ELCHE. Uno de los objetivos que se había marcado el tripartito ilicitano de cara a 2018, un importante curso de cara a las siguientes elecciones, ya que además será el último presupuesto completo que gestionará el equipo de gobierno, era el de la cesión de una decena de viviendas sociales por parte de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Tras el bloqueo momentáneo del Consell para poder lograr un pacto autonómico, el conocido como ‘banco malo’ está negociando directamente con varios municipios de la comunidad, entre ellos, el de Elche, con quien se prevé firmar el convenio durante el mes de febrero.
Dicho acuerdo previsiblemente se efectuará a lo largo del presente mes, a falta de acordar algunos flecos y estudiarlo con detalle, ya que a diferencia de Conselleria, por las necesidades de la ciudad, desde el Consistorio sí ven conveniente firmar dicho acuerdo. La SAREB cederá una decena de viviendas para alquiler social con la condición de que el Ayuntamiento asuma hasta el 50% de los costes para rehabilitarlas, en el caso de que proceda. En ese sentido, el equipo de gobierno ha dotado una partida presupuestaria de 35.000 euros para este asunto, con aproximadamente 7.000 euros para cada casa, siempre en el caso de que necesiten dicha rehabilitación.
Asimismo, algunas de las cosas que quedan por aclarar es precisamente en qué condiciones están las viviendas para que sean habitables, para poder ponerlas en alquiler social lo más pronto posible. En la reunión de este mes con la SAREB se concretará todo. Aparte de esta, también se hizo un llamamiento a otras entidades bancarias o inmobiliarias para que hagan lo propio. Hasta el momento, sólo colaboró una, Inmobiliaria Dama de Elche, que firmó un convenio para cesión de viviendas que se formalizó con tres contratos. Con otras sólo son convenios de información cuando hay viviendas a precios asequibles para posibles interesados.
Por otra parte, también se ha lanzado desde Bienestar Social la campaña ‘Silencio Incómodo’ para captar viviendas deshabitadas que pueda tener cualquier persona o entidad, para ofrecerla a un precio adaptado a la situación económica de familias vulnerables. A quienes colaboren, a las dos partes se les ofrecerá mediación entre propietario e inquilino, realización de contrato de alquiler y seguimiento del mismo y seguros gratuitos durante el primer año de alquiler, de Defensa Jurídica y de Impago, este último según ingresos económicos del inquilino y sujeto a la aprobación de la compañía aseguradora.
Las entidades que se suman a esta iniciativa han de cumplir con los mismos requisitos que el Ayuntamiento con su bolsa solidaria de vivienda, es decir, como máximo el precio del alquiler ha de estar por debajo del precio de mercado, no puede superar los 300 euros y la inmobiliaria no puede cobrar nada al particular por su gestión. La edil de Bienestar Social Tere Macià indica que con esta campaña también se busca que las personas, inmobiliarias o entidades bancarias no soliciten los tres meses de fianza, porque los inquilinos potenciales no pueden asumirlo. De esta forma, el propietario cobraría el mes en curso y el de fianza que se deposita al finalizar el contrato.
