ALICANTE. La nueva muestra de entendimiento entre el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), y el grupo municipal de Vox comenzó a quedar escenificada este miércoles con la emisión de un dictamen favorable por parte de la comisión de Hacienda a la propuesta de Plan Económico Financiero (PEF) que el Ayuntamiento debe aplicar tras haber cerrado el ejercicio presupuestario de 2024 con un incumplimiento de la regla de gasto. Los dos partidos del eje del centro-derecha sumaron sus votos para que ese plan de ajuste -en su denominación coloquial- pueda quedar aprobado en el pleno de carácter extraordinario convocado para este próximo miércoles, día 25: un día antes de que comience el permiso por acogimiento familiar solicitado por el portavoz y único edil de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé.

Los 17 votos que suman PP y Vox tras la dimisión de Toni Gallego garantizan una holgada mayoría absoluta para que el plan de ajuste supere ese último trance político ante de ser elevado, para su ratificación (o, en su caso, modificación), tanto al órgano de tutela financiera de la Generalitat, como al Ministerio de Hacienda. Nada parece indicar que Vox vaya a salirse de ese guión con un posible voto en contra junto al resto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición, después de haber alcanzado un acuerdo con el que no solo pueden anotarse ante la opinión pública el supuesto mérito político de haber forzado la salida de Gallego del ayuntamiento, a quien habían señalado como responsable del incumplimiento de la regla del gasto, y de haberles "engañado" por no haber informado con anterioridad sobre la imposibilidad de que pudiese promoverse la rebaja del IBI que los dos partidos habían incluido en el pacto de aprobación de los presupuestos de 2025.

Además de ese presunto éxito, los voxistas también han arrancado al PP un nuevo acuerdo con otras diez medidas entre las que se incluye la modificación de la normativa municipal en cuatro aspectos concretos: la revisión de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública; la modificación de la propuesta de declaración de Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) del Centro Tradicional y Casco Antiguo; la tramitación de una nueva ordenanza de agilización administrativa que reduzca burocracia; y la elaboración de un reglamento de concesión de subvenciones.

Al margen de ello, el acuerdo recoge otros compromisos vinculados con planteamientos ideológicos como la revisión y actualización de los contenidos de los planes municipales de Inclusión y de Juventud; la convocatoria de la Junta Local de Seguridad con Subdelegación del Gobierno para abordar los problemas específicos de seguridad en la ciudad de Alicante; la aprobación de una declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a la modificación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para la calificación de Alicante como ciudad castellano hablante; la mejora de los mecanismos de concesión de las ayudas municipales de emergencia y de todo tipo de subvenciones de la Concejalía de Bienestar Social; el impulso de un convenio con una entidad especializada para la gestión y ampliación de los servicios prestados por la Oficina de Atención a la Maternidad; y la elaboración de nuevos planes de divulgación del Observatorio de Medio Ambiente y del circuito cultural de los refugios antiaéreos.

Así se dio a conocer el mismo lunes, momentos después de que Gallego protagonizase una comparecencia pública para defender su gestión económica y anunciar su dimisión con el fin de no ser "un impedimento" para que pudiesen seguir ejecutándose proyectos en beneficio de la ciudad, según explicó, tras considerar que Vox había aprovechado "la ventana" que se había abierto para pedir su cabeza, primero, y plantear otra serie de exigencias que poco o nada tenían que ver con el plan de ajuste y la reducción del IBI. En todo caso, lo cierto es que no solo Vox había solicitado su dimisión o cese. También lo habían hecho PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, quienes -al igual que Vox- también le habían responsabilizado tanto de la superación del techo de gasto en 30 millones, como de promover un hipotético trato de favor hacia el Intercity -el club deportivo en el que ejercía como CEO hasta su incorporación al Ayuntamiento- en asuntos como la gestión de las obras de renovación del estadio municipal Antonio Solana, lo que procuró que el equipo disputase los últimos partidos de liga en el Rico Pérez, con la posibilidad de optar a una mayor recaudación por taquilla.

Las alternativas de la izquierda

Los tres grupos del eje progresista llegaron a plantear al PP acuerdos alternativos con el propósito de que se acabase registrando una nueva alianza con Vox, como ha acabado sucediendo. El PSOE ofreció su abstención sin exigir modificaciones en el plan de ajuste con tal de evitar la pinza del centro-derecha que procurase la introducción de nuevos postulados de Vox en la gestión municipal. Y Compromís y Esquerra Unida Podem también mostraron su disposición a desbloquear el plan de ajuste si, además de la salida de Gallego, también se acordaba introducir cambios en la fiscalidad municipal para introducir criterios de progresividad por nivel de renta y si se recortaba gasto en directores generales y en asesores, entre otras medidas. 

No obstante, el PP prefirió la vía de Vox. En primer lugar, porque todas las opciones conllevaban la exigencia de la salida de Gallego: una cesión hasta cierto punto cómoda para los populares en la medida en que permitía atajar críticas o sospechas respecto a una supuesta aproximación municipal a los intereses del Intercity, antes de que pudiesen trascender otros posibles ejemplos relacionados con mejoras pendientes en el mismo estadio municipal Antonio Solana o con otros proyectos del club. De ahí que, en parte, se dejase caer a Gallego sin plantear una resistencia numantina frente a la exigencia de su salida del equipo de gobierno. Y en segundo término, porque con los del partido de Santiago Abascal tenía la posibilidad de alcanzar un acuerdo más amplio, que no despejase el camino únicamente al plan de ajuste. De hecho, el pacto se extiende hasta la aprobación de dos próximas modificaciones de crédito sobre el presupuesto de 2025 que posibilitarán que los populares dispongan de capacidad de maniobra para impulsar su gestión y el desarrollo de las inversiones previstas en su programa electoral durante la segunda mitad del mandato.

En esos dos ajustes contables se incluye la provisión de 1,5 millones para acometer un modificado del proyecto de rehabilitación de la Casa de Misericordia, en Las Cigarreras; otros 950.000 euros para ajustar el proyecto de regeneración de La Almadraba; 725.000 euros para mejoras en áreas industriales; la dotación de fondos para impulsar la reforma de la comisaría de Policía Local de Juan XXIII, o para promover un próximo refuerzo del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Se trata -según apuntan fuentes consultadas- de un acuerdo que difícilmente podría haberse alcanzado con el resto de grupos de la oposición. Y que, previsiblemente, tampoco podrían haberse intentado con Vox con posterioridad en el supuesto de que el PP hubiese sacado adelante el plan de ajuste con PSOE, Compromís o Esquerra Unida Podem. Así que el equipo de gobierno se decantó por la alternativa de quienes han sido sus socios preferentes desde 2023, ya que, según sus cálculos, volvía a procurarle una mayor estabilidad para afrontar los dos años pendientes hasta las próximas elecciones municipales, a pesar de que esa tranquilidad también conlleve asumir ciertas cesiones, transmitir cierta imagen de debilidad política y alimentar la visibilidad de Vox: a priori, el partido con el que disputaría el grueso de su electorado.