ELCHE. Desde la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de Energías Renovables (Avaesen) advierten de que la decisión del Ayuntamiento de suspender la concesión de licencias urbanísticas para las plantas fotovoltaicas en el municipio "pone en riesgo el desarrollo de 24 proyectos que supondrían en torno a 100 millones de euros de inversión para el municipio ilicitano". No obstante, según fuentes del Consistorio, señalaron a este medio que la suspensión no afectaría a los proyectos que ya están en marcha, sino a nuevas solicitudes de licencia que entren a partir de la decisión adoptada. En ese caso, en todo caso se estudiaría caso a caso.
La asociación considera que puede perjudicar seriamente la imagen de un municipio al dejar en entredicho la seguridad jurídica puesto que "otras empresas e industrias podrían pensarse mucho invertir en municipios que no ofrecen garantías mínimas de salvaguarda, y más tratándose de algo tan sensible y capital para Europa como la inversión en energías renovables", señala el director general de Avaesen, Pedro Fresco, quien fuera director general de Transición Ecológica con el pasado Botànic II. Fresco añade que "si el Ayuntamiento quiere la plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables", destaca.
A raíz de esta suspensión de licencias, Avaesen estima que se pueden dejar de invertir alrededor de 100 millones de euros en la localidad ilicitana en los próximos años "y que el impacto sobre el empleo también será considerable, ya que dejaría de crear 500 puestos de trabajo directos durante el periodo de construcción de estas plantas y varias decenas más de puestos fijos durante los 30 años estimados de periodo de operación de las plantas".
Asimismo, Fresco advierte que los 24 proyectos fotovoltaicos en tramitación generan otro impacto económico directo, "el de arrendar el suelo para tres décadas, y esta suspensión retroactiva puede hacer que se cancelen esos arrendamientos existentes. Avaesen calcula que el perjuicio que esta cancelación generará sobre los propietarios de los terrenos en Elche será de aproximadamente 24 millones de euros en 30 años".
En este sentido, consideran que el Consistorio puede enfrentarse a responsabilidades jurídicas y patrimoniales por la suspensión de licencias de obra a proyectos fotovoltaicos ya que, "además de que los promotores de las plantas afectadas podrían denunciar los propietarios de los terrenos por daños y perjuicios al Ayuntamiento de Elche", y que los vecinos también podrían emprender acciones legales al ver cancelados sus contratos de arrendamiento a 30 años, "algunos de ellos inscritos en el registro de la propiedad y muchos de ellos incluso ya han pagado los impuestos de Actos Jurídicos Documentados por los 30 años de duración, dado que los arrendamientos son legales y estaban dentro del ordenamiento en el momento en el que se formalizaron".
En este sentido, el direictor general ha recordado al Gobierno del consistorio de Elche que "no debemos olvidar que la CNMC ya ha avisado que la instalación de energías renovables es una actividad sometida a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que limitaciones de este tipo suponen una restricción al ejercicio de esta actividad. Sólo imperiosas razones de interés general justificarían limitaciones de este tipo, que además deberían justificar la necesidad, la proporcionalidad y la ausencia de alternativas menos restrictivas", y ha añadido que "es evidente que una suspensión generalizada de licencias que aplica a multitud de pequeñas plantas fotovoltaicas en un municipio de casi 33.000 hectáreas no es ni proporcional ni justificado, y mucho menos cuando no se puede invocar la protección del medio ambiente al haber recibido muchas de estas plantas informes ambientales positivos".
Un buen número de las plantas solares fotovoltaicas tramitadas en Elche cuentan con todos los informes favorables, a falta de la licencia urbanística, lo que a juicio de Fresco "hace que la decisión del Gobierno de Elche sea irresponsable se mire por dónde se mire. Ya no por el quebranto económico para la Comunitat Valenciana, también por los cientos de miles de toneladas de emisiones de CO2 que se podría evitar emitir a la atmósfera con la construcción de las plantas proyectadas, algo que nos aleja de los objetivos de generación de energía renovable de la Comunitat Valenciana. Y, más teniendo en cuenta, que muchas de las plantas cuentas con todos los informes favorables de Medio Natural, Calidad Ambiental, Paisaje, Patricova, Confederación Hidrográfica, Urbanismo, etc. Y tan solo están pendiente de resolución por el Servicio Territorial de energía de Alicante".
