ALICANTE. La competencia desatada por diseñar el centro de congresos de Alicante complica la elección del proyecto ganador. El jurado de expertos previsto en las bases del concurso para seleccionar al gabinete de arquitectura que definirá el edificio deberá evaluar hasta 128 propuestas distintas presentadas a cierre de plazo (el pasado 19 de julio) atraídas por un encargo que reportará ingresos de cerca de 6,9 millones para el ganador en concepto de premio (108.900,00 euros del total de 266.200,00 euros para los cinco primeros) y de pago por los honorarios correspondientes a la contratación de la redacción del proyecto técnico y de la dirección de las obras. ¿Cuál es la consecuencia inevitable de esa abultada concurrencia? Que el volumen de aspirantes presentados conllevará un inevitable retraso en las fases posteriores del proceso, con las que se auguraba inicialmente que las obras del edificio pudiesen comenzar para finales de 2024.
En principio, la convocatoria preveía que el jurado emitiese su informe de valoración de las propuestas presentadas en el margen de dos meses. Esto es, entre septiembre y octubre. De hecho, la apertura de los sobres con las propuestas arquitectónicas registradas estaba prevista para el pasado martes, día 25, lo que debería dar alas al inicio de su evaluación. No obstante, las bases del concurso también contemplaban la posibilidad de que se pudiese acordar la concesión de un plazo adicional para su estudio, en el supuesto de que se presentase un elevado volumen de propuestas que requiriese de más tiempo de análisis, como ha acabado sucediendo.
De este modo, no existe un calendario aproximado para que pueda darse a conocer esa evaluación, ya que dependerá del plazo extra que el jurado considere necesario para el estudio de los proyectos registrados por esos 128 aspirantes. Lo cierto es que, por el momento, la sucesión de procesos electorales y la consiguiente renovación de la composición institucional de la Diputación y del Ayuntamiento de Alicante ha impedido que el propio jurado haya llegado a constituirse.
El nombramiento de sus componentes sí quedó aprobado en el mes de abril, cuando se validó la convocatoria del concurso de anteproyectos, con la composición paritaria anticipada por este diario, en la que se incluían seis arquitectos de reconocido prestigio.
Todo parece indicar que su constitución oficial pueda quedar desbloqueada en breve, después de que se haya acordado el reparto de competencias en la institución provincial (cuyo pleno quedó constituido el pasado viernes, día 21), y puedan cuadrarse agendas institucionales de los responsables con competencias relacionadas con el objeto del concurso (al menos, las de Arquitectura e Infraestructuras, por parte de la Diputación, y de Urbanismo y Turismo, por parte del Ayuntamiento, al margen de las áreas de Presidencia y de Alcaldía) con las de los propios integrantes del jurado.
A partir de entonces, podría iniciarse su labor de valoración de los proyectos que superen la criba administrativa ahora en curso, con la comprobación de que se acompañan de la documentación requerida. Como mínimo, a través de los medios de registro utilizados para su presentación, ya se ha podido constatar que muchas de las propuestas en liza corresponden a gabinetes de arquitectura de carácter internacional.
Entre tanto, el cambio deparado al frente de la Generalitat tras los comicios del 28 de mayo permite atisbar que pueda quedar despejada la incógnita de la participación de la administración autonómica en la ejecución del proyecto, ya que fue el actual president del Consell, Carlos Mazón, quien planteó esa posibilidad al impulsar el proyecto como titular de la Diputación.
En todo caso, fuentes de Presidencia señalan que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, aunque admiten que posiblemente será uno de los asuntos a abordar en la primera reunión de coordinación institucional a celebrar entre el mismo Mazón y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Probablemente, ese sea uno de los asuntos que pueda abordarse en la visita protocolaria que el nuevo jefe del Consell girará este lunes al Ayuntamiento de Alicante.
¿Cómo podría traducirse esa implicación de la Generalitat en el proyecto? No necesariamente debería ser en forma de financiación. Hasta ahora, se ha planteado que el coste de las obras -con un presupuesto estimado de 65 millones-, corra a cargo de la Diputación (que asumiría dos tercios del desembolso global) y del Ayuntamiento (el tercio restante). La Generalitat podría sumarse con la aportación de fondos y, así, aligerar la carga presupuestaria de las dos administraciones restantes. No obstante, también podría optar por participar en la futura gestión del edificio congresual, a través del consorcio planteado para dirigir su funcionamiento y fomentar su utilización con la captación de eventos de carácter nacional e internacional.
Al tiempo, el proyecto sigue a la espera de que queden refrendados los cambios en la regulación urbanística del Puerto que permitan el encaje del centro de congresos y del centro operativo de Suma en el emplazamiento propuesto para su construcción: las explanadas de los muelles 7 y 9.