El bipartito de Alicante rechaza la oferta de la izquierda para pactar otra norma de convivencia

ALICANTE. Sin cambio de guion ni gestos de acercamiento, en la antesala de la votación sobre el presupuesto de Alicante para 2021. El equipo de Gobierno, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, ha mantenido su unión sin discrepancias internas para rechazar la propuesta conjunta presentada por PSOE, Unides Podem y Compromís con la intención de crear una comisión municipal encargada de consensuar la redacción de una nueva ordenanza de convivencia cívica. Para ello, ha sumado los dos votos de los ediles de Vox, que ya ha mostrado su predisposición a respaldar la ordenanza elaborada por el bipartito, ya aprobada en Junta de Gobierno el pasado mes de octubre, aunque paralizada desde entonces, sin que se hayan resuelto las enmiendas formuladas por los grupos de la oposición.

La propuesta trataba de que en la redacción de esa nueva normativa alternativa a la promovida por el bipartito -que, según las condiciones de PSOE, Unides Podem y Compromís, debía quedar descartada- se tomase como punto de partida la propuesta formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en el informe técnico elaborado por la jefa de servicio de la Concejalía de Igualdad en el que se aboga por la elaboración de un estudio de impacto de género previo y se alude a la presunta arbitrariedad en la consideración de las conductas a sancionar, entre otros puntos.

En la defensa de la iniciativa, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha instado a PP y Cs a secundar la iniciativa "como salida política al problema que ustedes mismos han creado" al plantear una normativa "que cuenta con el rechazo unánime de las entidades sociales de la ciudad". Así, ha señalado que se trataría de poner en marcha una nueva ordenanza capaz de castigar los comportamientos incívicos pero sin que "se dé lugar un código penal alicantino" en el que no se "contemplen medidas de inclusión social". Bellido se ha dirigido especialmente a Cs, a quienes ha emplazado a defender su propia posición al respecto, sin ceñirse a las líneas "que marque siempre el PP". En esta línea, ha advertido de que "romper puentes puede tener consecuencias en lo sucesivo", ha recalcado.

Por Unides Podem, su portavoz, Xavier López, ha desacreditado la propuesta de ordenanza promovida por el equipo de Gobierno, que ha tildado de "reaccionaria" y ha acusado a PP y Cs de plegarse a "las exigencias de la ultraderecha" en alusión a Vox y a su portavoz, Mario Ortolá, que ha considerado "que se ha convertido en el concejal número 6 de Cs, como responsable de la Concejalía de Igualdad". Así, ha reiterado que su formación no puede sentarse a negociar el presupuesto con el equipo de Gobierno si se mantiene la propuesta de ordenanza.

En tercer lugar, la edil socialista Llanos Cano también se ha dirigido especialmente a los ediles de Cs para emplazarles a replantearse su respaldo a la propuesta de ordenanza ahora en trámite al asegurar que esa normativa solo prevé una relación de conductas a penalizar sin ofrecer alternativas. Así, ha aludido a la edil de Igualdad, María Conejero, para advertirle sobre "el ninguneo" al que, a su juicio, se encontraría sometida por parte de los ediles del PP.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anticipado su rechazo a la propuesta y ha insistido en que la normativa responde a una petición de la Policía Local para poder actuar frente a comportamientos incívicos. Además, ha recriminado que "la izquierda vuelva a intentar aplicar sus postulados ideológicos" al deslegitimar la ordenanza cuando se trata de dotar de herramientas a los agentes para garantizar la convivencia. En todo caso, también se ha dirigido al alcalde, Luis Barcala, para reprocharle que, a su juicio, "haya cedido al chantaje de la izquierda" retrasando la tramitación de la ordenanza y ha advertido que "si la ordenanza se modifica y se suaviza, Vox votará en contra y tendrá que pactarla con alguna otra fuerza política".

Ortolá (Vox) acusa al bipartito de ceder al "chantaje" de la izquierda por paralizar la aprobación de la ordenanza y alerta de que la rechazará "si se suaviza"

El edil de Seguridad, José Ramón González, por su parte, ha reprochado que el líder de Compromís, Bellido, "hable de problema político" cuando, a su juicio, fue el extinto tripartito quien dejó sin efecto la ordenanza previa y "no hizo nada para elaborar una propuesta alternativa". Es más, ha sostenido que la propuesta inicial de la ordenanza salió a exposición pública "y nadie planteó ninguna objeción hasta que han visto la oportunidad de tratar de sacarle rédito". 

Además, ha acusado a los tres grupos del eje progresista de "chantajear" a la ciudadanía al tratar de bloquear la aprobación de "sus presupuestos, porque son unos presupuestos para la ciudadanía". En todo caso, ha apuntado que la ordenanza de convivencia es necesaria, que se basa en gran medida en la propuesta de la FEMP y que prevé las mismas sanciones que se plantean en las propuestas de otros municipios gobernados por el PSOE. En esta línea, ha señalado que, pese a todo, "hemos decidido que salga adelante primero el Plan de Inclusión Social". Así, ha recalcado que "nuestra prioridad ahora son los presupuestos; ya habrá tiempo de hablar sobre la ordenanza más tarde", sin apuntar la posibilidad de que el texto aprobado en Junta de Gobierno pueda quedar retirado, como reclama el eje progresista.

En la réplica, Ortolá ha sostenido que "el problema lo han creado ustedes", en alusión a PP y Cs, al señalar que "ya tenían aprobada la ordenanza y han sido quienes han cedido al chantaje de la izquierda". Así, ha recriminado que Cs "se ponga de perfil en este tema". Bellido ha sostenido que "esta ordenanza está mal parida porque la elabora la Concejalía de Seguridad" cuando debería contar con la participación de Igualdad y de Acción Social. Además, ha insistido en que la moción trata de encontrar una vía para sustanciar la oferta de flexibilidad para modificar la ordenanza planteada por el alcalde. "Esta moción pretende superar un problema político; es Cáritas la que dice que esta ordenanza no sirve, y que se basa en la aporofobia, y que golpea a los más débiles", ha enfatizado. "No podemos tener en una mano el Plan de Inclusión Social y en la otra este código penal que se han inventado", ha concluido.

González (PP) defiende que la norma comparte la mayoría del contenido de la propuesta de la FEMP y emplaza a buscar el consenso: "La prioridad ahora es el presupuesto"

López ha instado a Ortolá a leer los informes técnicos y ha respondido a las alusiones vertidas por González sobre su militancia por el Bloc y por el PSOE antes de llegar a Podemos, para asegurar que "usted lleva más tiempo en política que el Castillo de Santa Bárbara". En todo caso, ha vuelto a instar al equipo de Gobierno a retirar la propuesta.

La edil de Igualdad, María Conejero, ha intervenido para sostener que en esta moción "ustedes reconocen que resulta necesaria esa ordenanza, cuando hasta ahora han considerado que no lo era". En esta línea, ha señalado que la ordenanza "debe modificarse y que se introducirán variaciones con las aportaciones de todas las áreas municipales, incluidas las de la Concejalía de Igualdad".

Cano ha reiterado que todavía "no conocemos cuál va a ser su posición, puesto que se está diciendo que la ordenanza no es buena, pero no se dice cómo ni de qué manera se va a modificar" por lo que ha emplazado al bipartito a dejar de lado su propuesta.

Por último, González ha respondido a Ortolá que "tampoco íbamos a ceder a su chantaje". Así, ha sostenido que "hemos visto que han surgido dudas" y que la idea es "llegar al máximo consenso posible". Después, ha pedido respeto para los técnicos municipales que han elaborado los informes, en alusión a las críticas vertidas sobre el dictamen emitido por su concejalía.

Finalmente, en el turno de votación, el equipo de Gobierno (PP y Cs) y Vox han rechazado la propuesta, con 16 votos frente a los 13 que suman PSOE, Unides Podem y Compromís.