El paseo peatonal de la Playa de El Postiguet. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La reconstrucción de Alicante tras el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus también dependerá de la financiación de la Unión Europea, a través del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Cuando menos, esa es la planificación con la que trabaja el equipo de gobierno (PP y Cs), con el propósito de poder ejecutar las actuaciones reflejadas en el dictamen de la comisión de la recuperación de la ciudad, el pasado julio, que no han quedado incorporados en la propuesta de presupuesto para 2021, ahora ya solo pendiente de votación para su aprobación provisional en el pleno el próximo martes. De hecho, hasta ahora los grupos opositores que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís) han centrado parte de sus críticas a las cuentas del bipartito precisamente en esa circunstancia: la ausencia de grandes inversiones y el olvido de las iniciativas pactadas en el seno de esa comisión.
No obstante, según fuentes municipales, la mayoría de las iniciativas recogidas en esa comisión forman parte del paquete de propuestas que PP y Cs pretenden plantear a la Generalitat para optar a la concesión de esos fondos europeos, en cuanto se concierten los plazos y las condiciones para tramitar los proyectos que dependen de la Comunitat (a las autonomías les corresponde gestionar el 45% de los 24.198 millones asignados a España en 2021). El objetivo es trasladar un listado de más de medio centenar de iniciativas capaces de transformar la ciudad que ahora se están valorando y cuantificando desde el punto de vista técnico en cada una de las concejalías competentes, bajo las directrices de la Concejalía de Coordinación de Proyectos y la Oficina de Captación de Fondos Europeos, que coordina el edil Toño Peral.
¿De qué iniciativas se trata? Fuentes consultadas indicaron que se encuadran en cuatro objetivos fundamentales alineados en las bases de los fondos: la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la digitalización de la administración. En esta línea, se incluyen propuestas como la peatonalización de calles del Centro y Casco Antiguo, con el propósito de reducir la contaminación generada por desplazamientos en vehículo privado; el desarrollo de una red de puntos de carga para vehículos eléctricos en toda la ciudad; la adquisición de vehículos eléctricos o propulsados con hidrógeno para la flota municipal; o la extensión de nuevos tramos de carril bici, asociados en algunos casos al proyecto del paseo litoral.
Además, también se plantea la implantación de más instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de edificios públicos, como segunda fase de la experiencia puesta en marcha en 33 primeros colegios; la generación de nuevas zonas verdes; la instalación de sistemas de riego con agua regenerada en los parques forestales de la ciudad y en el entorno de los castillos de San Fernando y Santa Bárbara; o la ejecución de inversiones de mejora en el tratamiento de residuos, por ejemplo.
De igual modo, también figurarían proyectos encaminados a favorecer el acceso a la vivienda, a la rehabilitación de inmuebles y a la mejora de sus condiciones de accesibilidad mediante la instalación de ascensores o de mejoras en su eficiencia energética en bloques de edificios, al modo de las intervenciones que ya se han desarrollado en el proyecto de rehabilitación de viviendas de Juan XXIII, por ejemplo. Igualmente, se estaría perfilando la presentación de "proyectos que actúen como palanca para la dinamización económica" como la construcción de un Palacio de Congresos, también recogido en el dictamen de la comisión de la reconstrucción, o la recuperación patrimonial de nuevas zonas del Castillo de San Fernando.
PP y Cs estiman que Alicante podría optar al 7% de los fondos asignados a la Comunitat si se establece un sistema de reparto proporcional a la población
Se plantea, incluso, la reivindicación de otras infraestructuras que quedan bajo competencia de otras administraciones, como la variante ferroviaria de Torrellano y la eliminación del intercambiador de San Gabriel o la construcción de la Estación Intermodal de Renfe. En esta línea, las mismas fuentes incidieron en que el Ejecutivo central debe desarrollar proyectos por valor de 13.405 millones (el 55% del total) y que al Ministerio de Transportes le corresponde el 21% de esa cantidad.
En principio, el propósito del bipartito es completar las valoraciones de ese conjunto de propuestas para tenerlas sintetizadas a finales de febrero o principios de marzo y poder tenerlas preparadas para cuando se convoque la reunión de coordinación de la Generalitat con los municipios con el fin de concretar plazos y condiciones de presentación. Por el momento, se desconoce qué porcentaje de los fondos asignados a la Comunitat podría corresponder al Ayuntamiento de Alicante, aunque en el bipartito se confía en que pueda acordarse una distribución proporcional al peso poblacional, de modo que se estima que podría optarse al menos a un 7% del total. En todo caso, además, las mismas fuentes apuntaron que aquellas iniciativas que no logren financiación europea podrían tener desarrollo posterior mediante el uso del remanente arrastrado desde los ejercicios de 2019 y 2020.
Hasta ahora, eso sí, no se ha previsto la convocatoria de la comisión específica que se aprobó crear en el pleno de diciembre a iniciativa de Compromís con el propósito de consensuar esos proyectos. En el seno del bipartito se defiende que, en realidad, esos proyectos ya se consensuaron en la comisión de la recuperación, así como en la comisión sobre el Plan de Inclusión y en la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
