ALICANTE. El acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), y Vox para posibilitar que el Ayuntamiento se dote del Plan Económico Financiero (PEF) al que queda obligado tras el incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio de 2024 surte efecto. Los dos grupos políticos del eje del centro-derecha han sumado sus votos este miércoles en el transcurso de la comisión de Hacienda con lo que se ha emitido un dictamen favorable a la propuesta de plan de ajuste -la denominación coloquial con la que se conoce el PEF- después de que en esa planificación se haya incluido una enmienda a debatir en el pleno por la que se introducirá la posibilidad de aplicar las rebajas del IBI preconcertadas con Vox en el acuerdo de presupuestos de 2025. En ese acuerdo, rubricado en diciembre, se recogía el compromiso de reducir el tipo impositivo entre 2026 y 2028 para que se produjese una disminución de la recaudación total de 3,3 millones: una posibilidad que no se contemplaba en la primera versión del plan de ajuste aprobada en Junta de Gobierno hace más de dos semanas, en la que se descartaba la aplicación de nuevas rebajas fiscales.

Ahora, la propuesta enmendada de plan de ajuste que sí da cabida a esas reducciones ha superado, así, el primer filtro político a la espera de que pueda quedar refrendado en un pleno extraordinario que se ha convocado para el próximo miércoles 25 de junio: en la mañana siguiente a la nit de la cremà que pone fin a les Fogueres. Se trata de un día antes de que se desarrolle el pleno ordinario de junio: la fecha en la que se estimaba hasta ahora que el plan de ajuste pudiese someterse a votación. Ese giro de guión supone, además, que los grupos políticos dispongan de plazo hasta este próximo viernes, día 20, para presentar posibles enmiendas al planteamiento promovido por el PP, con aval de Vox. Hasta el momento, no ha trascendido si alguno de los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición llegará a presentar propuestas de modificación, después de que, este miércoles, hayan sumado sus once votos en contra.

El entendimiento entre PP y Vox se materializa, así, después de que ambos partidos cerrasen este lunes un acuerdo por el que se producía la salida del ya exconcejal de Hacienda, Toni Gallego -a quien los voxistas responsabilizaban del incumplimiento de la regla de gasto, y de haber ocultado la imposibilidad de ejecutar la rebaja del IBI, entre otros puntos- y en el que se incluía el impulso de un decálogo de medidas, entre las que figura la revisión de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública, aprobada en noviembre, y de las Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) propuestas por el equipo de gobierno para el Centro Tradicional y Casco Antiguo, todavía pendientes de entrar en vigor con plena eficacia (solo se está aplicando la suspensión de nuevos permisos de apertura y de instalación de veladores) hasta que se dirima la resolución de alegaciones presentadas.

Ese pacto entre los dos partidos se alcanzó cuando el departamento de Hacienda, con Gallego todavía al frente, ya hubiese contemplado el registro de una enmienda en el plan de ajuste en la que se daba cabida a la rebaja del IBI, aunque Vox desconfió de ese compromiso y siguió exigiendo su dimisión o cese hasta que el mismo Gallego presentó su dimisión con el fin de no ser un "impedimento". El alcalde, Luis Barcala, aceptó esa renuncia y le dejó caer sin que ningún representante del equipo de gobierno reconociese en público su gestión en el ayuntamiento hasta este martes, cuando los dos coportavoces del ejecutivo local, Manuel Villar y Cristina Cutanda, manifestaron su gratitud por la labor desempeñada por Gallego y apuntaron a los resultados de su trabajo (sin enumerarlos de forma explícita, eso sí).

En cualquier caso, lo cierto es que el acuerdo entre PP y Vox que se ha confirmado este miércoles ya ha suscitado rechazo tanto por parte de los empresarios del sector del ocio, agrupados en la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa), como por parte de las asociaciones de residentes del Centro Tradicional y del Casco Antiguo. Los primeros, porque consideran que la única medida a adoptar respecto a la ZAS es revocar su aplicación, al considerar que carece de justificación y que, con su aprobación, se incurriría en causa de nulidad. Y los segundos, porque estiman que debe mantenerse las medidas de control al ruido recogidas en ambas regulaciones para favorecer el descanso de los residentes, como ya ha informado este diario.

Valoraciones políticas

Entre tanto, los grupos políticos del eje progresista ya han ofrecido sus primeras valoraciones respecto al dictamen de la comisión de Hacienda. Así, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha considerado que "lo que ha pasado durante los últimos seis meses en el Ayuntamiento de alicante no tiene calificativo alguno, por lo peligroso que va a ser para los intereses de la ciudadanía alicantina; una estafa perpetrada por PP y Vox, quienes gobiernan juntos aunque ellos lo nieguen".

En esta línea, ha añadido que "la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, se sentó en diciembre con el alcalde para anunciar el acuerdo de presupuesto municipal para 2025, uno de los más sociales y que más inversiones en barrios iba a tener, decían... al tiempo éramos conscientes que el presupuesto para 2025 era una estafa para alicantinas y alicantinos, hasta el punto que no se cumplía con el techo de gasto establecido, desviándose en casi 30 millones de euros. Ahora toca ajustar y evitar la intervención del Gobierno Central", ha sostenido. "Llegados a este punto ¿qué hace Vox? Se hacen los ofendidos, se sienten engañados cuando ellos son corresponsables de esta chapuza financiera firmada en diciembre por Barcala y Robledillo. Y lo peor: en vez de buscar soluciones, Vox pone sobre la mesa una serie de propuestas políticas fascistas, ideológicas, que Barcala acepta porque gobiernan juntos: persecución del valenciano, persecución contra las políticas contra la violencia machista, persecución del día del Orgullo, persecución de las políticas feministas, empobrecimiento de los servicios públicos, aumentar la zona azul, hincharnos a impuestos, aceptar cargos directivos con sueldos de ministros, hincharnos a tasa de basura...", ha enumerdo. "Esto es lo que plantea Vox al PP a cambio del plan de ajuste y lo acepta. Compromís no parará de denunciar ante la ciudadanía que nos gobiernan un grupo de estafadores, que nos aumentan tasas e impuestos pero empeorando nuestra calidad de vida", ha concluido.

Por su parte, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha denunciado también este miércoles que "el PEF del gobierno municipal “no soluciona nada” y propone medidas concretas para recuperar el equilibrio sin cargar el ajuste sobre la mayoría social". En este sentido, la confluencia ha defendido una propuesta alternativa a la del equipo de gobierno, que ha calificado como "vacía, conformista y sin voluntad de corregir las causas del desequilibrio presupuestario". "Nuestra propuesta demuestra que es posible sanear las cuentas sin recortar servicios públicos ni derechos. Hay que cambiar las prioridades: eliminar el despilfarro, perseguir el fraude fiscal y revertir los privilegios de unos pocos", ha señalado el portavoz del grupo, Manolo Copé.

Fuentes de EU Podem han señalado que su alternativa contempla una "auditoría y renegociación de los grandes contratos externalizados, la reducción de cargos de confianza y gastos de propaganda institucional, el recargo del IBI a viviendas vacías de grandes tenedores, la revisión de bonificaciones fiscales regresivas y el impulso de presupuestos participativos y una oficina independiente de evaluación económica", entre otros puntos. En esta línea, la confluencia ha anticipado su voto "en contra del PEF del PP y Vox el próximo día 25" y ha solicitado que su alternativa "sea debatida y tenida en cuenta". "No se trata solo de cuadrar cifras, sino de reordenar prioridades, acabar con los privilegios y fortalecer la justicia fiscal. ¿Por qué el PP no toca los grandes contratos, ni el despilfarro en cargos de confianza, ni los beneficios a grandes propietarios? Porque no quieren molestar a sus amigos", ha concluido Copé.