El proyecto de los depósitos de combustible en el Puerto: entresijos, requisitos y desarrollo real 

ALICANTE. La solicitud presentada por Terminales Marítimas del Sureste (TMS) para dar cabida a un planta de almacenamiento de combustible en los muelles que explota en régimen de concesión ha vuelto a abrir el debate sobre la actividad empresarial en el Puerto de Alicante. Estos son los entresijos de la propuesta, con seis primeros macrodepósitos, que se encuentra en fase de exposición al público para que cualquier interesado pueda presentar alegaciones.

-¿Quién plantea el proyecto?: La empresa que aspira a instalar y explotar los depósitos es XC Business 90 SL, una firma constituida en 2011 y radicada en València cuyo objeto social original es la promoción inmobiliaria. Su administrador único actual es Vicente Dionisio Díez Bosch, quien, a su vez, ostenta el cargo de consejero delegado de la empresa Hidrocarburos del Mediterráneo SL (otra sociedad radicada en València, administrada por José Luis Díez Bosch). De acuerdo con la información que figura en el expediente de modificación de la concesión, XC Business 90 SL habría concertado un acuerdo contractual con TMS supeditado a la autorización de las instalaciones propuestas. En ese acuerdo se incluyen las lógicas contraprestaciones económicas para TMS: se delimitan ingresos fijos en concepto de ocupación del suelo concesionado, e ingresos variables, en función del volumen de mercancías de combustible en tránsito. La Autoridad Portuaria de Alicante también percibiría sus propios ingresos independientes, en concepto de tasas portuarias por la llegada de los buques que transportarían el combustible.

-¿Cuál es la tramitación requerida y qué pasos se han dado ya?: La solicitud de modificación de la concesión se registró a principios de agosto en el Puerto de Alicante y fue informada en el Consejo de Administración de septiembre para cumplir con el trámite de exposición al público con el fin de que se puedan presentar alegaciones. Portavoces oficiales de la Autoridad Portuaria precisaron este lunes a través de un comunicado que la petición se ajusta al planeamiento urbanístico vigente. "Se trata de una actividad que no está prohibida ni el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, ni en el Plan Especial del Puerto. Por tanto, la APA tiene la obligación legal de tramitar dicha solicitud. Y eso es lo que ha hecho", precisaron.

El dato se ajusta a las apreciaciones efectuadas por el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, el pasado viernes, cuando señaló que él había tenido conocimiento sobre el proyecto en 2016, durante su etapa como edil de Urbanismo. Entonces, dijo, se registró un primer proyecto en la concejalía que quedaba amparado en el certificado de compatibilidad firmado en 2014 por la entonces edil responsable de Urbanismo, la popular Marta García-Romeu. Según Pavón, él pidió que los técnicos municipales detallasen qué clase de permisos previos requería ese proyecto antes de poder pronunciarse sobre la concesión de la licencia municipal. Y según indicó, a partir de entonces no volvió a tener más noticias sobre la propuesta empresarial.

-¿Se ha concedido alguna autorización?: Todavía no. En realidad, ni el propio Puerto se ha pronunciado aún sobre si la considera viable. De hecho, en ese mismo comunicado ya mencionado, la Autoridad Portuaria insiste en que "ni puede ni debe hacer valoraciones hasta tanto estudie las alegaciones que se presenten". Salvo error en los cálculos formulados por Pavón y en la información aportada por la propia APA, el plazo para que se registren esas posibles objeciones finaliza el próximo 12 de noviembre.

Todo parece indicar que haberlas, las habrá. Guanyar ha garantizado que las presentará; Compromís y PSOE también estudian hacerlo; y colectivos vecinales y agrupaciones conservacionistas también darán ese mismo paso. Una vez estudiadas esas alegaciones, "será el consejo de administración de la APA quien fije la posición oficial del Puerto que, hasta el momento, no ha adoptado más acuerdo que cumplir con su obligación de exponer un proyecto que se le ha solicitado", se insiste.

-¿A quién corresponde autorizar el proyecto?: En primer lugar, como se ha dicho, el Consejo de Administración del Puerto debe decidir si aprueba la modificación de las condiciones de la concesión que TMS tiene adjudicada. En ese órgano están representados el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante, entidades empresariales como la Cámara de Comercio, una representación de los sectores económicos vinculados al Puerto y los sindicatos.

Ese acuerdo no sería suficiente. Como mínimo, la empresa promotora debe superar la evaluación de dos instancias distintas de la Generalitat: la Conselleria de Medio Ambiente (que debe someter el proyecto a una evaluación ambiental simplificada) y el organismo autonómico con competencias en seguridad (previsiblemente la Dirección General de Emergencias). El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se pronunció este lunes al respecto al sostener que "el Consell hará lo que quiera la ciudad de Alicante" sobre la propuesta.

La propuesta todavía no se ha autorizado, incluiría seis primeros depósitos y, según fuentes del sector, no llegaría a ampliarse con otros 12 porque TMS tendría otros planes de negocio para el suelo adicional que requerirían 

En cualquier caso, esos dos informes tampoco bastarán. Aunque sí puedan ser determinantes, en último término quien debe conceder licencia es el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Urbanismo. Fuentes municipales precisaron el viernes que no se tenía constancia del registro de ningún nuevo proyecto relacionado con la instalación de esos depósitos, de modo que todavía no existía ninguna valoración técnica concreta. Por lo pronto, el alcalde, el popular Luis Barcala, abogó este lunes porque se suspenda la tramitación del proyecto para someterlo a análisis y decidir qué modelo de Puerto quiere la ciudad. "Nosotros lo tenemos claro: hemos apostado por un modelo de industria tecnológica para la ciudad de Alicante; el futuro industrial pasa por la investigación y por la industria tecnológica", señaló.

Hasta ahora, más allá de la fecha para el registro de alegaciones, no se puede hablar de ningún plazo definitivo sobre cuándo podría quedar avalado o rechazado por todas las administraciones que tienen algo que decir sobre la propuesta. El consejo del Puerto sí podría resolver sobre la modificación de la concesión antes de que finalice 2018 o a principios de 2019 (previsiblemente, antes de las municipales de mayo de ese año), pero resulta complejo aventurar cuándo podrían producirse los pronunciamientos de Generalitat y Ayuntamiento.  

-¿En qué consiste realmente el proyecto?: La propuesta responde a los datos ya detallados por Pavón, el pasado viernes: se trata de la construcción de seis primeros depósitos para el almacenamiento de combustibles con una capacidad de 109.000 metros cúbicos, en los que se prevé mover un máximo anual de unos 300.000 metros cúbicos. Esos seis grandes silos se ubicarían sobre una parcela de 14.500 metros cuadrados del muelle 19, a una distancia mínima de 850 metros respecto al casco urbano. Para su construcción, se prevé un desembolso de 5,7 millones y el más alto de ellos tendría 30 metros de altura.

En el acuerdo alcanzado entre XC Business 90 SL y TMS se contempla el desarrollo de una segunda fase del proyecto en el que tendrían cabida otros 12 depósitos más, con una capacidad de 50.000 metros cúbicos cada uno (600.000 en total), lo que supondría una inversión adicional de 30 millones. Esos silos se ubicarían sobre otra parcela de 40.000 metros cuadrados, igualmente gestionada por TMS en régimen de concesión. Sin embargo, fuentes conocedoras de la operación consultadas por Alicante Plaza apuntaron que esa segunda fase no llegaría a desarrollarse nunca, ya que TMS tendría otros planes de negocio concertados para ocupar ese suelo.

-¿Existen instalaciones similares en otros puertos?: Sí, en 21 de los 28 puertos que forman parte de la red de Puertos del Estado se cuenta con depósitos para el almacenamiento de combustible. Fuentes del sector consultadas por este diario insistieron en que se puede constatar el movimiento de graneles líquidos (petróleo o derivados) en las estadísticas de tráfico de mercancías de toda la red a excepción de en los puertos de Marín y Ría de Pontevedra y el de Pasajes, además del de Alicante. Además, en los de Almería, Avilés, Santander y Melilla sí se opera con ese tipo de mercancías (graneles líquidos), aunque no pudieron confirmar si se almacenaban en depósitos como los que plantea XC Business 90.

Según las mismas fuentes, en algunos casos, esos depósitos se sitúan a distancias muy cortas respecto a la trama urbana de sus respectivas ciudades, como sucedería en el caso de Málaga, con las instalaciones que gestiona la empresa Oil Distribution, a menos de 200 metros de las primeras viviendas.

-¿Existe algún impedimento legal para su instalación?: Por el momento no ha trascendido ninguno, aunque -como también recordó el portavoz de Guanyar el pasado viernes- sí existe un acuerdo entre administraciones, firmado en 1995, por el que se impulsó el traslado de los antiguos depósitos de Campsa, después de Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), desde el Puerto hasta la partida de Els Reiets en El Bacarot. En ese acuerdo, firmado por la Generalitat, el Ministerio de Industria y Energía, CLH, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, se establecía que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante, por lo que las que actualmente posee CLH han de ser trasladadas a otra ubicación". En ese texto no se recoge ninguna prohibición expresa, pero sí la manifestación de una voluntad compartida por todas las administraciones, en respuesta al rechazo social que esos depósitos habían suscitado entre la ciudadanía.

De hecho, los grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) han expresado ya -con más o menos contundencia- su rechazo al desarrollo del nuevo proyecto de XC Business 90 al considerarlo un retroceso respecto al consenso que se consiguió hace más de 20 años.