Junta de gobierno en La Foia a principios de añoELCHE. Aunque el actual gobierno de Partido Popular y Vox llevan en el Ayuntamiento ilicitano más de un año, siguen impulsando reorganizaciones internas de distinto calado, algunas obligatorias por dimisiones de ediles, otras de motu propio. En este segundo ámbito es donde han aprobado que cada uno de sus catorce ediles asuman competencias delegadas de la Junta de Gobierno para poder aprobar por ellos mismos cuestiones que afecten a sus concejalías sin tener que esperar a que se convoque una Junta de Gobierno, el órgano ejecutivo. De esta forma pueden aprobar o agilizar trámites que urjan, como determinados proyectos o convocatorias cuyo plazo se cierra pronto, sin esperar a la semana siguiente.
Una medida efectiva desde julio, a pesar de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a primeros de agosto. Precisamente basan el argumento para esta medida en que transcurrido el primer año de mandato, la experiencia en la gestión administrativa les ha hecho ver que ante la necesidad de adoptar determinados acuerdos urgentes, no pueden esperar a la siguiente sesión semanal de la Junta de Gobierno. Así pues, como en algunas materias estas decisiones son solo competencia de la Junta de Gobierno, se han delegado las mismas a cada uno de los ediles para no tener que dilatar plazos.
En este caso, hablan de actuaciones sujetas a plazos perentorios, tales como presentación de solicitudes de subvenciones, acuerdos en materia de contratación por cuanto el objeto de los mismos debe llevarse a cabo en plazo concretos que demandan una celeridad justificada, como servicios o suministros a prestar en una fecha concreta; obras sujetas a plazos breves de justificación de subvenciones, actos de contenido urbanístico, etc. Así, ahora los titulares de las concejalías ya tienen delegadas competencias de la Junta de Gobierno —aquellas que se pueden delegar—, para que de forma motivada puedan aprobarlas personalmente. Eso sí, deberá justificarse que no se puede posponer dicha medida o decisión a la siguiente sesión de la Junta de Gobierno, aunque en todo caso deba ser ratificada en la siguiente sesión.
No es desde luego la primera decisión de este tipo que se adopta por el equipo de gobierno. El año pasado por ejemplo la Junta aprobó delegar competencias en el concejal de Recursos Humanos, entonces José Navarro, para acelerar la estabilización de la plantilla. Previamente ya se le atribuyeron las competencias de la gestión administrativa de la Policía Local, cuyo responsable es el alcalde Pablo Ruz. Entre otras forzadas por necesidad, la entrada de la concejal Caridad Martínez supuso una reestructuración a tres bandas entre la nueva edil y las concejalías ya constituidas en junio. O los cambios previos a la dimisión de Tito Costa, a quien también se le retiraron algunas competencias para que las asumiera Inma Mora.
Este mes de enero, al concejal de Contratación, José Claudio Guilabert, se le delegaron competencias de la Junta en materia de su concejalía para ganar tiempo y poder autorizar correcciones en los pliegos de condiciones. Dentro de un área en la que desde el inicio se están aplicando otras acciones internas que permite la legislación para adelantar pasos administrativos y acelerar la maquinaria burocrática. Por ejemplo también a al concejal Juan de Dios Navarro se le delegaron competencias para la gestión económica de las unidades organizativas del servicio de Relaciones Institucionales (alcaldía, prensa, protocolo). En definitiva, una medida que va en la línea de unos de los objetivos del bipartito y que ha sido obsesión durante este primer año, engrasar la maquinaria municipal y acelerar todos los trámites posibles.
Primer año de PP y Vox en Elche: agilizar proyectos, gestos, contradicciones y oposición fiscalizadora
