Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA (EP). El PSPV ha presentado en Les Corts una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, al proyecto de Decreto-ley 7/2024 de simplificación administrativa de la Generalitat, mientras Compromís ha registrado 56 enmiendas parciales. Vox también ha realizado enmiendas parciales al proyecto aprobado por el Consell.
En su enmienda a la totalidad, de 255 páginas, los socialistas denuncian que se trata de "un decreto omnibús que elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, ocho órdenes y más de 500 artículos vigentes de normas autonómicas", además de afectar a "normativas tan complejas como territorio, patrimonio cultural o medio natural".
Además, el PSPV señala que "la propia Abogacía de la Generalitat, en su informe preceptivo, advirtió que determinadas materias contenidas en el texto legal no han de tratarse por la fórmula empleada".
Otra de sus críticas es que, al pasar a tramitarse como proyecte de ley por la vía de urgencia, "acorta los términos para la participación pública" y "limita el debate parlamentario que requiere un proyecto de esta entidad".
"Las medidas que se adoptan bajo el paraguas de la mal llamada simplificación generan inseguridad jurídica y falta de garantías necesarias que debe garantizar la administración en cualquier tramitación o procedimiento", sostiene el PSPV en su enmienda, y defiende el marco normativo del anterior gobierno del Botànic.
Por su parte, Compromís ha presentado un total de 56 enmiendas parciales al plan Simplifica elaborado por la Generalitat. No han registrado enmienda a la totalidad porque considera que se alargaría más la tramitación, ya que actualmente está establecido el plan como decreto-ley y está vigente, explican fuentes del grupo parlamentario.
La mayoría de sus enmiendas se refieren a los aspectos de ordenación del territorio y energías renovables. Además, la coalición ha enmendado todo lo relativo a la "reducción de plazos de participación pública" respecto a la simplificación administrativa.
Respecto a la ordenación del territorio, las enmiendas van dirigidas a hacer frente al "viejo modelo especulativo" del PP, que, según censura la coalición, "prioriza el interés individual por encima del interés público y la preservación medioambiental".
En este contexto, Compromís niega que la Comunitat Valenciana tenga "un problema de falta de suelo" y aclara que tiene uno "de gestión del suelo clasificado y de necesidad de filtrar estos suelos que fueron clasificados, en gran medida, en tiempos de la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística". "Tiene 400 millones de m2 de suelo urbanizable y 50 millones de suelo urbano", concreta.
Al respecto, censura que convertir la estrategia territorial en "un instrumento puramente orientativo, como ahora quiere impulsar el PP", es "potenciar la especulación y no dar solución al problema de la vivienda". Además, critica, "atenta contra un crecimiento racional, destruye el territorio y funciones ambientales y redunda en un modelo contaminante y expoliador de los escasos recursos hídricos". Por ello, propone que esta estrategia "vuelva a ser vinculante" y que sirva "de filtro para cualquier desarrollo urbanístico".
En cuanto a las energías renovables, Compromís propone elaborar un Plan de Acción Territorial que fije "criterios claros" y que vele para "preservar el territorio y el medio ambiente", mediante la identificación de "las zonas más adecuadas para instalar prioritariamente las plantas de energías renovables".
De este modo, argumenta, se agilizaría "muchísimo" el trámite sin tener que hacer "multitud de informes en cada instalación y autorizando por licencia aquellos que se sitúan en las zonas de instalación prioritaria".
Sobre esta cuestión, lamenta que las "sucesivas modificaciones legislativas no han conseguido agilizar el despliegue de energías renovables" y cree que esta nueva regulación tampoco lo hará "de forma adecuada". Asimismo, indica que no se consigue una "adecuada conciliación" con el entorno al favorecer "un despliegue que atenta de pleno contra la agricultura".
Al margen de ello, la coalición ha presentado también sendas enmiendas de supresión del preámbulo del proyecto de ley de Simplificación Administrativa y de los artículos 9 y 12, así como de numerosos apartados de otros artículos y de varias de las disposiciones transitorias.
El tercer grupo de la oposición, Vox, también ha registrando durante este jueves por la tarde en Les Corts enmiendas parciales al texto de su exsocio de gobierno, hasta un total de 49.
Una de ellas, referente a las energías renovables, plantea eliminar la disposición que permite aumentar el límite de plantas fotovoltaicas por municipio, además de establecer "medidas restrictivas en cuanto a la fragmentación de proyectos que puedan suponer un fraude y se conviertan en macroproyectos".
"En cuanto a los sindicatos, consideramos que se tiene que eliminar la obligación de consignar partidas presupuestarias concretamente dirigidas a las organizaciones sindicales", explica el síndic de Vox, José Mª Llanos, en declaraciones remitidas a los medios.
Respecto a la Agència Valenciana Antifrau (AVAF), este grupo pide que sus sueldos se equiparen a los de los funcionarios de la Generalitat y no a los de Las Corts. Además, propone suprimir el mantenimiento del requisito lingüístico para el acceso a la función pública y "limitar la cuestión de los planes de igualdad" para que no se tengan en cuenta a la hora de optar a licitaciones y subvenciones públicas. "Si fuera por Vox, eliminaríamos todos los planes de igualdad porque no aportan nada", sostiene su síndic.
De su lado, el PP ha introducido un total de 39 modificaciones, fundamentalmente de carácter técnico y que afectan a áreas como la ley de ordenación del territorio, la clasificación de los hoteles, la regulación de los municipios turísticos, la clasificación de los campings, la gestión de las áreas industriales, la seguridad ferroviaria, los servicios sociales, los planes de igualdad de empresas, la tenencia de animales de compañía o la caza. En una de ellas propone que la futura Oficina Valenciana de Inversiones se adscriba a Presidencia.
Este jueves finaliza el plazo para presentar enmiendas totales y parciales a este decreto, que se tramita como proyecto de ley. Inicialmente se aprobó en el pleno del Consell antes de la salida de Vox del gobierno autonómico, que actualmente ostenta el PP en solitario y en minoría.
Sin embargo, el pasado julio, los tres grupos de la oposición pidieron que se tramitara como proyecto de ley. El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, trasladó previamente su predisposición a hacerlo así si había "alguna posibilidad" de que el decreto no fuera convalidado por el pleno de Les Corts, como sucedió.
El mes pasado, en el debate en comisión, el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, defendió que el proyecto de ley de simplificación administrativa de la Generalitat persigue dibujar un "camino más fácil" a la ciudadanía, la administración y las empresas, al tiempo que ofrece "más transparencia y claridad" a todas. También animó a los grupos a presentar enmiendas para mejorarlo y que tenga "mayor calidad": "Cuantas más, mejor".
