Vivienda capta a municipios de Alicante para ejercer el derecho de tanteo y les cederá fondos

ALICANTE. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática trata de extender las posibilidades del decreto de derecho de tanteo y retracto para la adquisición de vivienda social con la implicación de los ayuntamientos: uno de los objetivos que se había marcado antes de su entrada en vigor. De hecho, el departamento que coordina el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha captado a dos primeros municipios de la provincia de Alicante (en realidad, los primeros de toda la Comunitat) a los que se les transfiere ese derecho de adquisición preferente en operaciones de transmisión de viviendas, como las adquiridas mediante dación en pago, proceso judicial de ejecución hipotecaria o procedimiento de venta extrajudicial, para que también puedan ampliar sus propios parques municipales de vivienda pública. 

Esos primeros municipios a los que se cede ese derecho preferente son Aspe y Sant Joan d'Alacant. El primero de ellos (Aspe) suscribió el protocolo de colaboración que permitirá acogerse a ese mecanismo el pasado mes de julio, justo un mes después de que el Decreto Ley 6/2020, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana quedase aprobado por el pleno del Consell. El segundo (Sant Joan d'Alacant) suscribirá ese mismo convenio este miércoles. Pero la intención del Consell es sumar a cuantos ayuntamientos resulte posible para ampliar las posibilidades que introduce el decreto, de modo que se incremente el número de viviendas sociales a disposición de los municipios, teniendo en cuenta que en muchos de ellos no se dispone de ninguna para atender situaciones de emergencia habitacional.

El departamento de Martínez Dalmau prevé incluir una línea específica en los presupuestos de la Generalitat para prestar apoyo económico a los municipios que se acojan al derecho preferente

De hecho, en esa estrategia de extensión de la cesión del derecho preferente se incluye también a las grandes poblaciones. Sin ir más lejos, el propio conseller invitó este martes a los representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) a firmar también ese protocolo para que se pudiese explorar las ventajas que introduce el decreto a la hora de adquirir vivienda pública en la segunda ciudad de mayor peso demográfico de la Comunitat. En principio, en ese encuentro de trabajo, los representantes del bipartito sólo trasladaron su intención de meditar la propuesta.

Hasta el momento, los ayuntamientos que se adhieran como agentes ejecutores de ese derecho de tanteo y retracto deberán asumir las posibles operaciones de compra mediante sus propios recursos. No obstante, Vivienda trabaja ya en la inclusión de una partida específica en los presupuestos autonómicos de 2021 -todavía por cuantificar- con la que se pueda canalizar fondos para cofinanciar la realización de esas adquisiciones. Se trataría, en suma, de prestar un apoyo económico que contribuya a los municipios a afrontar esas inversiones.

Con la implicación de los municipios se consigue, además, un doble objetivo adicional. Primero, permitir que los ayuntamientos opten por la adquisición de pequeños lotes de viviendas, grupos reducidos de cuatro o cinco viviendas procedentes de ejecuciones por impago de la hipoteca, que escapan de las prioridades de la Generalitat, centrada en grandes transmisiones. Y segundo, que los ayuntamiento actúen como agentes rastreadores, de modo que, por su mayor vinculación con el territorio, puedan informar a la propia Generalitat sobre la existencia de determinadas oportunidades de adquisición, en el caso de que no puedan asumir compras con fondos propios.