ALICANTE. El presupuesto trazado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), para este 2024 quedará aprobado de forma inicial este martes, en el transcurso de un pleno extraordinario. Salvo cambio de criterio que nadie espera, la propuesta de planificación económica sumará los votos a favor de los 14 concejales populares y de los cuatro representantes de Vox en virtud del acuerdo alcanzado el pasado lunes.
Ese acuerdo acabó fraguando después de que el PP asumiese hasta 20 de las 26 propuestas planteadas por el partido de Santiago Abascal en vía de enmiendas (más de las admitidas en el informe de resolución emitido por los técnicos de la Concejalía de Hacienda), bien ahora, o bien aplazadas hasta la incorporación de remanentes, en un proceso que queda sujeto a negociación y revisión permanente, a través de reuniones periódicas, con las que los populares se habrían garantizado -como mínimo, a falta de que puedan sucederse futuros acontecimientos políticos- el respaldo de Vox como socio estable para aprobar las sucesivas modificaciones de crédito que puedan plantearse, como ya ha precisado este diario.
Pero no solo eso. La entente entre partidos incluía otro acuerdo paralelo respecto a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE): el sistema de reducción de la contaminación que deben implantar todos los municipios de más de 50.000 habitantes, en función de la normativa comunitaria traspuesta a España, a través de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética. En concreto, como es conocido, en ese pacto se establece el compromiso de que la regulación de las normas de funcionamiento de esa ZBE -todavía en fase de elaboración- no incluirá la aplicación de restricciones a la movilidad ni tampoco sanciones. Es decir, las condiciones que Vox había exigido públicamente como condición indispensable para aprobar los presupuestos desde el pasado mandato, en sintonía con la estrategia adoptada por el partido en el conjunto del país, tras convertir el rechazo a las ZBE en parte de su ideario, y negar la necesidad de que se deban adoptar medidas que restrinjan libertades con la excusa de combatir la emergencia climática.
Lo cierto es que el PP ya venía manifestando esa promesa con carácter previo, al incidir en que en Alicante no se dan registros de contaminación atmosférica que motiven la adopción de restricciones a la movilidad, a pesar de que el proyecto con el que se logró la concesión de 15 millones de fondos europeos para llevar a cabo la implantación de esa ZBE sí las contemplaba, con el reto de reducir el tráfico en un 20% (esencialmente, gracias a la eliminación y estrechamiento de carriles en algunos de los ejes principales del Centro, aunque no solo con ello).
La novedad que se acompañó el pasado lunes al comunicar la existencia del pacto con Vox es que se dispone de dos informes que vendrían a avalar que la ordenanza reguladora de la ZBE no incorpore un régimen sancionador. Al menos por el momento.
Se trata de un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento, y otro por el departamento de Medio Ambiente. Su contenido concreto no se ha hecho público hasta ahora. Con todo, sí se ha apuntado que en ellos se concluiría que, en la actualidad, no existe obligación legal de que la ordenanza reguladora incorpore un régimen sancionador para regular el funcionamiento de la ZBE. Básicamente, porque existen distintas interpretaciones sobre cuál es la fecha límite marcada por la Unión Europea y por el Gobierno central respecto al momento concreto en el que deben entrar en funcionamiento esos sistemas de control, con aplicación de sanciones. Fuentes municipales consultadas indicaron que en algunas disposiciones se habla de 2030 o incluso de 2040. Es más, en el caso de Elche, por ejemplo, la ZBE aprobada el pasado de diciembre fija la aplicación de restricciones para el año 2049.
Así que el acuerdo con Vox solo haría que aprovechar esa indeterminación actual y aplazar la concreción de ese régimen punitivo (lógico y preceptivo para procurar el cumplimiento de las directrices establecidas en todas las ordenanzas reguladoras) que, por otra parte, sí están previstas en el Reglamento estatal dictado en diciembre de 2022, a través del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. En concreto, es el artículo 15 de ese reglamento el que concreta la aplicación de sanciones al señalar que: "En el supuesto de que no se respeten las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento derivadas de las ZBE, conducta constitutiva de la infracción tipificada como grave en el artículo 76 z3) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, será de aplicación el régimen sancionador previsto en el título V de dicha norma".
¿Qué es lo que establece dicho artículo del título V de esa ley? Que, en efecto, se establecerán sanciones por incumplimiento de las normas de la ZBE. En concreto, se apunta que tendrán la consideración de infracciones grave "no respetar las restricciones de circulación derivadas de la aplicación de los protocolos ante episodios de contaminación y de las zonas de bajas emisiones". Es más, en el artículo 80 de esa misma Ley se determina incluso la cuantía tipo que debería aplicarse en caso de incumplimientos: 200 euros, como se prevé de modo genérico para todas las infracciones de carácter grave.
Esas determinaciones que, antes o después, obligarán a reflejar esas sanciones en la ordenanza a elaborar para la ZBE de Alicante (otra cosa es que, más tarde, llegue a ser necesario ordenar restricciones que puedan generar incumplimientos y, por tanto, multas) no son una circunstancia desconocida que PP y Vox hayan pasado por alto, en la medida en que se da por hecho que están recogidas en el informe evacuado por la Secretaría del Ayuntamiento. Así que el acuerdo presupuestario con la apostilla sobre una ZBE (sin multas) vendría a ser la escenificación de un entendimiento político entre dos partidos que, de hecho, están casi obligados a entenderse por la existencia de un acuerdo autonómico de gobierno al frente de la Generalitat, a pesar de que no formen un bipartito de facto en el Ayuntamiento de Alicante, como el que sí se formalizó durante el pasado mandato entre PP y Ciudadanos (Cs). Al menos, no por ahora. Y no parece que exista intención de constituirlo a corto plazo.
Eso sí, ese pacto presupuestario permite, además, presentar a ambas formaciones como ganadoras, en lo que el mundo de los negocios se ha venido a conceptualizar como un win-win, con un resultado satisfactorio para los representantes de las dos siglas políticas al poder argumentar que las dos han conseguido sus objetivos. El PP logra aprobar el presupuesto más importante del mandato (el que marca el camino para los posteriores e incluye la planificación de proyectos que se desarrollarán en los tres años posteriores), con el aliciente adicional de poder argumentar que ya habían mantenido que en la ZBE no se aplicarían multas. Y Vox puede presentar como supuesto triunfo el hecho de haberse salido con la suya y de haber impuesto al PP sus condiciones, ante el riesgo de que pudiese trasladarse a la opinión pública que la idea de que el partido esté entregado a la voluntad del PP hasta el punto de convertirse en su muleta en la que apoyarse para sacar adelante su gestión.
Todo, a pesar de tener la conciencia real de que el acuerdo en realidad no deja de ser un paripé con el que se da una patada hacia adelante a la regulación de la ZBE, y de ser sabedores de que haber sanciones, las habrá. De hecho, ya se están regulando en otras grandes capitales como Madrid, Barcelona o València (y no precisamente por gusto, sino porque existe la obligación legal), a pesar de que algunas de esas regulaciones hayan sido objeto de recurso y hayan quedado anuladas por la justicia, como en el caso de la aprobada inicialmente en Barcelona, en 2020, tumbada en sentencia ya ratificada por el Tribunal Supremo (TS). Eso sí, en ese caso, la anulación se acordó al concluirse que resultaba excesiva en su ámbito de aplicación (extensión territorial) y no por ilegal o innecesaria. Tanto es así que, su ayuntamiento aprobó una nueva versión de su ordenanza (y de su régimen sancionador) en enero de 2023 que sigue en vigor, aunque también ha sido recurrida.
Así que esa ordenanza reguladora con las correspondientes sanciones también llegará a Alicante... excepto que la tortilla política o económica dé la vuelta y un cambio de gobierno (en España o en la Unión Europea), o las presiones que pueda ejercer el sector automovilístico acaben derogando ese sistema de control de emisiones contaminantes, que puede limitar la producción de vehículos a motor de combustión, en un contexto en el que la alternativa de las baterías todavía no es todo lo competitiva que debería, según apuntan fuentes de Vox. Mientras tanto, en Alicante se gana tiempo, aunque ello haya supuesto un efecto no buscado: que, a la postre, el debate se haya desplazado hacia el proceso de regulación de la ZBE, en lugar de sobre el presupuesto en sí mismo, en el que se contempla la contratación de un crédito de más de 48 millones para financiar distintas inversiones para transformar la ciudad, por medio de un plan de actuaciones con desarrollo plurianual.