ALICANTE. Los movimientos políticos se suceden en la antesala de la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante, pese a que todavía sigue sin existir fecha cierta para que la propuesta de planificación económica pueda someterse a votación. Por lo pronto, los tres partidos opositores del eje progresista, PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís, acaban de cerrar uno de los primeros acuerdos conjuntos frente a la capacidad de maniobra del bipartito (PP y Cs) con el propósito de favorecer el debate político y el control de la acción de gobierno durante el desarrollo de los plenos municipales.
En concreto, los portavoces de las tres formaciones (Paco Sanguino, Xavi López y Natxo Bellido) concertaron este miércoles la presentación de una propuesta común para que se produzca la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) con el objetivo ya anticipado por Unides Podem: tratar de atajar lo que consideran un exceso de prerrogativas del alcalde, el popular Luis Barcala, o una interpretación abusiva del reglamento actual, a la hora de precisar cuáles de sus iniciativas pueden debatirse en el pleno como mociones (con efectos vinculantes para el equipo de Gobierno).
Se trata de uno de los compromisos adquiridos por el tripartito durante el pasado mandato que no llegó a ejecutarse y que tampoco prosperó durante el primer año de Alcaldía de Barcala, cuando sí se votó una propuesta de modificación parcial a instancias de la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, para que se reconociesen derechos económicos y políticos como concejal no adscrita.
Todavía no han trascendido los términos concretos en los que se podría plantear esta nueva propuesta de reforma del ROP, ni si se registrará para que se tenga en consideración en el pleno ordinario de enero. No obstante, el pacto a tres bandas cobra especial trascendencia en el contexto de la negociación de los presupuestos municipales de 2020. Los tres partidos vienen advirtiendo desde diciembre sobre la dificultad de que puedan apoyar las cuentas del bipartito incluso antes de que se les haya facilitado un borrador. Y los tres reforzaron ese mensaje este mismo miércoles con otras tres reivindicaciones distintas. El PSPV-PSOE instó a PP y Cs a excluir a Vox de las negociaciones sobre el presupuesto como condición para dialogar sobre su posible apoyo. Unides Podem reivindicó inversiones reales en barrios, con actuaciones concretas en San Blas. Por último, Compromís reclamó que el presupuesto contemple los recursos necesarios para dar uso a las dependencias del edificio del Ayuntamiento que permanecen vacías desde que se finalizase su rehabilitación, en 2017.
Es cierto que ninguno de los cuatro grupos de la oposición ha dado por cerrada su posición de voto sobre el presupuesto. Tampoco Vox. Pero todos sí han comenzado a fijar sus propias condiciones a cambio de su apoyo, que no parece que puedan ser asumidas por el bipartito. Como mínimo, no por Cs, por lo que respecta al recorte de fondos para Cooperación y el área LGTBI que plantea Vox.
Así, PP y Cs continúan sin tener garantizada la mayoría simple que necesitan para que el presupuesto prospere (más síes que noes), pese a que en las filas de algunos grupos, como Vox, ya se especule con la posibilidad de que Compromís opte por abstenerse, como ya ha sucedido en la votación del primer presupuesto presentado por el popular Carlos Mazón como presidente de la Diputación Provincial. Hasta ahora, en Compromís no se contempla esa posibilidad ni la valoran en la medida en que todavía no se conoce qué se plantea en el presupuesto del bipartito.
Mientras, PP y Cs siguen inmersos en negociaciones internas paralelas como la posibilidad de suprimir el Patronato de Vivienda, la contratación de más asesores, la delimitación de competencias concretas de cada concejalía y la reorganización de sus respectivos organigramas, con el correspondiente refuerzo de personal al que se daría cabida a través del presupuesto.