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cambio en la concesión que los ampara avalado por la abogacía del estado

El Puerto concluye que los depósitos son viables y los deja en manos de Alicante y del Consell

26/07/2019 - 

ALICANTE. El proyecto para la instalación de una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos (hasta ahora ampliable en otros 12 en una segunda fase) en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante queda ahora bajo la competencia del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalitat. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria, celebrado este jueves, acordó aprobar la modificación sustancial de la concesión solicitada por Terminales Marítimas del Sureste (TMS) con la que se da encaje a esos silos, como ya ha informado Alicante Plaza

El acuerdo se adoptó tras comprobar que, en realidad, no existe impedimento legal o urbanístico alguno para bloquear su asentamiento, según la información facilitada por fuentes oficiales de la Autoridad Portuaria. Así quedaría certificado, según las mismas fuentes, en el informe evacuado por la Abogacía del Estado al respecto, en respuesta a las más de mil alegaciones presentadas durante la fase de exposición al público de la propuesta de modificación. En suma, ese dictamen establecería que la tramitación de la solicitud es un acto reglado y que no cabe otra opción que concederla al ser ajustada a ley. 

Así, todas esas objeciones (que subrayaban la cercanía respecto a zona residencial, entre otros aspectos como la dudosa solvencia del proyecto o su falta de concreción respecto a su segunda fase), quedaron desestimadas a excepción de dos: se acepta la necesidad de elaborar un estudio de integración paisajística y un plan interior marítimo. 

De este modo, al margen de la posibilidad de que el Ayuntamiento de Alicante estudie impugnar el acuerdo de modificación en vía judicial, o de que se entablen conversaciones con TMS para reorientar sus objetivos hacia otras actividades económicas (como anunció el alcalde, Luis Barcala, a través de un comunicado, también este mismo jueves), el proyecto continúa su recorrido administrativo.     

A partir de ahora, TMS o la empresa promotora del proyecto, XC Business 90, deben solicitar las correspondientes licencias de obra y permisos de actividad tanto ante el Ayuntamiento de Alicante como ante la Generalitat. Lo cierto es que, hasta ahora, la Concejalía de Urbanismo ya ha evacuado un primer informe de compatibilidad urbanística, fechado en el año 2014, en el que se daba alas a su tramitación, como informó Alicante Plaza.    


En esta nueva fase de tramitación, el proyecto quedará bajo el escrutinio del edil de Ciudadanos (Cs) que dirige ahora ese departamento municipal, Adrián Santos Pérez. Su partido también se posicionó en contra de la instalación de los depósitos en el pleno de octubre de 2018, en el que se aprobó una declaración institucional contra el desarrollo del proyecto. Por lo pronto, la primera y única valoración pública del equipo de Gobierno tras la concesión de la modificación sustancial la ofreció el propio alcalde, el popular Luis Barcala, a través de un comunicado en el que no se incluyeron manifestaciones de Pérez. Se desconoce si, en los meses en los que se ha prolongado la fase de resolución de las alegaciones, se ha evacuado nuevos informes municipales de valoración del proyecto.       

Sea como fuere, la segunda criba que puede resultar determinante será la que deban formular instancias autonómicas con competencias sobre cuestiones ambientales, de seguridad y de prevención de emergencias, como ya se ha venido apuntando desde que se conoció la reactivación de la propuesta sobre el almacenaje de combustibles. 

En concreto, fuentes consultadas por este diario apuntaron que en el artículo 36 de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, se establece la necesidad de la emisión de un informe de evaluación para aquellas actividades que puedan considerarse potencialmente peligrosas. Según dicho artículo: "En el supuesto de que la actividad esté afectada por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o norma que lo sustituya, el órgano sustantivo ambiental solicitará con carácter preceptivo la emisión de informe al órgano autonómico competente en materia de accidentes graves. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación".

Además, se añade que: "Cuando se trate de establecimientos en los que vayan a estar presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I del real decreto mencionado, se solicitará de dicho órgano la evaluación del informe de seguridad y el pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad del establecimiento o industria. Dicho pronunciamiento deberá ser emitido en el plazo máximo de 6 meses desde la recepción de la documentación conforme establece el mencionado real decreto".

Y, por último, apostilla: "El informe será vinculante cuando sea desfavorable, así como en cuanto a los condicionamientos necesarios que establezca en el ámbito de sus competencias".

Todo ese recorrido está por llegar, después del aval del consejo de administración del Puerto, en una reunión a la que no pudieron acudir los nuevos representantes municipales designados tras las elecciones del pasado 26 de mayo: el propio alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos). Tampoco pudo asistir el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, designado consejero en representación de la Generalitat. La administración autonómica, no obstante, también dispone de otros tres representantes en el consejo. 

Hasta la fecha, todos los partidos con representación política en el Ayuntamiento de Alicante se han expresado en contra del desarrollo del proyecto. También lo hizo el pasado octubre el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien señaló que se haría lo que decidiese Alicante, en respuesta a la controversia planteada sobre la instalación de los depósitos.

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