Foto: EDUARDO MANZANAELCHE. El Consell aprobó hace dos semanas su Plan Simplifica en el que modifica o elimina varias decenas de leyes y afecta a más de 500 artículos vigentes. El mismo permite agilizar los proyectos fotovoltaicos, así como una mayor laxitud para impulsarlos, lo que ha puesto en guardia a colectivos del Camp d'Elx, preocupados por cómo podría afectar esto al término ilicitano, en el que hay en trámite más de una treintena de proyectos, la mayoría pequeños, con nueve aprobados a nivel autonómico y dos macroplantas con permiso ministerial.
Entre las cuestiones medioambientales, la simplificación administrativa elimina el máximo del 3% de suelo no urbanizable común de cada municipio a ocupar por las energías renovables y se amplía al 10%, pudiendo superarse si la administración lo estima oportuno. También permite ocupar suelo protegido. Además, acorta el trámite de estas iniciativas (a una media de 18 meses), pudiendo declararse de interés para que se tramiten de forma urgente aquellas que a nivel autonómico se estipulen. Unas exigencias de reducción de la burocracia como pedía el sector, que no paró de denunciar el cuello de botella que había en el Botànic con el trámite de las solares, ya que hay iniciativas con años en lista de espera, o la suspensión en ciudades como Elche. Además, impide a los Ayuntamientos la suspensión cautelar de las licencias, como se ha hecho en varios municipios de la provincia, Elche inclusive, esgrimiendo el decreto que no tienen competencia para ello. La Unión Europea exige tramitarlos de forma acelerada por ser "bien de interés público".
De esta forma, se cumplen muchas de las demandas que pedía el sector, ya que solo se pueden exigir modificaciones de la iniciativa una vez en el proceso, y los informes sectoriales de las distintas consellerias unificarán criterios. Sin embargo, para plataformas vecinales y de desarrollo rural de Elche, así como la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables, el decreto permitirá de facto un menor control y mayor depredación del territorio. Esgrimen que se permiten ocupar suelos de elevada y muy elevada capacidad agrológica, y entienden que "con este decreto lo ponen muy fácil para los fondos de inversión y muy mal para el medio ambiente", señalan algunos integrantes vecinales.
Su perspectiva es que este decreto "ha cambiado lo poco restrictivo del Real Decreto 14/2020", el que a priori iba a impulsar las renovables en toda la Comunitat. Con todo, el articulado legislativo establece que los Ayuntamientos pueden eximirse de ese 10% de ampliación de la ocupación, y se busca que se puedan compaginar las iniciativas solares con la agricultura. En el caso de que fuera así, lo ocupado por los cultivos no computaría a efectos de ese 10%. También se promueve que los Consistorios tengan voz en el proceso, pudiendo alegar cuando afecte a bienes ambientales o patrimoniales, pero para estos colectivos se ve cercenada su ya poca capacidad de acción con la imposibilidad de que suspendan las licencias. Si bien no sería retroactivo y sí algo a aplicar de ahora en adelante.
Así, aunque el enunciado habla de la compatibilidad de ambas vertientes, así como de la protección ambiental, desconfían, porque ven que se vuelve a dar prioridad al suelo agrario abandonado, pero recuerdan que se están aprobando de facto iniciativas contrarias, señalando por ejemplo el proyecto de FV Argos (entre Villena y Salinas), de la que arguyen que la mitad de las 90 hectáreas del proyecto son de almendros en plena producción y otra parte forestal.
Para Mariano Tomás, portavoz de la coordinadora, "no ha existido ordenación del territorio como siempre pedíamos", y "todas las facilidades que se ponen a los macroproyectos contrastan con los obstáculos existentes para el autoconsumo y las comunidades energéticas. No se ha dado ningún paso para acelerar el autoconsumo". Y alude a que no se ha planteado que los puntos de producción se acerquen a los de consumo, reduciendo así los tendidos eléctricos y su ocupación de terreno.
Mantienen que en reuniones con altos cargos, como con el mismo director general de Energías y Minas, se les dijo que habría ordenación del territorio y que los ayuntamientos podrían decidir sobre su territorio y que no habría expropiaciones para fotovoltaicas, "limitándose únicamente a las líneas eléctricas". Para Tomás, "no sólo no han mejorado lo que había, sino que, ahora, se les ha facilitado a los promotores la implantación de instalaciones renovables en el mundo rural". Considera una "tomadura de pelo" que el 'interés público superior' que relata el decreto contribuyan a una mejor salud y seguridad del paisaje, la fauna o el territorio, porque ven evidente que va en la línea contraria, también para las personas, en materia de salud y seguridad por lo tendidos, por ejemplo.
Lamenta que no se plantee situar las fotovoltaicas en suelo industrial o más cerca de las ciudades, "están empeñados en que el mundo rural sea una vez más el patio trasero para las necesidades de las grandes ciudades, ¿para qué sirven entonces todas las políticas de desarrollo rural, lucha contra la despoblación o iniciativas de turismo interior?". De hecho, destacan que ahora pueden estar a menos de 500 metros de bienes de relevancia patrimonial, monumentos naturales o paisajes protegidos.
Entre las cuestiones que se suprimen, ponen de relieve que se elimine la necesidad de obtener 'autorización de implantación en suelo no urbanizable', que no se tengan como referencia planes territoriales como el Patricova, y que ahora sí se puede hacer la transmisión del proyecto a otro promotor aunque no disponga de autorización de explotación. "Incluso, antes de disponer de autorización administrativa previa", lo que favorece la figura de los conseguidores.
