Viviendas antiguas y nuevas en San Antón / RAFA MOLINAELCHE. El equipo de gobierno ilicitano tiene previsto formalizar importantes estrategias en materia de vivienda en la ciudad en el próximo mes. Aunque en este ámbito el ARRU de San Antón o el de Los Palmerales son los que más novedades han venido generando en el tiempo, se suma ahora la de incorporarse al decreto de derecho de tanteo y retracto que está promoviendo la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Está previsto que en el plazo de un mes pueda formalizarse el acuerdo.
A este respecto, desde el Ejecutivo local se ha visto con buenos ojos el adherirse a esta propuesta autonómica, y ahora Intervención municipal está repasando el convenio tipo al que se va a sumar el Ayuntamiento para dar el visto bueno y que se pueda rubricar esta adhesión. El edil de Derechos Sociales, Mariano Valera, explica que es una herramienta que puede ser útil y que con esta adhesión la idea es poder reservarse este derecho, lo cual no tiene por qué significar que se vaya a ejecutar. Pero en el caso de que interese, han de tener el engranaje administrativo listo.
Desde el área que dirige esperan que en aproximadamente un mes se pueda. Aún es algo incipiente y no se ha trabajado en hacer un barrido de cuántas o qué viviendas se podrían adquirir, pero lo que sí manifiesta Valera es que quieren consignar fondos para la compra de vivienda social municipal. En estos momentos el Ayuntamiento tan solo cuenta con los pisos de la Sareb con los que rubricó un acuerdo, el resto son autonómicos. No obstante, en los presupuestos de 2021 no se habilitó una línea de financiación para esta causa, por lo que están pendientes de que con la liquidación del ejercicio de 2020, lo cual suele tener lugar entre marzo y abril, puedan consignar una partida para la compra de estas viviendas para alquiler social. Desde el área de Gestión Tributaria se espera que el Ayuntamiento cuente con un remanente de entre 5 y 8 millones de euros este año, con la novedad de que se podrá destinar a otro tipo de actuaciones.
Sobre el funcionamiento, este decreto del Consell prevé la cesión del mismo hacia los Ayuntamientos a través de estos convenios, de forma que la administración local pueda adquirir pisos del mercado libre mediante derecho de tanteo, pero también del retracto. Se trata de dos derechos de adquisición preferente que posibilitan a la Administración, en determinados casos, quedarse una vivienda cuando se va a proceder a su venta; es decir, el tanteo, o tras la venta de la misma, el retracto.
Hasta ahora, en la provincia se han sumado Aspe y Sant Joan —los primeros de toda la comunitat—, San Vicent del Raspeig, Altea, Elda, Novelda, Teulada y Alcoy. Por contra, otros como Alicante han rechazado la propuesta aunque sí participar en la gestión de las viviendas que adquiera la Generalitat. De esta forma, Elche sería la ciudad de la provincia de mayor envergadura que se suma a esta propuesta que persigue fomentar un parque de vivienda público en los distintos municipios hasta 2030.
En el caso ilicitano, a pesar de que la pandemia o el nuevo pliego de limpieza han dejado las arcas municipales con 15 millones de euros, lo que se considera una cantidad holgada desde el departamento de Gestión Tributaria, podría hacer frente a estas adquisiciones porque tiene liquidez y baja deuda, además de que por experiencias recientes autonómicas, suelen ser cantidades muy inferiores al valor de mercado. En todo caso, habrá que esperar a la liquidación de 2020 para ver si se consigna finalmente una partida para estas operaciones.
