Un pacto político dota a Alicante de centro de congresos tras pagar 720.000 euros en obras fallidas

ALICANTE. El Auditorio Provincia de Alicante (Adda) ejerce oficialmente desde este lunes como Palacio de Congresos, tras casi 20 años de proyectos fallidos y un gasto inútil de más de 720.000 euros, gracias a la firma de un convenio de colaboración -hasta hace poco casi inimaginable- entre dos administraciones con gobiernos de distinto signo político: la Diputación Provincial (la titular del edificio, gobernada por el PP) y el Ayuntamiento de Alicante (dirigido por el tripartito que componen PSOE, Guanyar y Compromís). 

Sus dos máximos responsables -César Sánchez y Gabriel Echávarri- coincidieron en resaltar la importancia del entendimiento político para cerrar un acuerdo "histórico" que permite sacar el máximo rendimiento a una infraestructura inicialmente ideada, diseñada y concebida sólo como sala de uso cultural, como ha venido sosteniendo y reivindicando el padre del proyecto arquitectónico, Juan Antonio García Solera, durante sus últimas apariciones en foros públicos.

El edificio de Campoamor, que ya ha acogido varias citas congresuales desde el pasado enero (cuando se cerró el acuerdo marco sobre su uso compartido), quedará, así, a disposición del denominado turismo de negocios en los periodos en los que no exista programación cultural con el propósito de contribuir a desestacionalizar la llegada de visitantes, como reseñaron Sánchez y Echávarri. Para 2017, según concretó el presidente de la institución provincial, ya se han concertado nueve grandes citas y se calcula que el edificio pueda acoger una media de 20 congresos al año. A partir de ahora, con el acuerdo ya suscrito, la reserva del espacio será mucho más ágil, sin necesidad de cumplimentar trámites de hasta quince días de espera. 

Por lo pronto, en el primer semestre de 2016, el denominado turismo MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) ha registrado cifras de récord en Alicante, con 19.946 visitas en 102 eventos, según fuentes municipales. Como avanzó Alicante Plaza, el cómputo global de las citas celebradas y previstas para todo 2016, junto a los ya concertados para el próximo ejercicio ofrece una cifra que supera las 35.000 visitas.

El acuerdo zanja, además, una reivindicación histórica del sector turístico a la que no se ha llegado a dar cumplimiento desde finales de los 90 pese a las múltiples promesas y proyectos que se han barajado desde entonces. El primero de ellos, con Luis Díaz Alperi (PP) como alcalde de Alicante, situaba la construcción de un centro de congresos en la ladera oeste del monte Benacantil. Su ejecución no pasó de ser una mera maqueta, ya que el TSJ aceptó los recursos presentados por los grupos de la oposición sobre la necesidad de aprobar planes de protección sobre el conjunto histórico del Castillo de Santa Bárbara y acabó dando al traste con los planes del PP en sendas resoluciones de 2005 y 2011. 

El segundo intento, también impulsado inicialmente por Alperi desde 2006 con todo el respaldo inversor de la Generalitat bajo la presidencia de Francisco Camps, aspiraba a ubicar la infraestructura en el barrio de Sangueta. Su coste llegó a cuantificarse en 40 millones de euros. Sin embargo, tampoco Sonia Castedo -la sucesora de Alperi a partir de 2008- llegó a colocar ni una primera piedra.

Proyecto 'inviable'

Con el cambio político registrado al frente del Consell y del Ayuntamiento tras las elecciones de 2015, el proyecto acabó desestimándose por falta de "viabilidad". Ahora, según fuentes consultadas por Alicante Plaza, la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) -a la que la administración Camps derivó la ejecución de la obra- trata de liquidar los últimos flecos del contrato de redacción de proyecto que sí se concertó con el prestigioso gabinete de arquitectura de Salvador Pérez Arroyo. Según un informe de fiscalización de la SPTCV al que tuvo acceso este diario, el contrato sobre el "proyecto básico y de ejecución y de dirección de las obras del centro de congresos de Alicante" se formalizó en 2006. Un año después, el 14 de febrero de 2007 se dio el visto bueno al pago por la primera fase del contrato por un importe de 724.425 euros con "la conformidad del director técnico de SPTCV así como su informe respecto del proyecto presentado". 

El informe de fiscalización especifica, sobre la segunda fase, que, a la fecha de su elaboración la "redacción y entrega del proyecto de ejecución está pendiente de la aceptación del departamento técnico de SPTCV". Además, añade que "el consejo de administración de SPTCV de 28 de marzo de 2008 aprobó una adenda al contrato inicial al fin de ajustar los honorarios al presupuesto de ejecución material del proyecto". La sociedad pública trata de desentrañar y cuadrar ahora los costes pendientes para saldar posibles pagos.