La explanada de los muelles 7 y 9 en los que se proyecta la construcción del centro de congresos de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El Puerto de Alicante completa una de las dos tramitaciones que quedaban bajo su competencia para dar encaje al centro de congresos promovido por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alicante en la explanada de los muelles 7 y 9, a espaldas de la nueva subsede de Distrito Digital ya en fase de finalización en el muelle 5. Se trata de la modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) que resulta necesaria para permitir la implantación de la infraestructura turística en el recinto portuario, a la que el consejo de administración del Puerto prevé dar validez en su reunión del próximo viernes.
Con ese acuerdo, la revisión de esa ordenación urbanística interna sobre los terrenos portuarios quedará sometida al análisis de Puertos del Estado, adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Ministerio de Fomento), que es, en última instancia, el escalón de la administración que debe darle el visto bueno definitivo. En ese análisis, Puertos del Estado puede exigir correcciones o subsanaciones, en el caso de que sean viables, antes de pronunciarse de forma definitiva sobre su aceptación o rechazo.
Con todo, ese no será el último paso del recorrido administrativo que todavía debe recorrer el proyecto para que tenga garantizada la disponibilidad del suelo. En la hipótesis que, a priori, resulta más probable, de que Puertos del Estado avale la instalación del edificio en la ubicación propuesta, el Puerto de Alicante todavía deberá llevar a cabo la modificación de su Plan Especial (el Plan Especial del Puerto de Alicante, conocido como PEPA por sus siglas) para que también quede regulada la implantación del futuro inmueble.
La tramitación de esa segunda revisión ya está iniciada. Sin embargo, no podrá desarrollarse ni completarse hasta que no se disponga de indicaciones básicas más o menos definitivas sobre las dimensiones del edificio a construir. Es decir, que para no habrá avance posible mientras no se disponga al menos de un primer diseño -un proyecto de ejecución-, en el que quede perfilado cómo será ese futuro centro de congresos, así como el centro de operaciones de Suma (el organismo tributario de la Diputación) con el que se pretende completar la actuación, según la propuesta registrada inicialmente en abril de 2021.
Así lo apuntó, de hecho, el mismo presidente de la Autoridad Portuaria, Julián López, ante los micrófonos de Radio Alicante este martes. Y, lo cierto es que, hasta el momento, la Diputación y el Ayuntamiento solo han presentado una primera documentación provisional sobre los parámetros iniciales en los que se basará el diseño del edificio, ya que no se cuenta todavía con un proyecto redactado. Es más, ese proyecto sigue pendiente de que se convoque el concurso anunciado para adjudicar su redacción que viene demorándose desde hace meses.
De hecho, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, llegó a anticipar -en el tradicional brindis navideño organizado por la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA)- que esa licitación era inminente y que podía llegar a ponerse en marcha antes de que concluyese 2022. Han pasado casi dos meses desde entonces sin que se haya promovido dicho concurso, pese a que, según fuentes consultadas, la licitación estaría preparada.
En todo caso, el acuerdo que se prevé adoptar en el consejo de administración del Puerto supone un primer aval al desarrollo del proyecto al que se llega con la propuesta de desestimación de las alegaciones presentadas en su tramitación. Se trata de siete objeciones en las que se apuntan observaciones de carácter técnico sin conexión directa con el proyecto de centro de congresos.
En realidad, dos de ellas (presentadas por Digital Corner y por Business World Alicante) se refieren a una corrección de nomenclaturas; otras cuatro (registradas por asociaciones vecinales y ecologistas) aluden a cuestiones relacionadas con la zona de reserva para la ampliación del Puerto o a la prohibición de determinadas actividades (como la implantación de instalaciones de hidrocarburos); y una última (presentada por Terminales Marítimas del Sureste) alude a la concreción del tipo de actividades permitidas en los muelles, al considerar que se estaría amparando el desarrollo de una nueva terminal de contenedores sin agotarse las posibilidades de su propia concesión. De ahí que la propuesta de resolución de esas objeciones sea la de desestimación (salvo las que tienen que ver con correcciones de nombres), al no guardar conexión directa con el objeto de la modificación de las DEUP.
No obstante, la propuesta por la que se valida dicha modificación sí resulta trascendente en lo que atañe a una de las observaciones formuladas por la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas, en la medida en que se concluye que el cambio a introducir en ese documento de usos permitidos en el ámbito portuario no requiere de un sometimiento previo al trámite de evaluación ambiental. O lo que es lo mismo, que su recorrido administrativo es más sencillo, sin necesidad de superar otro filtro por parte de la Conselleria de Transición Ecológica.
