ALICANTE. Ya es oficial. Alicante suma una nueva propuesta para la construcción del centro de congresos reivindicado por los empresarios del sector turístico desde hace más de 30 años. En esta ocasión, como ya ha informado Alicante Plaza, el planteamiento trata de situarlo en la explanada de los muelles 7 y 9 del Puerto, a instancias de la alianza conformada entre el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación. Se trata de una entente similar a la que se planteó entre el Ayuntamiento y la Generalitat en el año 2005 para situar el edificio en el barrio de Sangueta. Aunque el desenlace de aquella historia ya es conocido: la propuesta no tuvo ningún desarrollo efectivo, más allá del pago de los costes del proyecto (redactado por el arquitecto Salvador Pérez Arroyo) por una suma definitiva superior a los 2,5 millones.

Ahora, el nuevo proyecto también queda abierto a la participación del Consell, con la previsión de que pueda integrarse en el consorcio que las dos administraciones alicantinas prevén constituir para impulsar y financiar la ejecución del edificio. A priori, no parece descartado que la infraestructura turística pueda contar con fondos autonómicos. De hecho, fuentes de la Generalitat consultadas por este diario indicaron este viernes que, en realidad, la idea de situar el centro para convenciones en el recinto portuario, en un emplazamiento frente al mar, se gestó en realidad de común acuerdo entre Presidencia y la Autoridad Portuaria. 

En todo caso, la versión que mantienen fuentes municipales es que se viene trabajando en la propuesta al menos desde finales de 2020; que ya se había dado traslado de ella a la Autoridad Portuaria tiempo atrás y que, igualmente, se había compartido con la Generalitat. De un modo u otro, lo cierto es que fueron el Ayuntamiento y la Diputación quienes dieron el paso este viernes al registrar una manifestación de interés en el Puerto por la que se anuncia la solicitud del acuerdo de concesión que resulta necesario para construir el edificio. En realidad, los edificios, ya que el proyecto no solo incluye un centro de convenciones, sino también un inmueble destinado a converirse en centro de operaciones de Suma (el organismo tributario de la Diputación).

Como ha contado este diario, en esa manifestación de interés se plantea que se requeriría de un espacio de 16.000 metros cuadrados comprendido entre el muelle 9 y parte del muelle 7, en primera línea de mar. De ellos, 5.500 metros se dedicarían al centro de congresos y 2.000 más a la sede de Suma. Los 10.500 metros restantes se dedicarían a la distribución de los accesos y a zona de aparcamiento en superficie. Con esas dimensiones, se contaría con una instalación con capacidad para albergar congresos de entre 1.500 y 2.000 asistentes, en términos ajustados a la reivindicación planteada por los empresarios hoteleros: una posibilidad que ahora quedaba limitada a la disponibilidad del Adda, en virtud del uso compartido que se concertó a partir de 2017. 

En principio, se calcula que su ejecución pueda alcanzar los 50 millones, que -en teoría- quedarían sufragados por la Diputación en cerca de dos tercios, pese al riesgo de imagen política que supondría inyectar en la capital (donde ya se ha promovido el Marq y el Adda) una suma de ese calibre para una institución supuestamente centrada en prestar apoyo a los pequeños municipios y que, además, también ha comprometido fondos para un centro de congresos en Elche. 

Sea como fuere, con esa previsión, el Ayuntamiento aportaría el tercio restante (unos 17 millones) para completar el coste de las obras, salvo que se acabe integrando a la Generalitat en la operación y se acuerde una redistribución de todas las aportaciones. No obstante, a la postre, la inversión requerida dependerá del proyecto que se acabe redactando.

Pero, ¿cómo se llega a esa propuesta? El primer paso se dio a mediados de 2020, cuando se encomendó a un ingeniero adscrito a la Universidad de Alicante (UA) un estudio de alternativas sobre posibles ubicaciones para la construcción del centro de congresos que el equipo de gobierno de Alicante (PP y Cs) anunció durante la celebración del primer debate sobre el estado de la ciudad de este mandato. En principio, se había sopesado que la ubicación idónea por rapidez y localización estratégica era Benalúa Sur, en una operación que conllevaba comprar a los propietarios de las históricas harineras los derechos de su PAI con una suma de nueve millones para adquirir el suelo y, así, poder reconvertir las fábricas y su entorno en un complejo público con un centro de congresos como equipamiento principal. Pero la opción se descartó porque suponía un desembolso inmediato que no se estaba en condiciones de asumir entonces (entre otras cosas, por las dificultades de darle encaje jurídico-administrativo, no solo económico). Así, la propuesta se supeditó a las conclusiones que pudieran alcanzarse en ese estudio de localizaciones alternativas. En él se identificaron tres emplazamientos factibles: el Puerto, San Gabriel y Sangueta. De ellos, la opción del Puerto resultaba más asequible en términos de tramitación. No había que aprobar ningún plan urbanístico que conllevase años (con evaluaciones de impacto y otros informes sectoriales) para dar encaje al edificio. Y tampoco había que abordar posibles realojos o compensaciones a propietarios/residentes como sucedía en Sangueta.

En la actualidad, la explanada de los muelles 9 y 7 se encuentra prácticamente despejada, puesto que solo se suelen utilizar de manera ocasional para la descarga de mercancías paletizadas. Bastaría con trasladar las dependencias de la Guardia Civil a otro emplazamiento del Puerto y conseguir la retirada definitiva del barco-restaurante réplica del Santísima Trinidad que sigue amarrado a la espera de que pueda ser remolcado por la empresa que lo compró hace ya más de un año y medio. Eso sí, sí se debería llevar a cabo una modificación del Plan Especial del Puerto y de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). De hecho, en la manifestación de interés firmada por el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ya se solicita a la Autoridad Portuaria que inicie tales modificaciones en el menor plazo posible. En principio, su tramitación sería más breve que la de cualquier otra figura urbanística que hubiese que comenzar a tramitar desde cero.

Eso sí, para dar el paso y registrar esa solicitud, Ayuntamiento y Diputación tenían que asegurarse de que su propuesta podía tener encaje en esa ubicación. De ahí que encargasen un segundo estudio técnico a un ingeniero ligado a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) para que evaluase las dimensiones del espacio propuesto, como también ha contado este diario. Ese informe preliminar, con pago formalizado en marzo, ya estaría resuelto con resultado favorable, después de que se redistribuyese el volumen del edificio que se había barajado inicialmente. Así, ese contrato menor y el trabajo ya desarrollado servirá como base para elaborar el pliego de condiciones que permita licitar la redacción del proyecto de los dos edificios: centro de congresos y centro de operaciones de Suma.