medidas concretas a través de futuras modificaciones de crédito.
Ese acuerdo quedó ratificado el pasado miércoles, después de que la propuesta de presupuesto salvase el filtro de la Comisión de Hacienda con un dictamen favorable, pese a que solo se hubiesen incorporado dos de las 25 enmiendas presentadas por el PSOE (en realidad, las dos únicas que llegaron a debatirse, puesto que el informe emitido por la Concejalía de Hacienda rechazó 21 de sus propuestas al considerar que no cumplían con las condiciones requeridas y, además, el PSOE retiró las dos restantes que sí se consideraron válidas). Eso sí, la confirmación de ese pacto entre PSOE y Cs estuvo precedida de un plante de los socialistas, con el que se trató de trasladar presión en el seno del bipartito para que sus aportaciones a las cuentas no cayesen en el olvido.
Con el desenlace del pleno de este martes, el presupuesto queda a la espera del trámite de alegaciones, de modo que -de no presentarse ninguna objeción- entrará en vigor de manera automática en el plazo de un mes. Es decir, a mediados de marzo. En el caso de que sí las hubiese, tendrían que resolverse y volver a convocarse un pleno de aprobación definitiva, que podría tener lugar entre finales de marzo y principios de abril. La consecuencia: la pérdida del primer trimestre del año para poder ejecutar las previsiones contempladas en esa planificación contable. Todo pese a que el equipo de gobierno se había marcado el compromiso de tener el presupuesto aprobado a principios de año, después de que las cuentas de 2020 quedasen aprobadas de forma definitiva a finales del pasado mes de mayo.
El PSOE justifica su abstención en la necesidad de agilizar las medidas de apoyo a la reconstrucción, mientras que Unides Podem y Compromís recriminan que las cuentas llegan tarde y no recogen los objetivos de la comisión de la recuperación
A todo ello se añade que la propuesta de planificación económica no recoge todavía el conjunto de las propuestas aprobadas por el conjunto de entidades sociales y asociaciones empresariales que participaron en la comisión de la recuperación frente a la crisis sanitaria del coronavirus, como han venido sosteniendo los grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) tras reprochar la carencia de inversiones contemplada por el equipo de gobierno en su planificación contable. En principio, gran parte de esas medidas pactadas en la comisión de la recuperación quedan demoradas a la incorporación de los remanentes de crédito de los años 2019 y 2020, que podría producirse entre los meses de abril y mayo, o a la llegada de financiación de la Unión Europea, a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como informó este diario.
La encargada de defender los presupuestos ha sido la edil de Hacienda, Lidia López (PP), quien, después de agradecer por anticipado la confianza de PSOE y Vox, ha destacado la excepcionalidad de la situación provocada por la pandemia, tras recordar que en las cuentas de 2020 se tuvo que aplicar hasta cuatro modificaciones de crédito posteriores. Así, ha avanzado que las cuentas son "un punto de partida". Después, ha defendido que la propuesta de planificación contable, además de tratar de dar respuesta a la crisis económica y social y de promover la sostenibilidad y la introducción de nuevas tecnologías en el funcionamiento de la administración, recoge muchas de las propuestas planteadas por los grupos de la oposición encaminadas a combatir los efectos de la pandemia del coronavirus.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, por su parte, ha aprovechado su primera intervención para recordar al equipo de gobierno y, en especial, a la edil de Igualdad y Cooperación, María Conejero (Cs), que deben respetarse los acuerdos alcanzados durante la negociación de las cuentas frente a la resolución aprobada la semana pasada en el Consejo de Cooperación, con la que se aspira a que se pueda recuperar el presupuesto destinado a proyectos de cooperación internacional en el año 2020, como ha defendido la representante de la Coordinadora de ONGD en una exposición inicial en el desarrollo del pleno.
Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, se ha ajustado inicialmente a la defensa de sus enmiendas que ha considerado "alineadas en el dictamen de la comisión de la recuperación" con iniciativas como la creación de partidas para la construcción de centros comunitarios en Colonia Requena o Benalúa, por ejemplo. Así, ha emplazado a PP y Cs a admitir esas iniciativas "que son buenas propuestas para la ciudad y para los alicantinos", como las que ya se han incluido en el presupuesto tras la fase de negociación política, entre las que figura la inclusión de una primera partida para impulsar el proyecto de recuperación de la antigua refinería de La Británica.
Por Unides Podem, su portavoz, Xavier López, ha criticado el rechazo a las enmiendas presentadas por su formación, así como la de la gran mayoría de las fuerzas que conforman el eje progresista. Después, ha defendido sus propuestas encaminadas "al refuerzo de lo público" frente a la apuesta por el modelo de las privatizaciones. En esta línea, también ha recriminado que, a su juicio, no se haya tenido en cuenta el dictamen de la comisión de la recuperación. "Esa comisión es incómoda porque de ahí salieron compromisos y a ustedes no les gusta cumplirlos", ha dicho. Así, ha incidido en que con sus enmiendas, Unides Podem trata de "ser el ancla de las políticas del Botànic en Alicante" frente a otras posiciones, entre las que ha citado la abstención del PSOE.
Por parte del PSOE, el edil Miguel Millana ha defendido que su formación había defendido "una posición constructiva" frente a la actual crisis tras la recaída actual. "Esto nos obliga a buscar acuerdos positivos que acaben redundando en la mejora de la situación de las personas, en lo que cumple un papel esencial el mantenimiento y recuperación de la actividad económica", ha explicado. En este sentido, ha defendido la posibilidad de intervención del Ayuntamiento para estimular esa recuperación y se ha felicitado de que "al menos una parte del equipo de gobierno sí haya admitido ese enfoque" a través del acuerdo suscrito en diciembre.
Así, ha sostenido que uno de los motivos centrales de la posición del PSOE respecto al presupuesto "es la urgencia, pese a que ya estamos sobrepasados y llegamos tarde". "La priorización de la pandemia manda, y es inadecuado hacer oposición desde las instituciones basándose en la pandemia; es un mal que debemos combatir todos", ha apuntado. Por ello, ha sostenido que el PSOE también ha respaldado las modificaciones de varias ordenanzas enfocadas en ese mismo fin. No obstante, ha recriminado al bipartito el hecho de que destinase parte del remanente del presupuesto de 2019 a liquidar deuda con los bancos "cuando podría haberse destinado a otras iniciativas públicas". Y por último ha solicitado urgencia en la aplicación de las medidas contempladas en el presupuesto.
