ALICANTE. Dimisión y pacto. Esa ha sido, finalmente, la sucesión de acontecimientos que se ha acabado precipitando este lunes en el Ayuntamiento de Alicante como desenlace de la controversia suscitada en torno a la superación de la regla de gasto y la consiguiente tramitación de un Plan Económica Fiscal (PEF) en lo que constituye la mayor cesión concedida hasta ahora por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ante las pretensiones de Vox: el partido al que ha venido recurriendo como aliado habitual desde el principio de este mandato (y, también, durante el precedente, cuando los populares lideraban un bipartito junto a Ciudadanos).

La cronología de los hechos, que ha arrancado con la escenificación de la dimisión del hasta ahora concejal de Hacienda y Deportes, Toni Gallego, y con la confirmación posterior de un acuerdo que permitirá que ese PEF (lo que coloquialmente se conoce como un plan de ajuste) prospere en el próximo pleno de junio, deja al PP en una situación de aparente debilidad política -derivada de su situación de mayoría minoritaria en el pleno- en la que se ha tenido que dejar caer a quien se había presentado como uno de los principales fichajes de la lista con la que el partido concurrió en las elecciones municipales de 2023. De hecho, su incorporación a la candidatura se presentó casi como una apuesta personal del entonces alcalde en funciones y aspirante a la reelección, Luis Barcala, como gesto de apertura del partido a la suma de candidatos independientes con capacidad para aportar su experiencia en el sector privado. En el caso de Gallego -que entró en el cuarto puesto de la papeleta electoral del PP-, se resaltó su vinculación a la actividad económica y deportiva por haber ejercido como presidente de la Fundación Lucentum y CEO del CF Intercity.

Dos años después, su salida del equipo de gobierno se produce por decisión personal, según ha asegurado el mismo Gallego, con el propósito de no ser "un impedimento" que obstaculizase la continuidad de la gestión municipal, sin que nadie entre las filas del PP haya defendido su gestión, ni en términos generales en sus dos años al frente de las concejalías de Hacienda y Deportes; ni de forma particular, sobre la tramitación de los presupuestos de 2024, sobre la propuesta de plan de ajuste, ni sobre el mecanismo con el que se preveía resolver las discrepancias desencadenadas con Vox. Los coportavoces del equipo de gobierno, Cristina Cutanda y Manuel Villar, el pasado martes, no mostraron ninguna muestra de respaldo explícito y ni tan siquiera llegaron a referirse sobre su continuidad frente a las exigencias de dimisión o cese que, finalmente, también acabaron reclamando PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Y el alcalde tampoco lo hizo el pasado viernes.

Lo cierto es que los populares sí intentaron reconducir las relaciones con Vox para reconstituir un pacto que no conllevase la marcha de Gallego durante la semana pasada, pero se toparon con la intransigencia de los voxistas, que fijaron en la salida del ya exconcejal como línea roja, al atribuirle la responsabilidad de la superación de la regla de gasto, de no haberles informado de esa circunstancia cuando se estaba negociando el presupuesto de 2025, y de no haberles planteado que el plan de ajuste que se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno hace dos semanas iba a conllevar que no pudiese aplicarse la reducción del IBI que se pactó en ese acuerdo presupuestario. Además, Vox -y, de algún modo, también el resto de grupos opositores- también le habían responsabilizado de promover cierto acercamiento al Intercity al plantear, inicialmente, la imposibilidad de que el estadio municipal Antonio Solana pudiese acoger la disputa de sus últimos partidos de liga con el fin de que se trasladasen al Rico Pérez con mayor aforo y perspectivas de mejor recaudación.

A la vista del plante de Vox respecto a Gallego, el PP tampoco se ha enrocado en la defensa de su autoenmienda -que no fue posible que el mismo Gallego defendiese ante los ediles del partido de Santiago Abascal- con la que sí se daría satisfacción a la rebaja del IBI incluida en el pacto presupuestario de 2025, ni se ha buscado otras vías alternativas que permitiesen ganar tiempo para procurar otra salida que no conllevase su renuncia ineludible al acta de concejal. De hecho, las conversaciones entre representantes del PP y de Vox continuaron durante el último tramo de la semana pasada y se han extendido hasta la mañana de este lunes, cuando ha acabado fructificando el acuerdo, después de que el mismo Gallego pudiese anunciar su dimisión y ofrecer las explicaciones sobre su gestión que hasta el momento tampoco había tenido la oportunidad de trasladar ante la opinión pública.

Ese acuerdo definitivo, que quedará refrendado en el pleno ordinario de junio, el próximo día 26, comprende la presentación de una enmienda al plan de ajuste aprobado en Junta de Gobierno por la que se introduce la disminución del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) prevista para el ejercicio de 2026, cuyo importe resultante se compensará con reducciones en el gasto previsto en idéntica cuantía de 1,1 millones de euros, según han precisado fuentes municipales, a través de un comunicado inmediatamente posterior a la comparecencia de Gallego.

"Es un acuerdo que aporta seguridad y estabilidad a las cuentas del Ayuntamiento y que garantiza la continuidad de importantes proyectos para la transformación urbana de la ciudad", destacan fuentes del ejecutivo municipal en ese mismo comunicado. "Como siempre, trabajamos para defender los intereses generales de los alicantinos y agradecemos la buena predisposición de Vox para sacar adelante este Plan Económico Financiero", añade la nota pública al confirmar el nuevo entendimiento entre los dos partidos, que llega en plena antesala de las fiestas de Fogueres y en medio del huracán generado por el caso Koldo y el informe de la UCO sobre la presunta implicación del exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, en las negociación de supuestas mordidas en la adjudicación de contratos del Ministerio de Transportes durante la etapa en la que la cartera quedaba a cargo del exministro José Luis Ábalos.

Decálogo de compromisos conjuntos

Además, al margen de la marcha de Gallego, ese acuerdo entre PP y Vox sobre el plan de ajuste, confirmado este lunes incluye un decálogo de compromisos compartidos entre la veintena de exigencias que había llegado a formular Vox el pasado lunes. Así, en primer término, se incluye la "modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública en los términos acordados inicialmente" entre las dos formaciones -con la modificación de la nomenclatura de los llamados puntos violeta para pasar a atender todo tipo de delitos, no solo las agresiones sexuales- "garantizando el mantenimiento de los compromisos adquiridos con otros grupos políticos". En principio, se colige que esa afirmación haría alusión al acuerdo establecido con Compromís respecto a la validación de esa norma en lo que concierne a horarios de funcionamiento de los veladores.

En segundo lugar, se incluye la "revisión del proyecto de las zonas acústicamente saturadas (ZAS)" aprobadas por el PP en Junta de Gobierno para dos ámbitos concretos del Centro Tradicional y el Casco Antiguo (que todavía no han entrado en vigor, al quedar pendientes de la resolución de alegaciones) "para su aplicación progresiva y reforzando previamente las medidas de control policial y revisando el porcentaje de reducción de la superficie de ocupación de la vía pública", según apunta la nota pública. En tercer lugar, se incluye el impulso de un "convenio con una entidad especializada para la gestión y ampliación de los servicios prestados por la Oficina de Atención a la Maternidad" pactada por PP y Vox en el acuerdo de presupuestos de 2024. En cuarto lugar, figura la "revisión y actualización de los contenidos de los planes municipales de Inclusión y de Juventud". En quinta posición, se incluye la "convocatoria de la Junta Local de Seguridad con Subdelegación del Gobierno, con acuerdo previo PP-Vox, para la abordar los problemas específicos de seguridad en la ciudad de Alicante".

Como sexto compromiso, figura el de "elaborar y aprobar el Reglamento de Subvenciones, tal y como requiere el Interventor, por el que se establezcan los criterios para optar y conceder las subvenciones municipales, en base a los principios de transparencia, eficiencia y control de dichos fondos públicos. En tanto entra en vigor dicho Reglamento, ambas formaciones compartirán la información relativa a las subvenciones que se tramiten y concedan". En séptimo lugar, los dos partidos asumen la "elaboración y aprobación de una ordenanza, diseñada por PP y Vox, para la agilización administrativa de las relaciones de ciudadanos y empresas con el Ayuntamiento de Alicante", como ya había trascendido hasta ahora.

De igual modo, el acuerdo abarca el impulso y "aprobación de una declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a la modificación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para la calificación de Alicante como ciudad castellano hablante": uno de los caballos de batalla que Vox no había conseguido que se haya aprobado desde su entrada al ayuntamiento, en 2019. Como punto noveno, se incluye la "mejora de los mecanismos de concesión de las ayudas municipales de emergencia y de todo tipo de subvenciones de la Concejalía de Bienestar Social, mejorando los recursos humanos y materiales, con el objetivo de que dichas ayudas atiendan de la forma más efectiva y rápida a las personas con el necesario arraigo en la ciudad de Alicante, implementando los mecanismos de control, seguimiento y efectividad en el tiempo de dichas ayudas". Y en décimo lugar, se incluye la "elaboración de nuevos planes de divulgación del Observatorio de Medio Ambiente y del circuito cultural de los refugios antiaéreos de la ciudad de Alicante".

Con ello, lo cierto es que Vox tampoco vería satisfechas el 100% de sus pretensiones -aunque sí algunas de las más relevantes, como la marcha de Gallego y las revisiones de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública y de las ZAS-, puesto que no se incluiría -al menos por ahora- ni la eliminación de los patronatos de Vivienda y Educación Infantil ni las medidas relacionadas con la migración, la igualdad o la defensa de los derechos LGTBI que sí figuraban en su relación de exigencias.

Segundo expediente de modificación de créditos

De igual modo, el acuerdo alcanzado entre PP y Vox incluye el impulso y aprobación de un segundo expediente de modificación de crédito sobre el presupuesto de 2025 para la incorporación de las siguientes inversiones para la ejecución de "importantes" proyectos para la ciudad: la construcción del aparcamiento rotativo de Babel (129.917 euros), a propuesta de Vox (que seguía pendiente de ejecución desde el pacto presupuestario de 2024); un modificado de las obras de rehabilitación de la Casa de la Misericordia (1.578.196 €); la dotación de 10.000 € para el Servicio de Gestión Patrimonial y el almacenaje de material museístico relacionado con la tradición taurina de Alicante; así como un suplemento de 82.000 € para subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones del Plan Zona Norte.

Además, según la nota pública, esa modificación presupuestaria también incorpora la dotación de 994.374 € a favor de la mercantil Gestión Ambiental Urbana (Geamur) en aplicación de la sentencia relacionada con el mantenimiento de parques y jardines del contrato precedente; además de la amortización anticipada de los préstamos anteriores al ejercicio de 2024 por importe de 24.886.997 € y la dotación en este expediente de operaciones pendientes de aplicación al presupuesto por un total de 4.879.571 € a financiar mediante remanentes de tesorería para gastos generales.

Junto a estos expedientes ya en trámite para su aprobación, ambos grupos también trabajan en otras líneas que se incluirán en una modificación de crédito prevista en julio, entre las que figuran inversiones nuevas y de reposición en áreas industriales por 425.593 € y 300.000 €, respectivamente; reparación de muros del trazado del Tram por 365.084 €; modificado del proyecto de La Almadraba por 950.000 € y actuaciones en la calle del Sol Naciente en La Albufereta actualmente en fase de proyecto.

Por iniciativa de Vox también se incluyen el proyecto de una comisaría en el barrio de Juan XXIII, la instalación de sombrajes en calles de elevada afluencia de personas (dos proyectos ya incorporados en los acuerdos presupuestarios previos), un suplemento de 500.000 euros para la carrera profesional en la cantidad prevista en 2025 (un millón) y la ampliación del contrato de limpieza y recogida de residuos, tanto en horarios como en zonas urbanas, según concluye el mismo comunicado.