El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante se encamina hacia las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales con una posición que oscila (cada vez de forma más evidente) entre la resistencia, en legítima defensa de los intereses de la segunda ciudad de la Comunitat, y el frentismo, contra la acción de gobierno de otras administraciones gestionadas por otras siglas políticas. Los populares se mueven, así, en el filo de la navaja al frente de la tercera institución más relevante de las que gobiernan en la Comunitat, tras las diputaciones de Alicante y Castellón.
En suma, se trata por un lado de reclamar lo que se considerarían mejoras en favor de la ciudad, el respeto al principio de la autonomía municipal y, por último, trato ecuánime, sin agravios comparativos: una reivindicación que, en principio, nadie puede juzgar desacertada y que, a su vez, vendría a actuar como gancho para que el PP pueda granjearse un apoyo amplio del electorado. La dinámica consiste sencillamente en envolverse en la bandera del alicantinismo. Con esa estrategia, los populares lograrían tensionar a sus fieles, afianzar su respaldo y movilizarlos ante las campañas en ciernes. La lógica es simple: contra el otro se convence mejor.
El problema, no obstante, es que de forma paralela se corre el peligro de bloquear el desarrollo de las iniciativas de ese otro. O lo que es lo mismo, exponer a Alicante a la pérdida de posibles oportunidades. Y eso, sin considerar la reacción natural en sentido inverso: la de los electores no alineados con el PP o, incluso, la de aquellos indecisos que no entiendan esa confrontación permanente e interpreten que los populares están actuando como un tapón.
La última parada de ese viaje del PP hacia la primavera electoral que se avecina se alcanzó este martes: el gabinete que coordina Luis Barcala anunció su pretensión de solicitar la suspensión del montaje de la megaoficina turística promovida y financiada por la Generalitat en la Plaza del Puerto de Levante, junto al Paseo de la Explanada, con la intención de buscarle un emplazamiento alternativo.
El planteamiento se sustentaría en las quejas suscitadas por el "impacto" que genera su estructura (cerca de 400 metros cuadrados distribuidos en dos alturas) en esa ubicación, aunque, lo cierto es que el propio PP no objetó nada parecido, el pasado junio, cuando autorizó la instalación de un proyecto que ya encontró precocinado por sus antecesores. sí discutió si la estructura requería o no licencia municipal de obra al existir discrepancias técnicas sobre si se trataba de un edificio o de una instalación desmontable. Y, a la postre, acabó concediendo esa autorización (que no licencia) sin alegar mayor perjuicio.
Tampoco ha trascendido que nadie presentase alegaciones cuando el proyecto se sometió a exposición pública, bajo la Alcaldía del socialista Gabriel Echávarri, y solo se ha acreditado la existencia de un recurso de reposición presentado por Guanyar frente a su autorización, aprobada, como se ha dicho, por el PP en Junta de Gobierno, el pasado junio.
El desenlace de ese frente está por ver. Por lo pronto, Turisme está a la expectativa sin haber recibido ninguna petición oficial ni conocer posibles incidencias hasta ahora, a un mes del 28 de abril y a dos del 26 de mayo.
La parada precedente a la oficina turística todavía colea: la adenda al convenio de Avant aprobado por el consejo de ministros hace dos semanas. El Gobierno del PP ha seguido el mismo razonamiento al sostener que no es el acuerdo que Alicante necesita. Lo ha hecho sobre la base cierta de que esa propuesta elimina la referencia expresa a infraestructuras que sí estaban previstas en el convenio original, de 2003, y que no se excluyeron en la propuesta que se acordó en julio de 2017, con Mariano Rajoy en la Moncloa y el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en el Ayuntamiento. Así, el propio alcalde, Luis Barcala, viene insistiendo en que no se va a firmar ese acuerdo si no se renegocian sus condiciones para que no se condene a la ciudad a la renuncia de la variante de Torrellano, a la estación intermodal o a la construcción de un parque central.
El Ministerio de Fomento, Adif y el Consell -todos bajo la órbita del PSOE- han replicado que el acuerdo no supone renunciar a nada, sino que representa un primer paso necesario para saldar la deuda de 60 millones que arrastra la sociedad Avant con motivo de las obras de la llegada del AVE. Según esa tesis, después se deberá seguir negociando y fijando financiación concreta para esas inversiones a través de los presupuestos generales del Estado. Se alega que, algunas, ya estaban previstas en el proyecto de 2019 que el PP rechazó en el Congreso. En todo caso, lo cierto es que la propuesta de esa adenda se aprueba a un mes de las elecciones generales pese a que el PSOE llegó al Gobierno central el pasado mayo. Por lo pronto, la resolución de ese encontronazo también sigue pendiente.
Los motivos de confrontación se han multiplicado en los últimos meses: el convenio de Adif, la Vía Parque, el distrito escolar único, los centros de salud y hasta el Teatro Principal
No hace falta retroceder más de un mes para encontrar otro punto de fricción y de autoafirmación alicantina: la apertura al tráfico de otro tramo de la Vía Parque, tras la conclusión de las obras ejecutadas por la Generalitat. El Ayuntamiento no autorizó de modo oficial su puesta en funcionamiento hasta la última hora de la tarde de la fecha prevista por la Conselleria de Infraestructuras y todavía se discute sobre sus medidas de seguridad y su adecuada señalización.
El acuerdo aprobado por el consejo escolar municipal a instancias del PP para que se implante el llamado distrito escolar único en Alicante también ha sido otro reciente episodio de trinchera. La Conselleria de Educación ya ha rechazado oficialmente ese planteamiento tras recordar que el régimen de adscripción de centros es una competencia autonómica regulada por la orden 7/2016 en la que se fijan criterios de proximidad.
Otro motivo de controversia: la cesión de parcelas para la construcción de los centros de salud comprometidos por la Generalitat en el PAU II, Garbinet y Playa de San Juan. El embrollo político de dimes y diretes en dos direcciones sobre la responsabilidad del retraso en esa cesión se ha acabado saldando este mismo martes, con la entrega del último solar pendiente para que pueda redactarse el proyecto de ejecución de los tres consultorios.
Hasta la entrada de la Generalitat en la comunidad de bienes del Teatro Principal ha sido objeto de discusión, de nuevo con el argumento de la protección del patrimonio de los alicantinos: según el PP, no se podía cerrar el acuerdo con una valoración del coliseo que resultase perjudicial para la ciudad. A la postre, el Consell acabó comprometiendo la misma inversión que había anunciado desde el principio, 3 millones para sanear las cuentas del teatro y acometer su reforma, pese a no lograr exactamente el 33% de sus títulos.
