El edil de Hacienda de Alicante, Toni Gallego, en un encuentro con los representantes de Vox. ALICANTE. La pelota vuelve a rodar en el partido sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), trata de retomar la tramitación de las cuentas del próximo ejercicio (la planificación de la que dependen la prestación de servicios públicos municipales, la construcción de equipamientos o la reurbanización de barrios) después de dar por superadas cuatro situaciones complejas relacionadas con la renovación de otras tantas ordenanzas hasta cierto punto controvertidas. Se trata de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), de la ordenanza de Limpieza, de la ordenanza fiscal sobre la tasa de residuos y la ordenanza de Ocupación de Vía Pública (que, entre otros puntos, regula los horarios de las terrazas de la hostelería), que quedó dictaminada favorablemente en comisión este viernes.
Para lograr que los cuatro acuerdos vayan a quedar aprobados, los populares han tenido que buscar equilibrios a derecha y a izquierda, flirteando con al menos tres de los cuatro partidos que ejercen funciones de oposición. Eso sí, solo ha conseguido cerrar acuerdos con dos de ellos: Vox y Compromís. Los voxistas, que vienen siendo socios preferentes desde el pasado mandato, han posibilitado que se aprobase la regulación de la ZBE y la ordenanza de Limpieza, no sin sacar su propia tajada política: el rédito de poder vender ante la ciudadanía aspectos como la ausencia de limitaciones adicionales a la movilidad o el incremento en las sanciones por ensuciar la vía pública como elemento disuasorio de comportamientos incívicos con el fin de mejorar la imagen urbana de la ciudad (uno de los principales debates pendientes de solución desde al menos una década).
Por su parte, la ordenanza de Ocupación de Vía Pública acabará quedando ratificada gracias a los votos de Compromís, que también pretende anotarse al tanto de haber introducido límites en el horario de actividad de las terrazas de la hostelería como medida para reducir molestias por ruido y favorecer el descanso vecinal. Eso sí, después de una aproximación infructuosa con Esquerra Unida Podem, el caso de la ordenanza fiscal que regula el recibo de la basura ha sido distinto: con cálculo previo o no, el PP pudo aprovechar la inasistencia de uno de los cuatro concejales de Vox (su portavoz adjunto, Mario Ortolá, que se encontraba en el hospital con motivo del alumbramiento de su segundo hijo) para aprobar el incremento de la tasa gracias al voto de calidad del alcalde que deshizo el empate a 14 votos entre los representantes del PP y los de la suma de PSOE (8), Vox (3, sin Ortolá), Compromís (2) y Esquerra Unida Podem (1).
Está por ver si el PP puede disponer de nuevo de esa ventaja para aprobar de forma definitiva la subida de la tasa contando con la baja por parternidad de Ortolá, toda vez que un informe jurídico elaborado por el secretario general municipal confirma la incompatibilidad de esa situación con la posibilidad de que pueda participar en las sesiones plenarias. Así se puso de manifiesto, de hecho, en el desenlace del pleno extraordinario celebrado este viernes, en el que se aprobó destinar 1,5 millones de remantes municipales en ayudas para los damnificados de la Dana de Valencia, aunque Vox ya ha anticipado su intención de recurrir la exclusión de Ortolá, al considerar que se había vulnerado su derecho fundamental a la participación política.
Sea como fuere, el PP mantiene el propósito de seguir apostando por la multilateralidad a la hora de buscar los votos que permitan garantizar la aprobación del presupuesto de 2025, que ya está en manos del departamento de Intervención municipal. Al menos, parte del documento de la cuenta general con la intención de que se pueda adelantar el trabajo de fiscalización previa antes de que la propuesta se eleve a consideración del pleno.
El mismo alcalde, Luis Barcala, confirmó este viernes que el PP está abierto a alcanzar acuerdos con cualquiera de las formaciones políticas representadas en el ayuntamiento, sin querer ligarse de forma permanente a ninguna de ellas, a pesar de que Vox ha venido ocupando el papel de aliado prioritario y sigue contando como primera opción.
De ahí que los populares hayan tratado de acelerar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Vox el pasado enero, precisamente, para poder aprobar el presupuesto de este año. El último de ellos se materializó este jueves, con la puesta en marcha de la oficina de apoyo a la maternidad entre protestas y advertencias de "ilegalidad" por parte de los partidos progresistas. Y el próximo se ejecutará este próximo martes: la inauguración de la oficina contra la ocupación ilegal.
Así que el PP trata de tener de nuevo el camino despejado ante la posibilidad de verse forzado a recurrir a Vox para aprobar las próximas cuentas, después de que los voxistas hayan advertido que no se sentarán a negociar si no se da salida a todos los puntos reflejados en el acuerdo de este año. Por lo pronto, lo cierto es que Vox no ha secundado de forma explícita (ha optado por abstenerse) los presupuestos de los cuatro organismos autónomos que ya han quedado dictaminados a favor: los del Patronato de Vivienda, de la Agencia de Desarrollo Local, el Patronato de Escuelas Infantiles o el Patronato de Turismo.
De hecho, en las cuentas de este organismo, Vox llegó a votar inicialmente en contra, y solo movió su posición hasta la abstención después de que los representantes empresariales del sector también rectificasen su postura una vez que el PP se avino a incrementar la partida destinada a subvenciones para acciones de promoción hasta los 650.000 euros. Así que todos los escenarios están abiertos con la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras formaciones, como ha sucedido con Compromís. "Lo he dicho muchas veces; la voluntad de negociar siempre está y eso queda demostrado en que somos capaces de negociar con distintos grupos distintas cosas y eso no nos condiciona para negociar y poder aprobar cosas con otros", explicó el mismo Barcala este viernes. "Y a los propios grupos tampoco les condiciona", añadió. "Intentamos agotar siempre al máximo el diálogo con todos los grupos", concluyó.
Entre tanto, el equipo de gobierno aprobó este jueves, en una reunión extraordinaria de la Junta Local, una modificación presupuestaria sobre las cuentas del Patronato de Turismo correspondientes al ejercicio de 2024 con el que se dispone de más de 1,3 millones de su remanente para cubrir pagos pendientes por la prestación del servicio de salvamento y socorrismo en playas.
Se trata del importe derivado de la prestación del servicio durante el tiempo en el que siguió a cargo de la UTE Ebone-Embesur, después de que desistiese del año de contrato que todavía tenía por delante, hasta el momento en el que pudo licitarse y adjudicarse un contrato renovado, en el que se incorporó por primera vez la extensión de la vigilancia hasta la Playa de San Gabriel.
