ALICANTE. El tribunal adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de resolver impugnaciones en materia de contratación pública (el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) avala el concurso convocado por la Diputación para seleccionar el diseño del centro de congresos de Alicante. Lo hace tras rechazar el recurso presentado por uno de los gabinetes de arquitectura que presentó propuesta en la convocatoria contra el acuerdo por el que se decidió su exclusión.
El TACRC estimó esa impugnación y acordó la suspensión cautelar del concurso hasta analizar si la decisión de la comisión técnica encargada de tutelarlo estaba o no bien fundamentada. Y ahora permite la continuidad del proceso, sin que haya trascendido ni la identidad del recurrente ni los motivos de su impugnación. Eso sí, la relevancia de la decisión radica en que posibilita que el jurado de expertos designado por la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante pueda proseguir con la valoración de los 121 anteproyectos admitidos en plazo.
La respuesta del TACRC se produce, además, con una rapidez inusitada respecto a los tiempos habituales, al haberse precipitado menos de un mes después de que el mismo tribunal acordase la paralización del procedimiento. Con ello, en principio, se descartaría que pudiese producirse en retraso respecto a la última fecha delimitada hasta ahora para que se dé a conocer el fallo del jurado con la elección del anteproyecto ganador. Ese anuncio debería producirse en el plazo límite de 30 de abril, a partir de la resolución adoptada en el momento en el que se cerró la admisión de ofertas.
En ese momento, se concretó que la ingente cantidad de propuestas recibidas requería de un plazo adicional para su análisis, con lo que se convino alargarlo desde el pasado mes de noviembre en otros seis meses más para disponer de un margen suficiente que permitiese valorar los diseños registrados.
En todo caso, lo cierto es que la concesión de ese plazo extra no habría supuesto ningún contratiempo que haya conllevado un retraso en la ejecución de las obras, ya que para que pueda producirse su contratación el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, todavía debe ratificar la modificación de las Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) aprobada hace un año por el consejo de administración del Puerto de Alicante.
Se trata de un cambio en la ordenación urbanística del recinto portuario que resulta necesario para que el edificio tenga encaje entre las explanadas de los muelles 7 y 9, que deberá completarse, también, con la modificación del Plan Especial del Puerto, en el momento en el que se tengan los parámetros concretos del futuro edificio a partir del anteproyecto que resulte escogido en el concurso.
Por lo pronto, entre sus propias bases ya se delimitaron algunos requisitos básicos a los que debían ceñirse todos los aspirantes: los esenciales, que se contemple un área de exposición a modo de vestíbulo de 2.000 metros cuadrados, otra zona de registro, guardarropía y oficinas gestión de otros 800 metros; un auditorio con un aforo mínimo de 2.000 personas de unos 3.500 metros; otro auditorio para 500 personas de 1.200 metros y un tercer auditorio concebido como sala de conferencias con capacidad para 300 personas de otros 600 metros. Todo se extenderá sobre una superficie máxima de 18.000 metros cuadrados.
Además del centro de congresos, el proyecto debe incluir la construcción del centro operativo de Suma -el organismo tributario de la Diputación- con la condición de que todo el conjunto se extienda sobre una superficie máxima edificable, incluidos los espacios bajo rasante, de 30.000 metros cuadrados.
De igual modo, tampoco se ha previsto la consignación económica necesaria para financiar la contratación de sus obras en los respectivos presupuestos de la Diputación, del Ayuntamiento o de la Generalitat (que también se habría implicado en el proyecto), toda vez que no se espera que puedan licitarse, como mínimo hasta el primer trimestre de 2025. De hecho, el gabinete que resulte seleccionado en la fase de concurso tendrá un plazo adicional de seis meses para entregar el proyecto de ejecución definitivo a lo que se sumará el plazo necesario para la licitación de su construcción, de entre uno y tres meses.
El coste estimado de esos trabajos ya es conocido: en torno a 65 millones. Y también lo es el premio que obtendrá el gabinete que resulte escogido para confeccionar el proyecto definitivo: de inicio, 188.900 euros (impuestos incluidos) como ganador del concurso, que se elevarán hasta los 8.193.277,31 euros (impuestos incluidos) tras la adjudicación del encargo de redacción de proyecto de ejecución y dirección de obra, a través de un procedimiento negociado sin publicidad.
Entre tanto, siguen produciéndose ajustes en los foros de coordinación técnica constituidos por la Diputación y el Ayuntamiento. El último de ellos, del que se dio cuenta en el pleno ordinario de febrero, este jueves, consiste en el reemplazo de uno de los responsables de la Agencia Local de Desarrollo que formaban parte de la comisión mixta: el de Natalia Terol en lugar de Manuel Amorós, tras su traslado a otro ayuntamiento de la provincia.