ELCHE. Prácticamente tres años después de que el entonces presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se comprometiera a las puertas de los comicios locales de 2019, ya hay ubicación para el Palacio de Congresos. Entonces iba a ser un auditorio y ahora el mencionado centro; también iba a levantarse en Jayton (Carrús), la propuesta del bipartito, pero finalmente se hará en un solar frente a la UMH y junto a la Estación de Autobuses, entre Camí de la Bassa del Moro, José Sánchez Sáez y la avenida Unesco. Y no con Sánchez, sino con Carlos Mazón, hoy presidente de la entidad provincial. Un desbloqueo que ha tenido sus toma y daca y que parece ahora solucionado. El primer paso, una expropiación forzosa de 4,4 millones de euros para adquirir el terreno.

Se trata de un solar de 5.000 metros cuadrados —el de Jayton era de 3.500—, catalogado como dotacional educativo-cultural que no necesitaría de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que tiene una edificabilidad de más de 23.000 metros cuadrados, lo que permitiría distintas opciones para un hito arquitectónico, que es lo que pretendía el alcalde Carlos González en su prospección para un centro de congresos de tamaño medio para atraer turismo Mice. Contando también con un aparcamiento en el subsuelo, que será una de tantas cuestiones que tendrá que abordar el anteproyecto de la Diputación para el que ha consignado este año 250.000 euros. Tras haber presupuestado 50.000 euros hace un año sin avance alguno.

Cómo se ha fraguado el acuerdo tras un camino tortuoso

Una solución de desbloqueo que se empezó a gestar muy discretamente —"necesitábamos trabajar fuera de los focos" que decía Mazón en la presentación— en una reunión del Consejo Social en Torrellano este verano, y en la que finalmente el primer edil y el equipo de gobierno dejaban su brazo a torcer con Carrús. Se recurrirá a una expropiación forzosa tasada en 4.460.000 euros aunque de mutuo acuerdo con los dueños del terreno: la familia Samper y la del magistrado Tomás Vives Antón. Por su parte, la Diputación modificará su presupuesto de 2022 con cargo al remanente y transferirá los fondos al Ayuntamiento para ejecutar la operación. En ese sentido, González cuenta con el visto bueno de las dos partes propietarias del suelo, ya que no pueden darle salida. De hecho, ya pidieron hace años al Consistorio la expropiación rogada.