ELCHE. Trece años y una sentencia después, el equipo de gobierno ilicitano ha aprobado el proyecto definitivo para instalar el alumbrado público en la urbanización de Bonavista. Una reivindicación del vecindario desde 2008 y que ante la falta de receptividad, llevaron al Ayuntamiento a juicio en 2016. El juzgado dio la razón a los vecinos en enero de 2019 y el bipartito ha aprobado ahora el proyecto de alumbrado, que tendrá eso sí, un elevado coste: 800.000 euros.
Después de un proceso judicial largo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Elche falló en contra del Consistorio, y ha sido en la Junta de Gobierno de este viernes cuando se ha aprobado al fin el proyecto. Afectará a las calles Mazarrón, Granja de Rocamora, Bolulla, Murla, Penáguila, Nogal, Cox, Pego, Gandía, Cipreses, Salinas, Orba, Paseo de Ronda, La Encina, Beniarrés, Relleu, Camino de Ferriol y Rafal. De esta forma, al igual que el resto de barrios y pedanías, el Ayuntamiento se encargará del establecimiento, gestión y mantenimiento del servicio público de alumbrado desde núcleo urbano consolidado. Es una obra civil completa: canalizaciones, cajas de registro o el transformador, cuya ubicación se ha acordado con los vecinos.
Ahora bien, habrá que esperar a liquidación del presupuesto de 2020, que suele ser en marzo/abril, para que con remanente del mismo se pueda dotar de partida presupuestaria al proyecto, ya que esta actuación no estaba consignada en las cuentas municipales para 2021. Tras la liquidación y disposición del crédito necesario, se sacará a licitación el servicio para la instalación.
Originalmente el vecindario presentó un proyecto para el alumbrado, el Ayuntamiento hizo una estimación de 600.000 euros, pero tras el proyecto básico de los técnicos, sumado a las modificaciones preceptivas, saldrá a licitación por 812.000 euros. En su momento, los residentes de Bonavista intentaron que el Ayuntamiento redactara un proyecto para el alumbrado, sin embargo, se encontraron con la negativa municipal al considerar que los viarios afectados eran privados y no públicos. Pero al tiempo, emitía recibos en concepto de pago de tasas de apertura de zanjas y por aprovechamiento de vía pública, por lo que de facto estaba siendo tratado como público a todos los efectos, por lo que el juzgado reconoció la titularidad pública de estas calles. Trece años después del las protestas, parece que se acerca el final del suplicio.
