El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la portavoz y el portavoz adjunto de Vox, Carmen Robledillo y Mario Ortolá. ALICANTE. El pacto alcanzado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), con el grupo municipal de Vox por el que se garantiza la aprobación de los presupuestos de 2024 (con lo que se evita que se siga gestionando con el presupuesto prorrogado de 2022) abre una nueva etapa de colaboración política en la que el partido de Santiago Abascal deviene en una suerte de socio estable para los populares.
Así se traduce de los términos del acuerdo dados a conocer este martes, en el que se establece la creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de los dos partidos que se reunirá cada dos meses para evaluar el cumplimiento de las medidas de Vox que el PP se compromete a incorporar en su propuesta de planificación económica. En concreto, una veintena de propuestas reflejadas a través de enmiendas, a pesar de que, en principio, el informe técnico de resolución del conjunto de aportaciones evacuado por la Concejalía de Hacienda solo preveía la admisión de 16 de las sugerencias de Vox.
A ello se añade, además, la participación del grupo que lidera Carmen Robledillo en las sucesivas modificaciones de crédito que puedan promoverse a lo largo del año para incorporar remanentes de tesorería con los que impulsar nuevas actuaciones municipales, lo que permite que el PP también pueda garantizarse los votos necesarios para que esos previsibles ajustes contables salgan adelante en el momento en el que se plantee su votación en el salón de plenos.
Y, por si fuera poco, el pacto refleja que Vox también intervendrá en la redacción de la futura ordenanza reguladora sobre el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de que se haya alcanzado el compromiso de que dicha normativa no incluirá un posible régimen sancionador: la línea roja que había establecido Vox hasta ahora como condición para facilitar la aprobación de las cuentas. Por el momento, el PP ha esgrimido la existencia de informes técnicos y jurídicos (o como mínimo, de consultas) por parte de la secretaría general del Ayuntamiento y del departamento de Medio Ambiente en los que se concluiría que en el desarrollo de esa ordenanza no resultaría necesaria la sistematización de penalizaciones en forma de multa.
Está por ver si, a la postre, ese compromiso resulta realmente viable de forma definitiva (una hipótesis que PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem no contemplan) y, por tanto, si se hace efectivo en el momento en el que se cierre la redacción de esa nueva normativa, ahora en fase de elaboración, como mantiene el PP. En todo caso, el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, reiteró este martes -en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local- que el equipo de gobierno siempre ha mantenido que en Alicante no existe un problema de contaminación que obligue a acordar restricciones a la movilidad, con lo que no sería necesario aplicar sanciones en caso de incumplimientos.
Así, insistió en que el proyecto de la ZBE se había concebido como oportunidad para mejorar la movilidad en la ciudad con actuaciones de reurbanización de calles que conllevan el calmado de la velocidad de la circulación y la implantación de sistemas de control y monitorización del tráfico en tiempo real. Todo sin que se contemple acordar límites de acceso al centro, más allá de los que ya están implantados en las calles del Casco Antiguo, en los que solo se permite la circulación de residentes.
Sea como fuere, lo cierto es que esa alianza pergeñada con motivo de la tramitación de los presupuestos da pie a que Vox tenga una intervención directa en la acción política a desplegar por el PP hasta cierto punto similar a la que podría tener en el caso de formar parte del equipo de gobierno, aunque sin llegar a ostentar competencias ni delegaciones. El actual alcalde, Luis Barcala, rechazó esa posibilidad tras las elecciones del pasado 28 de mayo y optó por gobernar en solitario con los 14 concejales obtenidos al cierre del escrutinio en la noche electoral, aunque no llegase a disponer de mayoría absoluta, a diferencia de lo que se decidió en otras grandes poblaciones de la provincia como Elche o Orihuela, en las que sí se produjo un pacto de gobierno entre las dos fuerzas.
Es más, volvió a rechazar esa posibilidad en el transcurso de la primera reunión mantenida con los representantes de Vox en la ronda de contactos celebrada con el conjunto de grupos políticos previa al pleno de investidura. Lo hizo a sabiendas de que muy probablemente tendría que volver a necesitar los votos de Vox para aprobar los presupuestos municipales, como ya había sucedido en el mandato precedente con las cuentas de 2020, 2021 y 2022.
Eso sí, para entonces ya se atisbaba que el PP y Vox sellarían un acuerdo para gobernar juntos en la Comunitat, como acabó produciéndose días después, por lo que en ese momento el primer edil ya contaba con la existencia de cierta afinidad entre las direcciones regionales de ambos partidos que facilitaría la posibilidad de contar con su implicación para validar acuerdos municipales.
El acuerdo alcanzado en octubre en el Ayuntamiento de València entre los dos mismos partidos pudo haber abierto la puerta a que la alianza se reeditase también en Alicante. Pero, según fuentes consultadas, no llegó a contemplarse ese planteamiento de forma oficial. ¿Podría darse ahora ese paso? A priori, no parece probable que el PP lo plantee. Y tampoco que Vox esté esperándolo. Es más, fuentes de Vox señalaron este martes que su objetivo no es formar parte del equipo de gobierno, sino "trabajar en beneficio de la ciudad y de los alicantinos" en asuntos que el partido considera claves, como el descarte de un régimen sancionador que pudiese coartar la libertad de movimientos o que pudiese afectar al pequeño comercio del Centro.
Así, la vocación de Vox sería persistir en esa estrategia, sin que haya mediado la intervención o mediación de sus responsables autonómicos en la negociación del acuerdo presupuestario de Alicante, con los que se mantiene una relación de cierto distanciamiento después de que la presidenta provincial del partido, Ana Vega, haya sido sustituida como síndica portavoz en Les Corts por José María Llanos, y de que Alicante se haya quedado sin casi ningún representante institucional en la formación del Consell PP-Vox, al margen del secretario autonómico de Justicia, Eduardo Ruiz.
Ese pacto presupuestario se ha alcanzado, además, aun a riesgo de que el PP pueda acabar incumpliendo sus promesas tanto por lo que respecta a sanciones o restricciones en la ZBE o en lo que concierne a sus propuestas sobre el presupuesto. En ese caso, según las mismas fuentes, Vox siempre podría retirar su apoyo a futuras decisiones que pudiese promover el PP al producirse una pérdida de confianza, lo que supondría el cese de sus relaciones. En todo caso, se apunta que, hasta el momento, el PP sí ha cumplido el acuerdo previo auspiciado en torno a la nueva estructura orgánica municipal, con el único nombramiento hasta ahora de dos coordinadores generales y la directora general de Planeamiento.
Ahora bien, ¿existe peligro de que el acuerdo conocido este martes pueda exponer a Vox a una posible dilución por absorción? Fuentes del partido no contemplan esa posibilidad al defender la continuidad de su autonomía, ya que Vox no queda ligado a un pacto de gobierno propiamente dicho, como sí sucedió durante el pasado mandato en el caso de Ciudadanos (Cs), que pasó de cinco concejales en 2019 a ninguno en 2023, en un contexto general de retroceso de las siglas en el conjunto del país. No obstante, serán los votantes de Vox quienes tengan la última palabra en los comicios de 2027 si llegan a percibir que el partido en el que confiaron el pasado mayo no ha ejercido el papel alternativo al PP que les movió a depositar su confianza en él hasta el punto de propiciar que doblase su representación y pasase de dos a cuatro concejales.
