El decreto Simplifica modifica la norma estrella de la anterior Conselleria de Transparencia: las empresas ya no tendrán que cumplir con los aspectos sociales o medioambientales reflejados en ese texto a la hora de optar a adjudicaciones o subvenciones de la Generalitat, que se remite a la ley estatal
El órgano de asistencia jurídica advierte de que el régimen de multas puede ser considerado por el Constitucional contrario al principio de autonomía local y anima a la Generalitat a plantearse si las sanciones de un millón de euros son proporcionadas
Los voxistas fuerzan que el decreto de simplificación administrativa se tramite como proyecto de ley, por lo que los populares tendrán que modificarlo
