El juego de trileros del presupuesto de Alicante: los pactos por el centro para que nadie pierda

ALICANTE. Las negociaciones sobre el presupuesto de Alicante para 2021 que se han venido desarrollando entre el equipo de Gobierno (PP y Cs) y los grupos de la oposición sin avances decisivos durante los meses de noviembre y diciembre parecen haber quedado desbloqueadas durante las últimas 48 horas tras una sucesión de acuerdos a varias bandas en los que prácticamente todos los grupos políticos se han movido de sus posiciones iniciales con la intención de no quedarse atrás, en fuera de juego. El objetivo compartido, aunque desde perspectivas distintas, era que los seis partidos con representación municipal (PP, PSOE, Cs, Unides Podem, Compromís y Vox) tuviesen un relato político que vender para justificar sus posibles cesiones, en el caso del bipartito, o el sentido de su voto, en el caso de la oposición, en cuanto la propuesta se eleve a pleno. Y, a priori, parece que las seis fuerzas lo habrían conseguido tras entremezclarse en un auténtico juego de trileros con varios movimientos y alianzas en el que todas ganan para que ninguna pierda en aras del objetivo del consenso.

La mecha, que se había ido preparando durante la semana pasada, prendió este domingo, cuando representantes del PP concretaron a los ediles de Vox el alcance sus aportaciones que se había incorporado al presupuesto, como ya ha contado este diario. Vox no perdió el tiempo y, solo un día después, aprovechó la oportunidad para anunciar su voto de abstención y apuntarse el tanto de ser la fuerza política capaz de desbloquear el presupuesto. El PP, por su parte, también conseguía su primera victoria: asegurarse la aprobación de las cuentas frente a un hipotético rechazo de los cuatro partidos de la oposición.

No obstante, la precipitación de ese anuncio no fue del agrado de Cs, que seguía manteniendo conversaciones con dos de los grupos del eje progresista, PSOE y Compromís: los más próximos a alcanzar un posible acuerdo sobre el presupuesto, pese a insistir en su exigencia de que el bipartito retirase su propuesta de ordenanza de convivencia cívica.

Así, a primera hora de este lunes, fraguó el segundo pacto: un acuerdo con foto incluida entre Cs y PSOE por el que los socialistas se comprometen a facilitar que las cuentas prosperen, siempre que el bipartito cumpla 18 medidas concretas (el acuerdo se puede consultar en el siguiente enlace). Como ya ha informado este diario, entre ellas se encuentra la paralización de la ordenanza de convivencia cívica, con la intención de pactar un nuevo texto basado en la propuesta formulada por la FEMP; el rediseño de la Concejalía de Acción Social; el aumento del 15% en la partida presupuestaria para el área de Igualdad a través de una modificación presupuestaria posterior y un plan de recuperación económica y del tejido empresarial con una dotación inicial de 6 millones, que también podría ser ampliado en ajustes contables sucesivos.

El pacto se firmaba sin la presencia del PP, aunque Cs había informado sobre su negociación y sobre su rúbrica a sus socios de gobierno por lealtad institucional, según fuentes de Cs y del PP. En principio, los populares compartían el contenido del documento, salvo por lo que respecta a la elaboración de una nueva propuesta de ordenanza de convivencia al considerar que el texto ya aprobado por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Concejalía de Seguridad, era similar al planteado por la FEMP. De hecho, el portavoz adjunto del equipo de Gobierno, el popular Manuel Villar, señaló, al ser cuestionado sobre el pacto entre Cs y PSOE, que la ordenanza ya estaba paralizada y que no se iba a retirar. Entre otros motivos, según añadieron después fuentes del PP, porque esa posibilidad no existe de manera formal: sencillamente, el texto decaerá en cuanto se promueva una nueva versión, según las mismas fuentes.

En todo caso, del análisis del acuerdo entre Cs y PSOE también se desprendían beneficios para ambos grupos políticos. Por un lado, Cs recuperaba protagonismo frente a los reproches sobre su "irrelevancia" vertidos desde el conjunto de la oposición y conseguía un respaldo a las cuentas alejado de Vox, en busca de la centralidad política. Cs podía presentarse, así, como el único partido capaz de entenderse con PP y PSOE y de servir de elemento de cohesión. Con el acuerdo, además, devolvía la pelota al PP y le trasladaba la presión al exponerles a tener que retratarse respecto a las propuestas acordadas con el PSOE, por mucho que, como alegó el PP, la mayoría de ellas ya contasen con el visto bueno previo de los populares.

Por su parte, los socialistas encontraban una vía de escape a la que aferrarse, ante las voces internas que pedían que sus ediles no bloqueasen el presupuesto en el año de la crisis de la covid. El pacto proporcionaba una salida después de haber situado líneas rojas (como la retirada de la ordenanza de convivencia) para secundar esa propuesta de planificación económica a las que no podía renunciar ahora sin salir indemne. 

Pero, además, el PSOE conseguía un rédito todavía mayor: visibilizar la brecha latente en el seno del bipartito y el malestar que había generado en las filas de Cs las muestras de entendimiento entre PP y Vox. Todo pese a que en el acuerdo con Cs se sacrifique la exigencia de la retirada de la ordenanza y se sustituya por el concepto de paralización: el planteamiento que ya había expuesto el propio alcalde, Luis Barcala (PP), al presentar el borrador del presupuesto.

En todo caso, en el PSOE se sostiene que sus ediles siempre podrán descolgarse de ese acuerdo si alguno de los socios del bipartito se desvía de sus condiciones. Ahora bien, parte de ellas quedan supeditadas a modificaciones de crédito, por lo que puede que no le quede más remedio que optar por la confianza y esperar con la vista puesta en la negociación de 2022: si hay incumplimiento, no habrá nada de que hablar entonces.

Es más, el PP incluso trató de sacar partido de ese pacto que, a priori, le situaba en una posición alejada del centro político. Así, al margen del respaldo a ese acuerdo defendido por Villar, fuentes populares aseguraron que contaba con su aprobación para rebajar cualquier interpretación sobre divisiones internas en el bipartito o sobre cesiones ante Cs, en defensa de la imagen de unidad en su acción de gobierno conjunta. En esta línea, recalcaron su voluntad de alcanzar el máximo consenso posible y llegaron a señalar que el PP no podía salir en la foto de la rúbrica del acuerdo para no interferir en la negociación emprendida por Cs. En todo caso, insistieron en que, por primera vez, se podía conseguir un acuerdo presupuestario con el PSOE, aunque fuese con la mediación de Cs. 

Sea como fuere, poco después de que Cs y PSOE firmasen su acuerdo, hubo una segunda foto que podría derivar en otro pacto presupuestario en una línea similar. En este caso, entre Cs y Compromís, de nuevo sin el PP. Solo un día después de cargar contra el bipartito por recabar los votos de Vox, los representantes de la coalición valencianista acordaron reanudar las conversaciones con Cs para poder facilitar que el presupuesto prospere (como máximo, con su abstención), siempre que el bipartito cumpla dos condiciones básicas: que se revise la ordenanza de convivencia cívica para que se elabore un nuevo texto sobre la base de la propuesta de la FEMP, y que se lleve a cabo modificaciones presupuestarias para revertir los recortes en las áreas de Cooperación Internacional e Igualdad aplicados tras la petición de Vox. De hecho, Compromís justificó la recuperación del diálogo en la necesidad de "sacar de la foto del presupuesto a la ultraderecha". A ello se añadía, también, un compromiso para que se aumente la plantilla de trabajadores en Acción Social para mejorar la respuesta municipal ante la crisis.

Así, tanto Cs como Compromís volvían a ganar. Con ese acercamiento, pendiente de plasmarse en un acuerdo por escrito, los del partido de Arrimadas podían seguir presentándose como la fuerza capaz de coser el consenso sin necesidad de depender de Vox. Y la coalición valencianista ofrecía sus votos para que los de Abascal no condicionasen el presupuesto. Todo, además, después de recordar que con su negociación previa, Compromís había conseguido que la planificación económica elevado por el bipartito al departamento de Intervención para su fiscalización incorporase varias de sus peticiones al menos con la apertura de partidas simbólicas para la peatonalización del Centro, el proyecto de recuperación de La Británica, el centro comunitario de Colonia Requena, la construcción de un CIBE o la conexión mediante carril bici del centro con la Playa de San Juan.

Para lograr ese pacto, Compromís aseguró tener la palabra de los representantes de Cs de que sus cinco ediles no secundarían la propuesta de ordenanza de convivencia cívica formulada desde la Concejalía de Seguridad, en el supuesto de que el PP no se aviniese a revisar ese texto. Así que también conseguían abundar en la imagen de disensión interna entre los socios de gobierno.

El PP, por su parte, también se felicitó de ese acercamiento entre Cs y Compromís (del que tampoco participó de manera directa) en la medida en que suponía ampliar la base de apoyos para su propuesta de presupuesto. Cuantos más votos, mejor. Sobre todo, si no era a cambio de demasiadas exigencias, ya que la mayoría de las contrapartidas de ese pacto quedan demoradas a la aprobación de modificaciones de crédito posteriores, como en el caso del acuerdo entre Cs y PSOE.

La última formación que expuso su posición política respecto a la sucesión de pactos fue Unides Podem: el único grupo que permaneció inmóvil en sus planteamientos. Así, sus representantes defendieron su rechazo al presupuesto y a la posibilidad de negociar con el bipartito por sus "políticas antisociales" como la ordenanza de convivencia cívica o la difusión de mensajes, con intervenciones del alcalde en televisiones nacionales, en los que, a juicio de la confluencia, se ha estado recurriendo a la xenofobia al vincular inmigración con contagios de covid. 

Y lo cierto es que, pese a no formar parte de ningún acuerdo, también trató de sacarles rédito al presentarse como la única formación que había mantenido una línea coherente desde el inicio de la negociación de las cuentas, al permanecer alineados en los postulados que sí rigen en el funcionamiento del pacto del Botànic al frente de la Generalitat. Así, fuentes de la confluencia incidieron en que el propio PP ya había anticipado este martes que la propuesta de ordenanza cívica no se iba a retirar, como quedó claro en el pleno ordinario de diciembre, en respuesta a la moción conjunta presentada por PSOE, Unides Podem y Compromís. Además, advirtieron de que el hecho de que se pudiese tomar como punto de partida la ordenanza de la FEMP para negociar un nuevo texto no suponía ninguna garantía puesto que, según el criterio de la confluencia, esa propuesta es todavía más restrictiva que el texto promovido por el bipartito. Y aunque desde los bancos de la izquierda les recordasen que ellos también habían defendido que se pudiese tomar la ordenanza de la FEMP como base para reelaborar la normativa municipal, aseguraron que la moción también reflejaba que la ordenanza debía incorporar las directrices previstas en el informe emitido por la Concejalía de Igualdad.

La cuestión es que el resto de partidos también quiso sacar rédito del posicionamiento de Unides Podem. Tanto los representantes del bipartito, como los de PSOE y Compromís señalaron que la confluencia liderada por Xavier López había quedado aislada y autoexcluida. Eso sí, todo a la espera de la reacción que pueda tener Vox en lo sucesivo. Tras la cadena de movimientos políticos registrados este martes, su portavoz, Mario Ortolá, no quiso desvelar si su grupo mantenía el anuncio de su abstención hasta conocer cómo quedaba finalmente el proyecto de presupuestos después de que se hubiese planteado la reversión de algunas de sus peticiones. Eso sí, dijo que nunca habían vinculado la ordenanza a su voto sobre las cuentas, por lo que, a priori, su renegociación no supondría ningún impedimento. Otra cosa es el voto que Vox pueda emitir en cuanto esa ordenanza de convivencia hipotéticamente revisada llegue a pleno.

A la postre, eso sí, por lo pronto podría darse el caso de que PP y Cs pudiesen conseguir una meta impensable hasta hace unas semanas: que el presupuesto de 2021 pueda quedar aprobado por 27 de 29 ediles. De nuevo otra victoria para el bipartito y, según se mire, para los grupos de la oposición que reclamaban consenso.