ELCHE. Tras haber aprobado ya los presupuestos para el ejercicio 2021, el equipo de gobierno se encuentra ahora cuadrando todo lo relativo a la liquidación el presupuesto de 2020. De él saldrá el remanente de tesorería anual, el dinero sobrante sin ejecutar que hasta ahora se venía invirtiendo en las conocidas como Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) y que ahora además de a inversiones en infraestructuras y proyectos a medio o largo plazo, permiten abrir la horquilla a ámbitos como el gasto corriente. Serán en torno a 5 y 8 millones aproximadamente.
Así pues, ese montante saldrá de los gastos generales del pasado ejercicio, para gastos previstos u otros que puedan surgir. Con las últimas IFS el bipartito lo destinó mayoritariamente a asfalto, aunque también a otras actuaciones como la rehabilitación de Calendura o adecuaciones deportivas. La ventaja de este año es que al flexibilizar el Gobierno el techo de gasto, permitiendo que lo que quedaba pendiente de gastar en 2020 se prorrogara a 2021, hay margen para acabar actuaciones pendientes. Y sobre todo, la otra novedad es al ampliar el abanico de posibilidades, superando este tipo de inversiones para permitir también gasto corriente, es decir, el Capítulo 6. De aquí saldrá por ejemplo el dinero para la sentencia de Bonavista y la instalación de su alumbrado público.
No obstante, precisamente sobre esas inversiones sostenibles, el bipartito se enfrentará a otra contrarreloj. Al igual que en 2019 tuvo que dejar consignados (es decir, con los pliegos de condiciones aprobados) los proyectos antes del 31 de diciembre para poder ejecutarlos en 2020 y que no fueran a amortizar deuda con los bancos —es la condición con el remanente, se puede destinar a IFS, y si no, por ley ha de ir a reducir deuda—, aunque ahora el Gobierno central permite que se acabe de ejecutar en 2021 lo pendiente del año pasado, si no se consigue a 31 de diciembre, tendrá que destinarse el sobrante a los bancos.
De hecho, el viernes se aprobó una modificación presupuestaria por incorporación de remanentes por valor de 12 millones de euros que se han añadido antes de la liquidación, porque financian obras que se están ejecutando, financiadas precisamente a cargo del dinero de las IFS y préstamo de 2020. De los 17,5 millones aprobados en 2019, en 2020 se fue ejecutando lo que se pudo por la pandemia, según señalan desde Hacienda. Lo que no se ha podido ejecutar es lo que se va a invertir este año, pero no solo inversiones sostenibles, también hay cuentas del préstamo de 5,7 millones del año pasado o partidas pendientes de presupuestos participativos. De las IFS, quedan por ejemplo 953.000 euros de alumbrado público, 44.000 euros de huertos urbanos, 166.000 de la Corredora —no se gastó lo presupuestado porque la obra adjudicada fue más barata—, 1,7 millones en asfalta de pedanías, 2,5 millones en asfaltado del casco urbano, otro millón para instalaciones deportivas... Si todo esto no se ejecuta este año, irá a los bancos.
No obstante, dado que muchos de estos contratos ya están en marcha, sobre todo los planes de asfaltado, podría darse el caso de que llegado el final de año, si no se hubiera ejecutado, el dinero por ejecutar iría a las entidades bancarias y el Ayuntamiento tuviera que asumir esa parte a cargo del Capítulo 6 de inversiones. Es decir, dinero propio y no el del remanente que viene de ejercicios anteriores. Por eso es una prioridad ejecutar lo que queda de estas inversiones financieramente sostenibles.
