ALICANTE. Más allá del acuerdo de reprobación de Barcala, o de la propuesta para crear una nueva comisión con el propósito de fiscalizar otra de las grandes contratas municipales (esta vez, la de mantenimiento de zonas verdes), la principal circunstancia que se puso de manifiesto en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, este jueves, fue el papel protagonista que Vox ha pasado a asumir en las decisiones municipales de cierta trascendencia que dependen de una votación. Los dos ediles del partido de Santiago Abascal resultaron, si cabe, más decisivos que nunca para conseguir el objetivo perseguido por las tres fuerzas progresistas: aislar al equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs. Y, en especial, a su alcalde.
Como ya ha contado este diario, la posición de Mario Ortolá y José Bonet fue la que permitió que PSOE, Unides Podem y Compromís pudiesen condenar la actitud de Barcala en los encontronazos registrados en los últimos meses con comerciantes y hosteleros. Ambos fueron también los que permitieron que se vaya a fiscalizar el servicio de mantenimiento de jardines, por el que ya se llevan pagados más de 8 millones sin la cobertura de un contrato en vigor, como consecuencia del cruce de recursos entre las empresas que optaron a su concesión. E, igualmente, también se sumaron a la propuesta del PSOE para crear una comisión sobre la protección de la partida de Fontcalent. En gran medida no podía negarse: la defensa de las partidas rurales ha sido su único caballo de batalla puramente relacionado con Alicante en este año y medio de mandato.
Lo cierto es que, al margen de esas votaciones incómodas para el bipartito, Vox ha tratado de escenificar cierto distanciamiento con PP y Cs desde principios de octubre en busca de un discurso propio y de una repercusión que no ha tenido más que en algunos momentos puntuales. Entre ellos, la aprobación del presupuesto de 2020, la elección del modelo concesional en el servicio de transporte público o el incremento de los sueldos de los concejales acordados en el inicio del mandato. En los tres casos, sus votos respaldaron la acción de gobierno del bipartito.
No obstante, en estos dos últimos meses, en los que el partido se ha visto salpicado por cierta inestabilidad interna (sobre todo, durante el proceso de primarias para elegir a su cúpula provincial con una sucesión de bajas entre sus militantes), Vox se ha descolgado de acuerdos promovidos por PP y Cs como la aprobación del catálogo de protecciones. Y hasta se borró de la supuesta negociación de la cuarta modificación de crédito, que en último término, no llegó a producirse con ninguno de los grupos de la oposición. El bipartito la llevó a pleno sin asegurarse un respaldo previo y consiguió que se aprobase con el apoyo del PSOE, en un gesto con el que quiso manifestar la concesión de un voto de confianza para que se pudiese consensuar el presupuesto de 2021.
Vox, por su parte, se quedó en la abstención (también Compromís). La cuestión es que, ahora, ese posicionamiento clave junto a PSOE, Unides Podem y Compromís en el pleno de este jueves se produce en un contexto en el que se sigue discutiendo sobre la confección del presupuesto municipal de 2021. De las reuniones mantenidas hasta ahora para tratar de acordar su confección, no ha salido ninguna aproximación. Ni con Vox, ni con el resto de grupos de la oposición. Así que su acercamiento a PSOE, Unides Podem y Compromís podría interpretarse como una advertencia para que PP y Cs tengan en cuenta sus aportaciones en la confección de las cuentas del próximo ejercicio. En este momento, parece que el bipartito puede verse obligado a necesitar al menos la abstención de los dos concejales de Vox para que su propuesta de planificación contable pueda prosperar. Pero también es cierto que su portavoz, Mario Ortolá, dejó claro en el debate plenario sobre la cuarta modificación del presupuesto que su grupo no bloquearía el funcionamiento de la ciudad.
El presupuesto del bipartito de Alicante también encalla ante Vox tras los plantes de PSOE y Unides Podem
Sea como fuere, durante la sesión, Vox puso de manifiesto su voluntad de diferenciación prácticamente en todas las iniciativas. Incluso en las que compartió posición con otras fuerzas fue a máximos, aun a riesgo de meter la pata y tener que corregirse a sí mismo, como sucedió con la atribución errónea de una ayuda de la Diputación a Escola Valenciana para promover el valenciano de la que su portavoz tuvo que desdecirse poco después, cuando alguien le aclaró que la institución provincial se limitó a conceder una cesión de espacio para que la entidad desarrollase su actividad.
Así, en esa espiral por acaparar el foco en todos los puntos del debate, fue la única formación que votó en contra de la propuesta de Compromís para promover la protección del Cabo de las Huertas como paraje natural municipal. Y, al mismo tiempo, también fue el único partido que apoyó otra iniciativa de la coalición valencianista por la que se reclamaba más inversiones del Gobierno central en Alicante, a través de los presupuestos generales. Es más, sus dos ediles no tuvieron reparos en votar también la enésima declaración propuesta por el PP con ese mismo objetivo: reclamar más fondos para la ejecución de infraestructuras que llevan más de una década reivindicándose, sin que hayan sido atendidas por los sucesivos gobiernos nacionales de todo signo político.
Por lo demás, el voto contrario de Vox a las dos declaraciones institucionales sobre la violencia de género que también se debatieron en el pleno no resulta noticioso, pese a que fuese la única formación que optó por esa postura. En ese caso, no hubo distanciamiento. Ortolá y Bonet sencillamente se limitaron a seguir los postulados del partido, como ya hicieron en 2019.
Eso sí, esa búsqueda de espacio propio no impidió que también se sumase a PP y Cs en la retahíla de declaraciones institucionales que presentaron para instar al Gobierno central o a la Generalitat a adoptar medidas tan diversas -sobre las que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia- como la renuncia a la modificación de la Ley de Educación o la retirada de la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.