Un momento de la protesta convocada por la Plataforma en Defensa del Puerto frente al proyecto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El litigio por el rechazo del permiso municipal para la construcción de la planta de almacenaje de combustible promovida por XC Business 90 en el Puerto de Alicante quedará resuelto, finalmente, antes de que la Conselleria de Transición Ecológica pueda tramitar el informe de evaluación ambiental sobre el proyecto. De hecho, el expediente de esa evaluación todavía no se ha iniciado, a la espera de que se pueda disponer del proyecto completo, según concretaron portavoces del departamento autonómico.
Fuentes de la compañía indicaron este miércoles que, en realidad, el contencioso presentado frente a la denegación de esa licencia está ya visto para sentencia desde finales de 2020, después de que los servicios jurídicos municipales hiciesen efectiva la contestación a la demanda. En principio, según las mismas fuentes, el titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante podría pronunciarse a lo largo del mes de febrero, si no antes.
La sentencia debe concretar si procede que Concejalía de Urbanismo conceda licencia de obra mayor para la construcción de los seis macrodepósitos proyectados en la terminal de mercancías que gestiona TMS por silencio administrativo positivo, toda vez que, según la compañía, habrían transcurrido nueve años desde que se registró el proyecto y siete, en concreto, desde que se solicitó ese permiso, sin que se hubiese producido respuesta municipal hasta septiembre de 2019. En ese momento, el departamento que coordina el edil Adrián Santos Pérez (Cs) rechazó esa solicitud al considerar que la XC Business había planteado una doble petición de licencia (ambiental y de obra mayor) por lo que, en realidad, correspondía aplicar el silencio administrativo negativo, a partir de lo que se establece en la ordenanza municipal que regula la concesión de licencias urbanísticas, aprobada en 2017, para los casos en los que se demande una licencia ambiental asociada a una licencia de obra mayor.
Además, en esa resolución, Urbanismo añadía que el supuesto retraso en la tramitación del expediente no podía atribuirse a la administración municipal en la medida en que la empresa no había aportado hasta julio de ese año 2019 la autorización de la Autoridad Portuaria para la ocupación de superficie en la terminal de mercancías (el momento en el que se aprobó), pese a que la propia concejalía instó a que la presentase en diciembre de 2017 (año y medio antes).
E igualmente, como también informó este diario entonces, en ese mismo trámite de denegación de licencia, Urbanismo mantenía el expediente de solicitud de licencia en trámite e instaba al Consell a pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto reclamando la emisión de informes a la Conselleria de Justicia (que asume la responsabilidad sobre el área de Emergencias) y a la Conselleria de Transición Ecológica (competente en materia de medio ambiente).
XC Business sostiene que existen precedentes similares como el de un centro de distribución de carburantes en el Pla de la Vallonga al que se le concedió licencia por silencio administrativo positivo
Esas apreciaciones se consolidaron, después, a partir de la emisión de un informe jurídico elaborado en febrero de 2020 en el que se concluía que, a la vista de las características del proyecto, y del momento en el que XC Business completó el trámite de presentación de toda la documentación (finales de 2018), la empresa estaría legalmente obligada a obtener una declaración de impacto ambiental favorable. Es decir, la evaluación que todavía no se ha iniciado.
No obstante, XC Business considera que esas apreciaciones son erróneas y que la denegación de su permiso carece de fundamentación. Es más, defiende que para tratar de justificar esa decisión, el ayuntamiento habría tratado de aplicar una legislación posterior al momento de presentación de la solicitud de la licencia, con la finalidad de requerir ese trámite de evaluación ambiental, pese a tener conocimiento de que esa normativa no era la que correspondía tener en cuenta.
Además, fuentes de la compañía sostienen que existen otros casos precedentes, en los que se solicitó la concesión de una licencia ambiental y de obra mayor, y sí se concedió ambos permisos por silencio administrativo positivo. Se trataría, por ejemplo, del caso del proyecto de instalación de un centro de distribución de combustibles promovido por la empresa Petroalacant en el Pla de la Vallonga, al que el Ayuntamiento sí le facilitó los permisos requeridos en 2010, después de que hubiesen transcurrido más de seis meses desde el registro de su solicitud.
En todo caso, además, las mismas fuentes inciden en que, en el caso de que el juzgado rechaza su reclamación, no implicaría que el proyecto quedase desestimado, sino que supondría el reinicio del proceso de petición de licencia con la consiguiente demora.
En paralelo, en cualquier caso, también existe un segundo contencioso iniciado a instancias de la Plataforma por un Puerto Sostenible contra la modificación de la concesión portuaria aprobada por el consejo de administración del Puerto por el que se daba encaje a la instalación de la planta de almacenaje. El colectivo que agrupa a colectivos vecinales y asociaciones ecologistas también aguarda en breve la resolución de ese recurso, con el que confía en que se revoque esa modificación concesional promovida por TMS.
