ELCHE. La denuncia fue presentada el pasado mes de junio, pero no ha sido hasta este mes de enero cuando el juzgado instrucción número de tres de Elche ha admitido a trámite la querella interpuesta por Laoom Comunicación contra la empresa Ilitia Mediterránea S.L. y sus administradores, Santiago Pomar Milvaques y Laura Chazarra Cámara, por un presunto delito de estafa y falsedad documental.

La querella, presentada por el abogado Francisco José Gómez Iglesias, sostiene que Ilitia Mediterránea habría incurrido en prácticas fraudulentas contra diversas empresas proveedoras, generando un elevado volumen de impagos antes de su declaración en concurso de acreedores en julio de 2024. 

La admisión de la querella supone el inicio de una investigación judicial sobre las prácticas financieras de Ilitia Mediterránea, cuya deuda ascendía a 2,5 millones de euros en el momento de su insolvencia, cuando se se declaró en concurso de acreedores. A pesar de haberse beneficiado de numerosas adjudicaciones públicas para la gestión de instalaciones deportivas y cafeterías en institutos de la Comunitat Valenciana, la empresa cesó pagos a proveedores y trabajadores, lo que provocó la rescisión de contratos y denuncias por impagos.

El juzgado ha fijado para el 25 de febrero de 2025 la declaración de los querellados, los dos socios de la mercantil, Santiago Pomar Milvaques y Laura Chazarra Cámara, y contra el representane legal de Ilitia Mediterránea S.L. Asimismo, el magistrado ha ordenado a Banco Santander que certifique quiénes figuraban como titulares y autorizados en las cuentas bancarias de la empresa en el momento de los hechos.

El abogado Francisco José Gómez Iglesias ha manifestado que la admisión de la querella representa un paso importante para esclarecer las responsabilidades en la gestión de Ilitia Mediterránea y sus consecuencias económicas. Con esta investigación, se busca determinar si existió un plan premeditado de fraude a proveedores, en cuyo caso los responsables podrían enfrentarse a consecuencias penales y civiles.

Hay que recordar que Ilitia gestionaba muchas cafeterías e instalaciones deportivas de municipios de la Comunitat Valenciana, pero también de otras comunidades y dependencias del Ministerio de Defensa. Cuando comenzar los problemas de los impagos, muchos de esos contratos fueron rescindidos. Entre ellos, uno de los más conocidos fue el de la piscina cubierta de Calp, que acabó con la rescisión de la adjudicación y el cierre de la instalación municipal.

Paralelamente, se produjo el concurso de acreedores de Ilitia, que fue cerrado por el juzgado de lo mercantil el pasado mes de octubre, después de que la empresa no tuviera suficiente masa para hacer frente a los 2,5 millones de euros de deudas que mantenía con diversos proveedores.