El Consell recurre a la vía del decreto ley para uno de sus planes estrella de la legislatura

VALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó el pasado martes el decreto ley de simplificación administrativa. Se trata de uno de los planes estrella del actual Gobierno autonómico y una de las principales promesas electorales del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El texto, según ha detallado a lo largo de los últimos meses, reduce la burocracia en todos los departamentos autonómicos al eliminar o modificar 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes. 

La ley modifica, efectivamente, multitud de normativa autonómica e introduce todo tipo de novedades. Además, se aprueba en un momento especialmente significativo, como es justo cuando se cumple el primer año de legislatura. Un periodo en el que los nuevos gobiernos aprovechan para llevar a cabo sus reformas legales de mayor relevancia como contraposición a la gestión del anterior ejecutivo. 

Y es precisamente por esa complejidad normativa por lo que resulta llamativo que el Consell haya recurrido al decreto ley. Esta fórmula para legislar está contemplada en la Constitución en caso de "extraordinaria y urgente necesidad" y se considera provisional debido a que se ve como una excepción en la separación de poderes, dado que el legislativo recae en los Parlamentos. Sin embargo, los gobiernos la usan habitualmente. De hecho, el propio PP ha criticado en numerosas ocasiones a Pedro Sánchez –e incluso a Ximo Puig– por el abuso de esta vía. 

La tramitación de un decreto ley resulta mucho más rápida y sencilla, pero existen menos controles. Aunque siempre suelen contar con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat, se evitan los informes de órganos como el Consell Jurídic Consultiu (CJC), encargado de velar por la legalidad y el ordenamiento jurídico en cada norma que sale de la administración pública.  

Además, se elude toda la tramitación ordinaria en Les Corts al no haber posibilidad de presentación de enmiendas ni de debate, lo que rebaja la fiscalización de los partidos de la oposición. Únicamente es necesaria una convalidación por el pleno del Parlamento autonómico. En este caso, se incluirá en el del próximo lunes, el último del actual periodo de sesiones.

El decreto incluye medidas en multitud de materias y de consellerias. Urbanismo, Economía, Medio Ambiente, Agricultura, Igualdad, Servicios Sociales, Transparencia... sin embargo, hay una ausencia destacada, y es la de Justicia. Una administración olvidada en muchas ocasiones y que seguramente también necesite de simplificación.