ALICANTE. Nueva comisión para fiscalizar otra contrata municipal en Alicante. Esta vez, la del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad, que se suma a las ya constituidas sobre la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales y sobre la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos. En concreto, el pleno de la corporación ha aprobado este jueves la moción presentada por el grupo municipal del PSOE para que se constituya un órgano municipal "para el estudio del cumplimiento del contrato del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes" gracias al respaldo de Unides Podem, Compromís y Vox.
Se trata de una propuesta con la que el PSOE pretende esclarecer las supuestas anomalías en la prestación de ese servicio que sigue provisionalmente en manos de la empresa Geamur (la compañía que viene asumiéndolo al menos durante la última década), dos años después de que venciese la duración de su contrato. La encargada de defender la iniciativa ha sido la edil Llanos Cano, quien ha incidido en que "todas las grandes contratas municipales acaban siendo objeto de una comisión de investigación a propuesta de la oposición". La edil ha recordado que el servicio se sigue prestando en precario, sin contrato en vigor, tras acumular pagos "que ya alcanzan los 10 millones de euros mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito".
Cano ha relatado, además, las vicisitudes en las que se ha visto envuelto el servicio desde el año 2018, con una sucesión de recursos frente a la nueva licitación presentados por varias de las compañías que concurrieron al concurso. Entre ellas, la firma que resultó previsible adjudicataria, STV Gestión, y la propia Geamur, que quedó excluida inicialmente del proceso de valoración de las ofertas, después de que los técnicos del área de Contratación considerasen que no había podido justificar su baja anormalmente desproporcionada.
A todo ello, Cano ha añadido los "presuntos incumplimientos e irregularidades" puestas de manifiesto por los representantes de los trabajadores y el rechazo del equipo de Gobierno (PP y Cs) a facilitar "la información que hemos solicitado sobre el expediente para tratar de precisar la existencia de esas anomalías".
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha mostrado su respaldo a la propuesta para esclarecer "si existen esas anomalías que también nos han dado a conocer desde los sindicatos". El líder de Compromís, Natxo Bellido, también ha confirmado su respaldo a la propuesta tras subrayar "el problema que tiene este equipo de Gobierno con las grandes contratas". En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Unides Podem, Xavier López, quien ha insistido en que los problemas con la prestación de esos servicios "deriva de la voluntad del equipo de Gobierno en convertir esos servicios en un gran negocio".
Por su parte, el edil de Medio Ambiente y Limpieza, Manuel Villar (PP), ha alegado, en respuesta a las intervenciones de los representantes de la oposición, que "el retraso en la licitación" deriva de la etapa del extinto tripartito. Así, ha adelantado que, de constituirse la comisión, "solicitaremos la comparecencia de los concejales de ese momento". Además, ha insistido en que la petición de la comisión se basa "en un escrito de queja fechado en enero, sin que hayan hablado desde entonces ni con los técnicos, ni con la empresa que presta el servicio, ni con los sindicatos, ni con el comité de empresa".
Igualmente, ha insistido en las dificultades que entraña que una empresa que no dispone de contrata en vigor asuma inversiones para renovar maquinaria, o la complejidad que supone que se tenga que prestar el servicio en 44 nuevas zonas verdes creadas en la ciudad con una contrata dimensionada con una plantilla adaptada a las necesidades que existían en 2012. Por último, ha precisado que, a diferencia de lo que sostiene la propuesta de constitución de la comisión, no se han eliminado 4.000 árboles de la vía pública en los últimos años. "La precisión de la contrata es tal que nos permite conocer que en realidad faltan 1.803 ejemplares", ha concluido.
En la réplica, Ortolá ha coincidido con Villar en la necesidad de que comparezcan los antiguos responsables políticos para explicar el retraso en la licitación. Bellido ha lamentado que el edil de Limpieza no haya asumido "algo de autocrítica" y se haya limitado a "tirar balones fuera". López ha sostenido que, al margen de las carencias de maquinaria aludidas por Villar, "es un hecho objetivo que los parques y jardines de la ciudad están absolutamente abandonados". En todo caso, ha emplazado al bipartito a apoyar la propuesta "porque entiendo que no tendrá inconveniente en aportar transparencia". Cano ha incidido en que "sí hemos contactado con trabajadores y hemos investigado hasta donde usted nos ha dejado", en alusión a la desestimación de la entrega de la documentación "que solicitamos formalmente".
Villar ha respondido que esa documentación "se facilitó en septiembre" y ha incidido en que el retraso actual deriva del proceso de recursos. Así, también ha reconocido que existe un problema de falta de personal al que se trata de dar respuesta con la nueva licitación, pero ha negado que existiesen anomalías. En este sentido, ha señalado que el ayuntamiento trata de que se preste un servicio adecuado "sin adjudicar a una empresa que se ha considerado que incurría en baja temeraria" y ha defendido que la última resolución del TSJ "viene a reconocer que el ayuntamiento lo está haciendo bien" al anular la suspensión del procedimiento de adjudicación acordada por el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales (TCARC), como ha informado este diario.
Lo cierto es que, en esa resolución, el TSJ no llega a pronunciarse sobre el fondo del asunto y se limita a considerar que STV Gestión ya ha sido propuesta como adjudicataria, por lo que podría resultar perjudicada por el bloqueo del contrato mientras se dirime el fondo de su recurso, mientras que Geamur solo tiene una expectativa de poder convertirse en adjudicataria, tras una nueva valoración de las ofertas. Sea como fuere, la propuesta de constitución de la comisión de fiscalización ha quedado aprobada por 15 votos; los de PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox, frente a los 14 de PP y Cs.
Con carácter previo, el pleno ha aprobado el reglamento de funcionamiento del consejo de participación ciudadana de los servicios de valorización y eliminación de residuos: un foro consultivo que resulta necesario para el desarrollo del Plan Local de Residuos y del Plan Zonal, según ha defendido el concejal de Limpieza y Medio Ambiente, Manuel Villar (PP).
Vox también respalda la propuesta del PSOE para crear una comisión para la protección de Fontcalent, ante la proliferación de vertederos de residuos
El conjunto de los grupos de la oposición ha coincidido en que la aprobación del reglamento "llega tarde" y, además, han reprochado que no se haya tenido en cuenta la mayoría de las aportaciones propuestas por cada grupo político. En este sentido, tanto el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, como los ediles Vanessa Romero (Unides Podem) y Raúl Ruiz (PSOE), han insistido en que debería haberse dado cabida a una mayor participación vecinal. En este sentido, Ruiz ha recalcado que se trata de una oportunidad perdida. La propuesta ha quedado aprobada por 16 votos (los de PP, Cs y Vox) y las 13 abstenciones de los tres grupos políticos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís).
Igualmente, también se ha aprobado cinco solicitudes para optar a la concesión de fondos Feder de la Unión Europea (UE) con el propósito de acometer proyectos de mejora en el entorno de Oliveretes, incluida en el ámbito de la Edusi de Las Cigarreras. Se trata de proyectos por un importe global de 5,5 millones que comprenden mejoras urbanísticas en la calle Marqués de Molins, en la plaza músico Óscar Tordera, en Poeta Campos Vasallo, en Sargento Vaillo y en la Plaza de San Antonio, como han apuntado los ediles de Urbanismo y de Coordinación de Proyectos, Adrián Santos Pérez y Toño Peral.
Las cinco solicitudes han contado con el respaldo unánime de los grupos políticos. Todos sus representantes han compartido la necesidad de avanzar en la reconfiguración urbanística de esos espacios en la medida en que supone una mejora en sus servicios y en un avance en la reconfiguración de la movilidad. Al tiempo, han coincidido en que se trata de poner en marcha "obras que permiten la generación de puestos de trabajo", según ha incidido el portavoz de Unides Podem, Xavier López. En términos similares se ha pronunciado la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, quien ha recalcado que "estos son los proyectos de ciudad que realmente importan a los ciudadanos".
En la sesión, sí ha habido división de opiniones respecto a una petición de compatibilidad para el ejercicio de actividad privada presentada por un agente de la Policía Local. La propuesta defendida por el bipartito (PP y Cs) ha sido la de desestimar esa petición, en base a los informes jurídicos. No obstante, los grupos políticos de la oposición han alegado que no se disponía de suficiente información y han solicitado que el acuerdo se aplace para el siguiente pleno. En esta línea, la propuesta de denegación ha sido aprobada con los votos afirmativos de PP y Cs, y la abstención del resto de grupos políticos. Todo, tras una confusión en el sentido del voto emitido inicialmente por la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez.
De igual modo, el pleno también ha aprobado tres expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para aprobar facturas por un importe global próximo a los 17.000 euros por gastos de ejercicios anteriores realizados por los patronatos de Vivienda y Turismo.
Los ediles de la corporación, en un momento del pleno, celebrado de manera telemática.En la sesión también se ha aprobado una segunda moción presentada por el PSOE para que se constituya una comisión no permanente para la protección y recuperación del Valle de Fontcalent, a la vista de la actividad desarrollada por una empresa dedicada a la gestión de residuos de la construcción, entre otros puntos. El debate de la propuesta ha estado precedida por la intervención de tres representantes de entidades vecinales ligadas a la partida de Fontcalent, quienes han instado a todos los grupos políticos a dar respuesta a los problemas ambientales provocados por esta empresa como consecuencia de la acumulación de escombros. Todo pese a las denuncias vecinales y de que el ayuntamiento haya tenido que acordar precintos provisionales que, después, se han retirado. Además, también han advertido sobre la ampliación de la planta de tratamiento de residuos de titularidad municipal asentada en la misma partida. En esta línea, han emplazado a los seis grupos políticos a asumir su responsabilidad y atajar esos problemas.
El encargado de defender la propuesta ha sido el edil socialista Raúl Ruiz. El regidor ha insistido en que esta no es la primera ocasión en la que el PSOE plantea una iniciativa similar aunque ha justificado su necesidad en la "desesperación". "Este ayuntamiento no está haciendo nada sobre 17 puntos críticos detectados en esta partida y además no ha está actuando frente a la actividad de esta empresa que explota esa planta de escombros", ha dicho. "Ustedes ven en Fontcalent un espacio que puede esconder vertederos; nosotros vemos un espacio geológico de valor incalculable" que debería ser considerada paraje natural municipal y quedar preservada como zona saturada de residuos, según ha enfatizado.
El edil de Vox, José Bonet, ha subrayado que su formación ha venido denunciando los problemas de las partidas rurales desde el inicio del mandato. "En el caso de vertedero de la empresa Llegando a la Cima, ya hemos advertido del desastre ambiental que supone su actividad", ha incidido. En esta línea, ha sostenido que la empresa funciona "sin licencia de actividad y de obra" y ha emplazado a que se retire la acumulación de escombros. Eso sí, ha considerado que la planta de tratamiento de residuos no debería incluirse entre los objetos de esta futura comisión, puesto que ya existe una comisión sobre el servicio de limpieza.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también ha manifestado su apoyo a la propuesta al argumentar que "la situación problemática de las partidas se ha agravado con la actividad de esta escombrera". En esta línea, ha apuntado que resulta "difícil de entender" la sucesión de ordenes de precinto de la empresa y su posterior levantamiento. Igualmente, ha emplazado a desbloquear la propuesta para que Fontcalent pueda ser considerado paraje natural municipal. Su homólogo de Unides Podem, Xavier López, ha sostenido que "la situación de las partidas está al borde del colapso ecológico" por la actividad de las plantas de residuos "o la cementera". "No se puede consentir que alguien esté envenenando la tierra o que se agrave el estado de salud de las personas", ha recalcado. "Este es un asunto de ciudad y por ello vamos a apoyar esta moción", ha concluido.
La edil socialista Llanos Cano.
El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar.Por Cs, ha intervenido el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, quien ha sostenido que, en 2014, ya se aprobaron dos iniciativas de PSOE e Izquierda Unida, para que Fontcalent se declarase zona libre de residuos, sin que dos años y medio después de mandato del extinto tripartito, "llevasen a cabo ninguna de esas propuestas". Además, ha sostenido que la empresa Llegando a la Cima está tramitando la última licencia que resulta necesaria ante la Generalitat "en la que son ustedes, señores de la oposición, quienes tienen responsabilidades de gobierno". En esta línea, ha insistido en que el Ayuntamiento sí ha intervenido con varias órdenes de precinto de la empresa, aunque ha sostenido que existe un auto judicial que ampara el funcionamiento de la empresa en la parte en la que sí dispone de autorización. Con todo, ha señalado que "la Policía Local está acumulando actas para elevar un informe con el que se puedan tomar futuras decisiones" frente a "las sucesivas autorizaciones concedidas por el Consell del Botànic".
Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, han insistido en que la voluntad de la propuesta de esta comisión es llevar el tema "a un terreno asambleario cuando eso concluye en que no se tomen decisiones". Además, ha señalado que se está siguiendo el proceso legal necesario para actuar frente a la actividad, si es que resulta procedente, y ha sostenido que "no existen muchas alternativas, porque no podrán pretender que traslademos los vertederos a la Rambla". En esta línea, respecto a la planta de residuos de Fontcalent y la previsión de construcción de su quinto vaso de vertido, Villar ha apuntado que el PSOE ya barajó su construcción en el año 2025, así como la prórroga de la contrata de limpieza viaria y gestión de residuos por un periodo de cuatro años, "esa que ahora nos critican a nosotros ante la posibilidad de que la tengamos que acordar por un año", ha concluido.
En la réplica, Bonet ha insistido en que no sirve de excusa "traer aquí acuerdos anteriores del extinto tripartito; habrá que dar solución a la situación que tenemos lo más rápidamente posible". Bellido ha apuntado que Compromís ya ha presentado iniciativas sobre la situación de las partidas ante el Senado, al margen de las investigaciones que pueda estar llevando a cabo el Seprona de la Guardia Civil. Además, ha señalado que "hasta Vox le está diciendo que ya no vale lo de responsabilizar al tripartito"; se trata de "tener sensibilidad y buscar soluciones". López, por su parte, también ha incidido en que "el revisionismo de la historia para responsabilizar al tripartito ya no convence ni a la ultraderecha" y ha añadido que Unides Podem sí planteará abiertamente la necesidad del cierre del vertedero de residuos de Fontcalent.
Pérez ha anticipado que Cs se abstendría respecto a la propuesta y ha insistido en que debe abordarse una revisión del Plan General que regule los usos en el suelo rústico para evitar estas situaciones. Ruiz ha sostenido que el PSOE sí incluyó medidas para aplicar restricciones a la implantación de centros gestores de residuos y ha insistido en la necesidad de aplicar soluciones, al margen de los precintos policiales.
Finalmente, Villar ha sostenido que el objetivo del equipo de Gobierno, respecto a la planta de residuos de Fontcalent, es que "se lleven a cabo las inversiones que resulten necesarias y en esa línea estamos en conversaciones con la Generalitat". Así, ha insistido en que "estamos en contra de la comisión solo por el hecho de que se pretenda incluir entre su objeto de análisis la propuesta de cierre del vertedero de Fontcalent". Además, ha sostenido que esta comisión trata de "sustituir al reglamento de participación que acabamos de aprobar en este pleno".
Por último, el debate sobre la propuesta se ha saldado con el acuerdo de aprobación, gracias a los votos de PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox. Cs se ha abstenido mientras que el PP ha votado en contra.
