El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la portavoz y el portavoz adjunto de Vox, Carmen Robledillo y Mario Ortolá.ALICANTE. Vox se aferra a sus postulados y vuelve a poner en aprietos al equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), a la hora de buscar apoyos para sacar adelante su propuesta de presupuestos para 2024. Pese al optimismo que ya ha llegado a manifestar el mismo alcalde, Luis Barcala, los cuatro ediles del partido que preside Santiago Abascal persisten en fijar su línea roja en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el punto de exigir que los populares den a conocer la ordenanza que regulará su funcionamiento como condición previa para que se pueda contar con su hipotético respaldo en el momento en el que la planificación económica se eleve a debate en el pleno de la corporación.
En concreto, el grupo coordinado por Carmen Robledillo como portavoz pretende disipar toda posible duda sobre la posibilidad de que esa futura ordenanza prevea la imposición de multas en el supuesto de que lleguen a acordarse restricciones de acceso puntuales en las calles encuadradas en los dos anillos en los que se ha diseñado su implantación: uno exterior, sobre el eje de la Gran Vía, y otro interior, sobre el trazado de Federico Soto, Doctor Gadea y Alfonso El Sabio.
En esa hipótesis, Vox no dará su apoyo al presupuesto, a pesar de que el PP pueda promover la incorporación de todas o buena parte de la batería de enmiendas que el partido prevé registrar antes de que se cierre el plazo establecido, el próximo viernes 29 de diciembre. "No es una postura electoralista que adoptásemos durante la tramitación del presupuesto de 2023 para tratar de distanciarnos del PP ante la cercanía de los comicios municipales", apuntan fuentes de Vox consultadas por Alicante Plaza. "Lo hemos dicho y lo mantenemos: estamos en contra de que se restrinjan libertades de los ciudadanos y la ZBE es una condición innegociable", añadieron.
"Lo hemos venido advirtiendo de forma reiterada, con varias preguntas plenarias dirigidas al equipo de gobierno, y hasta el momento persisten en negar que vaya a aplicarse sanciones, aunque lo cierto es que sí se recogían en el proyecto que se presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica", insisten las mismas fuentes. De ahí que se inste al PP a presentar el detalle de cómo se pretende regular su puesta en marcha para certificar "el compromiso adoptado por el mismo alcalde, Luis Barcala, mediante la difusión de un vídeo durante la campaña electoral en el que se descartaba que la ZBE conllevase la aplicación de sanciones".
Lo cierto es que, hasta ahora, el equipo de gobierno no ha precisado ningún avance concreto sobre la regulación de la ZBE más allá de reiterar que su entrada en funcionamiento no conllevará restricciones a la movilidad para los propietarios de ningún tipo de vehículo, en la medida en que, según el PP, por el histórico de datos acumulados sobre la calidad del aire, en Alicante no se superarían los niveles límite de contaminación.
Así lo han venido explicando tanto el alcalde como el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, cada vez que se le ha cuestionado al respecto, aunque sin desgranar detalles específicos sobre las normas de funcionamiento de la ZBE con el argumento de que la ordenanza reguladora se encuentra en proceso de elaboración. A priori, esa normativa no será estrictamente necesaria hasta el próximo mes de junio, ya que ese es el nuevo plazo acordado para la puesta en marcha de la red de control, conformada por estaciones de medición, sensores y cámaras inteligentes, adjudicada a TEVA para tener un seguimiento sobre el desplazamiento de vehículos en los dos circuitos de la ZBE.
Alicante se da seis meses más para implantar la red de control de la Zona de Bajas Emisiones
En cualquier caso, la exigencia de Vox podría acabar abocando al PP a buscar apoyos entre los grupos políticos del eje progresista: PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Los populares necesitan como mínimo de una abstención de alguno de los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición, al gobernar en situación de minoría con 14 concejales sobre una corporación de 29 ediles.
De ahí que, de persistir el rechazo de Vox (aun habiendo amparado la propuesta presupuestaria en los cuatro organismos autónomos municipales y, a pesar de compartir responsabilidades de gobierno al frente de la Generalitat), el PP se vería forzado a recurrir a la bancada de la izquierda para no acumular dos años consecutivos con un presupuesto prorrogado. Con todo, por el momento no ha trascendido que se haya registrado ningún intento de acercamiento con ningún otro grupo político.
De hecho, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han recriminado al PP que no haya promovido una negociación real y que se haya limitado a proporcionar una información general sobre su propuesta presupuestaria en la única ronda de reuniones informativas celebrada hasta ahora. Así, en último término, todo parece apuntar que el futuro del proyecto económico del PP para el próximo ejercicio podría depender de la fase de incorporación de enmiendas.
